En los últimos días se han manifestado muchas y muy diversas voces (incluyendo las de los representantes de los tres más importantes partidos políticos) llamando al levantamiento de la huelga. El argumento central es la aprobación del nuevo Reglamento General de Pagos (RGP, 7 de junio) que convirtió las cuotas semestrales en aportaciones voluntarias. Sin embargo, más allá de los pronunciamientos en torno a la huelga, no se ha realizado públicamente un análisis de contenido de ese reglamento que permita a los universitarios, a la sociedad mexicana, y a las 700 mil personas que se manifestaron por la gratuidad de la educación en la Consulta Metropolitana, evaluar su pertinencia.

La gratuidad de la educación, que en realidad no es otra cosa que el compromiso colectivo (ya sea mediante impuestos o mediante aportaciones de trabajo subremunerado) de reproducir y elevar el nivel de conocimientos y cultura del país, no puede ser alterada por uno solo de los grupos sociales que conforman la nación. Requiere una amplia convergencia que tendría que ser sancionada, en todo caso, por el Congreso de la Unión y mientras tanto, en apego a la constitucionalidad, los reglamentos de pagos de la UNAM deberían ser, en su totalidad, abrogados.

Pero dejando de lado por un momento este problema y volviendo al ámbito universitario del debate, para aquellos que no estuvimos en la sesión correspondiente del Consejo Universitario y que nos habíamos pronunciado desde antes del estallamiento de la huelga por la derogación del RGP aprobado el 15 de marzo, la redacción final del nuevo RGP (La Jornada, 10/VI/99), así como los procedimientos de esta nueva decisión, suscitan algunas dudas que sería muy sano poner a discusión.

1. Si las autoridades de la UNAM pretendían atender el clamor de la comunidad universitaria en torno a la derogación del reglamento del 15 de marzo, no hacía falta proponer un sustituto sino, simplemente, abrogarlo. Cualquier nuevo Reglamento General de Pagos lleva, ineludiblemente, a reeditar la misma discusión en torno a la gratuidad y a convertir el conflicto en círculo vicioso.

2. Si no era tan clara la disposición a abrogar el reglamento, pero si se querían eliminar obstáculos para el levantamiento de la huelga, las autoridades podían haber propuesto un esquema de diálogo confiable que permitiera reabrir la UNAM en buenos términos y garantizar un espacio de resolución de los problemas planteados por los estudiantes agrupados en el Consejo General de Huelga y por una buena parte del sector académico. En estas condiciones se hubiera podido hacer un amplio debate sobre el punto que seguramente habría enriquecido la discusión sobre el financiamiento de la UNAM y hubiera permitido llegar a una decisión consensada, aunque no necesariamente a una de las dos ya consideradas.

3. La aprobación del Reglamento General de Pagos del 15 de marzo no sólo puso en cuestión el carácter público de la universidad y de la educación superior en el país, sino también la insuficiente expresión de la comunidad universitaria en sus órganos de decisión. Ni los académicos ni, menos aún, los estudiantes, han sido suficientemente informados y consultados sobre los cambios en las diversas políticas de investigación, de formación, de control docente, de organización académica y de contenidos y objetivos en los planes de estudio. Cuando la virtud de la UNAM estriba, justamente, en ser el cuerpo pensante más sólido y articulado del país, se desperdician sus capacidades, renunciando al ejercicio colectivo de generar una transformación académica razonada colectivamente. El conocimiento es tan vasto y es objeto de tantas determinaciones y variantes que ya no puede ser aprovechado ni desarrollado individualmente; requiere el concurso concertado del pensamiento diverso, interdisciplinario e intercultural. En el Consejo Universitario sólo confluye el 0.03 por ciento de los miembros de la comunidad.

4. La huelga fue una medida extrema de quienes no encontraron otro camino para hacerse escuchar. Su principal reclamo fue la participación en las decisiones sustanciales de la UNAM, a la cual pertenecen. La nueva decisión del Consejo Universitario reproduce, en la forma, los métodos que dieron lugar a la protesta y en el contenido vuelve a pronunciarse por eliminar la gratuidad de la educación superior, aunque dentro de un esquema sin definición precisa. Los estudiantes, por lo pronto, ya no tendrán que pagar cuotas semestrales mas que voluntariamente, pero quedan al arbitrio del secretario general, del Patronato Universitario, de la Comisión de Presupuesto y de los consejos técnicos. que son quienes decidirán, en su momento, cuántos y cuáles servicios educativos serán objeto de cobro así como los montos correspondientes.

Hablando como el abogado del diablo, habría que preguntar: ¿para quién es solución el cambio de cuotas fijas por indefinidas?, ¿no es contradictorio con la exigencia de una mayor participación en las decisiones el cambio de autoridades para definir el objeto y monto de los pagos sustituyendo al Consejo Universitario (órgano colegiado constituido parcialmente por elección directa) por el Patronato Universitario? ¿De verdad, la decisión del Consejo Universitario del 7 de junio ofrece elementos para levantar la huelga?

Todos queremos que la huelga termine, pero con una universidad mejor.