CASO STANLEY: ƑRESISTENCIAS A ESCLARECER?

En los días siguientes al condenable asesinato del conductor de televisión Francisco Stanley, la sociedad ha tenido tiempo para ponderar el grado de deshonestidad de la tergiversación televisiva que se abatió sobre las audiencias a partir del 7 de junio. El propio presidente Ernesto Zedillo la condenó ayer, sin dejar margen a la ambigüedad, al descalificar a quienes lamentan, ''en ocasiones, histéricamente, el crimen'', y al mismo tiempo exaltan ''con particular fuerza los hechos criminales''.

En forma menos directa, el mandatario se refirió a la responsabilidad que atañe a los medios de comunicación en la promoción de una cultura de respeto a la legalidad. Cabe preguntarse, al respecto, si esa responsabilidad se cumple al poner en cuestión ųcomo lo hizo al aire, el día del crimen, el propietario de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliegoų el propósito de pagar impuestos, de realizar elecciones y de contar con división de poderes y con un gobierno.

Más allá del señalamiento presidencial, ha de notarse que conforme avanzan las pesquisas en torno al homicidio mencionado, se incrementan las sospechas de la existencia de intereses por encubrir aspectos o antecedentes del crimen ante las autoridades que lo investigan. A una semana del asesinato, resulta obligado preguntarse si la desmesura y la inmoralidad con que reaccionaron las corporaciones televisivas obedecía únicamente al propósito de atacar al gobierno capitalino, presidido por Cuauhtémoc Cárdenas, o si, adicionalmente, respondía al objetivo de ejercer presión mediática sobre las autoridades judiciales capitalinas y disuadirlas de dar seguimiento a ciertas líneas de la investigación, anteponiéndoles la figura ųque esas mismas empresas crearon sobre el cadáver de Paco Stanley, en horas de obsesiva transmisiónų de un mártir impoluto y amado por todo el país.

Por otra parte, es legítimo poner en tela de juicio el conjunto de evasivas y explicaciones contradictorias e inconvincentes emitidas por diversos funcionarios, ex funcionarios e instancias de la Secretaría de Gobernación sobre las razones de la dependencia para acreditar al locutor asesinado como servidor público federal, con autorización para portar armas de fuego.

Con esos antecedentes, la resistencia de Tv Azteca a colaborar con la procuraduría capitalina y su desacato a las peticiones de información de parte de esa institución, obligan a preguntarse si la exigencia de justicia y esclarecimiento de la televisora del Ajusco es sincera, o si se trata de un mero discurso de distracción orientado a sus audiencias y a las autoridades.