La Jornada lunes 14 de junio de 1999
PEÑOLES:
NEGLIGENCIA CRIMINAL
Desde mediados de la
década pasada, las autoridades sanitarias tuvieron conocimiento
de los daños provocados a la población de las colonias
aledañas al complejo metalúrgico Met Mex Peñoles,
en Torreón, Coahuila, por las emisiones no controladas de plomo
y cadmio de las chimeneas de esa industria, las cuales produjeron
altas concentraciones de plomo en la sangre de la población
infantil. Sin embargo, no fue sino hasta febrero del presente
año cuando, ante la alarmante cantidad de niños
afectados ųentre 15 mil y 40 milų y la enérgica
protesta de los padres de familia que demandaban la clausura de la
empresa, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca (Semarnap) intervino y realizó una investigación
para determinar la dimensión del daño.
Hubo que esperar a
mayo pasado para que la Procuraduría Federal para la
Protección del Medio Ambiente (Profepa) impusiera a Met Mex la
reducción de su producción a cincuenta por ciento de su
capacidad y para que, ante las presiones de la población, la
empresa aceptara poner en marcha un programa de atención
sanitaria, el cual consiste en el aspirado de calles y casas de las
once colonias circundantes, el establecimiento de un centro de
atención médica, la creación de un fondo por 60
millones de pesos para reparar el daño a la salud de los
menores, y la creación de un cinturón
ecológico.
El titular de la
Profepa, Antonio Azuela de la Cueva, dijo ayer que, antes que
determinar la clausura del complejo metalúrgico ųmedida de
seguridad prevista en la ley ambientalų, éste
deberá "atender el problema" de manera urgente para aliviar la
situación de la población afectada. El funcionario
reconoció, por otra parte, que no existen normas
específicas sobre la emisión de "polvos fugitivos",
principal factor de contaminación en la sangre por
plomo.
Sin duda, la
atención a los niños afectados ųtambién las
mujeres embarazadas se encuentran entre la población más
vulnerable a este tipo de contaminaciónų, que es el
principal reclamo de la sociedad, ha de ser inmediata y debe ser
sufragada por la empresa, bajo la dirección de la
Secretaría de Salud. Pero las obligaciones recientemente
impuestas a la compañía no explican ni justifican la
negligencia que ha caracterizado la actitud de las autoridades y de la
propia metalúrgica.
Es inaceptable, por
otra parte, que ante la evidencia del daño, médicos de
las instituciones de salud estatales se empeñen en minimizar
las dimensiones del problema de la presencia de plomo en la sangre de
los menores, cuando se sabe que muchas de las afectaciones son
irreversibles y ponen en riesgo el desarrollo normal de los
niños e, incluso, su vida.
Más
allá de las acciones inmediatas, las autoridades estatales y
federales tienen ante sí la obligación de investigar la
indolencia oficial y empresarial que hizo posible el crecimiento del
problema hasta sus dimensiones actuales, ofrecer a la sociedad una
explicación satisfactoria al respecto y establecer las
responsabilidades políticas, administrativas y penales a que
haya lugar. Asimismo, debe explicarse por qué el cumplimiento
de muchas de las normas ambientales vigentes se considera
"voluntario", y por qué no se ha establecido, hasta el
día de hoy, una normatividad sobre la emisión de "polvos
fugitivos".
Finalmente, cabe
señalar que esta historia de descuido, indolencia e ineptitud
no es única en el país. Por el contrario, parece
caracterizar el desempeño general de las instancias
gubernamentales ante los destrozos ambientales causados por industrias
de alto riesgo. En muchos casos similares, en distintas regiones del
país, con grados dispares de éxito, y para
vergüenza gubernamental, la sociedad ha tenido que defenderse
sola.