El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa),
según fue propuesto, tiene un enfoque de género, bajo el
cual las becas para niñas son más altas (entre diez y 35
pesos más, según el grado escolar) que para los niños
que cursan la educación primaria. Un niño por familia recibe
200 pesos entre primer y segundo año. Si es niña, recibe
210 pesos y aumenta proporcionalmente en los siguientes grados. Esto es
con el fin de que los padres de familia manden a la escuela a las niñas,
que siempre fueron relegadas respecto a sus hermanos varones.
Además de la beca, que se paga con atraso de medio año, las familias beneficiarias reciben una despensa y son tomadas en cuenta con mayor prioridad para recibir atención médica.
Durante el segundo semestre del año pasado, la fundación Rigoberta Menchú realizó diversos encuentros sobre solución de conflictos en comunidades nahuas de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero y Milpa Alta, y mayas de Quintana Roo. La gente habló de sus problemas y señaló, entre los principales, la forma en que se manejan los programas gubernamentales, especialmente el Progresa. En todos los encuentros el Progresa fue calificado de instrumento electoral, manipulado desde las cabeceras municipales para producir votos a cambio de despensas. Lo que más duele a la gente es que el programa causa división en las comunidades, ya que no incluye a todas las familias, sino sólo "a las más pobres". Se quejan también de la elección de las familias beneficiarias, sobre todo de que después las sustituyan. ¿Cómo es posible, dicen, que se elija a unas familias más pobres que otras, en lugares donde todas comparten condiciones de vida semejantes? En muchos casos, se dijo, la elección fue aparentemente imparcial, pero luego las autoridades municipales y algunos líderes comunitarios hicieron la sustitución conforme a la militancia o simpatía partidista de los elegidos.
Se dijo que las personas que no son incluidas en el programa reciben atención médica en segundo lugar y que muchas mujeres son presionadas para someterse al control natal, que va desde la colocación del dispositivo intrauterino, hasta la cirugía esterilizante. Se señala que las esterilizaciones se realizan en los hospitales de gobierno, sea en Cuetzalan o en Oxkukab. Según los testimonios existe una política de "salud" que tiene como meta reducir los nacimientos, sin muchos escrúpulos.
La gente se queja también de que los médicos de los centros de salud invierten gran parte de su tiempo en rendir informes sobre la atención que dan a las personas y familias inscritas en el Progresa, lo que les resta tiempo para atender a los enfermos.
Además de que se imputa a los operadores del Progresa distintas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, se critica el programa porque, si dice ser el principal instrumento del gobierno federal contra la pobreza extrema, no se ve cómo este programa pueda ayudar a mejorar siquiera un poco las condiciones de vida de millones de mexicanos que no tienen vivienda adecuada ni empleo. No mejora en nada a los pobres un programa que está mal diseñado, que es perversamente manejado y que, para colmo, entrega los escasos recursos a los pobres con medio año de retraso.
Los programas contra la pobreza debían incluir la creación de empleos permanentes que permitan solvencia a la gente, que generen autoestima y dignidad y no conviertan a los pobres del campo (el Progresa sólo opera en comunidades rurales) en dependientes de recibir migajas dadas de mala gana y con tanto retraso.
El mayor daño del Progresa es destruir la capacidad de exigencia de los beneficiarios. El derecho a la salud, derivado del derecho a la vida, deja de verse como tal, para verse como un privilegio recibido por obedecer las políticas de salud de un gobierno para el cual los pobres no merecen repeto.
Se ha podido constatar que no se da el servicio de salud a todos, y mucho menos hay acceso al llamado tercer nivel de salud. El Instituto Nacional Indigenista canaliza pacientes adultos y menores a la ciudad de México sólo cuando requieren servicios hospitalarios (el tercer nivel) y reciben apoyo en un albergue de esta institución en la colonia Roma, si son adultos, o en la Casa de los Mil Colores, si son menores de 18 años. En estos albergues los pacientes gozan de hospedaje y alimentación, transporte diario o dinero para los microbuses que los llevan a sus respectivos hospitales. También les pagan los pasajes desde su lugar de origen hasta la ciudad de México de regreso.
La atención médica en los hospitales públicos es gestionada por el servicio de trabajo social, que consigue a los enfermos indígenas excención total o un mínimo pago de los servicios médicos, pero la atención se otorga más como un favor gestionado por empleados conscientes que como una obligación de Estado. Lo justo sería que los servicios médicos fueran accesibles para todos los campesinos pobres, que para curarse cuenten con transporte, alimentación y hospedaje. No todos los pacientes pueden venir a curarse a la ciudad de México; la mayoría de ellos son atendidos en las unidades médicas rurales y en los hospitales de campo del imss, donde, si bien es cierto que el costo de la atención médica depende de su condición económica, siempre se necesita algo de dinero.
Los millones de pobres del campo que están enfermos, no tienen
dinero para pagar sus pasajes desde su comunidad hasta los hospitales,
ni los medicamentos y alimentos de ellos y de sus acompañantes.
Están condenados a morir sin esperanza, como Nieves Marcelino, joven
tuberculosa de Atempa, Ilamatlán, Veracruz, de 17 años y
36 kilogramos de peso. Ella iba a consulta a la umr de Pino Suárez,
donde le daban periódicamente su dosis de Salbutamol, útil
para el asma, no para la tuberculosis. No podía comer bien, ya no
tenía fuerzas para trabajar, ni siquiera podía ponerse de
pie, así que luego de estar en la clínica rural, donde no
había medicamentos adecuados, el médico le recomendó
ir a un hospital de campo, para internarse. Pudo ir ahí porque su
hermano la ayudó. Luego de tres meses, Nieves recuperó la
energía suficiente para pararse, dar unos pasos y sonreir. Fue dada
de alta, regresó a su pueblo, pero al volver a vivir en la pobreza,
en su cuarto-cocina lleno de humo, su pulmón no resistió
más. Nieves murió cuando se bañaba para ir a la consulta
en Metepec.
El Progresa es manejado por coordinadores que cambian a los beneficiarios originales por familiares suyos que son los que reciben todas las becas en una comunidad.
Desde que empezó a funcionar el Progresa, varias mujeres son esterilizadas permanente o temporalmente, ya que las operan o les colocan un dispositivo intrauterino sin pedirles su consentimiento. Es más, el Progresa condiciona los apoyos que da (becas y despensas) a la política estatal de control natal. Todos estos programas causan división entre la gente.
Los candidatos a las presidencias municipales compran el voto, mediante
dinero o despensas. También amenazan a quiénes no quieren
votar con quitarles los recursos de los programas de gobierno como Progresa
y Procampo.
Los políticos hacen mal uso de los recursos públicos destinados a obras públicas, utilizan los programas de gobierno, como el Progresa, para sus propios intereses, dividen a la gente y no benefician a las comunidades. Falta honestidad en la aplicación de los programas de gobierno, en el registro y selección de los beneficiados se da mucho favoritismo, por lo que la gente no tiene confianza para dar sus datos.
No queremos que el Progresa se use con fines electorales ni que favorezca a los de siempre. Debemos crear comités que vigilen cómo se aplican los recursos de tales programas. Hay que pugnar por una educación que nos permita controlar la natalidad sin métodos de fuerza y engaño, debemos denunciar al personal médico y a las instituciones de salud que promueven el control natal a fuerza, ante la cndh y otras instancias.
Respecto a los programas de gobierno se propone hacer denuncias y difusión de manera organizada. Exigir que las autoridades informen el origen de los programas y sus objetivos.
Que las autoridades e instituciones informen al pueblo cómo consiguieron los recursos y cómo se van a aplicar los programas.
Si aceptamos un programa seamos responsables y vigilemos su buen funcionamiento. Hay que hacer conciencia y no votar por los candidatos que nos quieren corromper.