Hay una gran preocupación en el gobierno de Ernesto Zedillo por evitar una crisis financiera de fin de sexenio. Las razones pueden ser diversas, desde evitar otro descalabro en la economía como los que se han registrado de modo recurrente desde 1982 con enormes costos para la sociedad, hasta disipar la marca de la que no puede deshacerse esta administración y que dejó la crisis de 1995, que fue la más profunda en más de 60 años. Ambas razones son válidas, ya sea desde una perspectiva política o incluso personal.

Las crisis de fin de sexenio como las de 1976, 1982 o 1994 estuvieron asociadas con el ciclo político de la economía que ha caracterizado a los últimos cinco gobiernos, en una historia que se extiende por más de dos décadas y que abarca toda la vida de los mexicanos que conforman la mitad de la población del país. Desde hace meses ha habido un planteamiento explícito acerca de la necesidad de fortalecer financieramente a la economía y preparar una transición política sin crisis en el año 2000. Ahora el gobierno anuncia el Programa de Fortalecimiento Financiero que cubre los 17 meses que quedan de esta administración pero que establece, también, compromisos para la próxima, en lo que intenta ser un calendario de pagos más cómodo extendido en el tiempo.

El monto de los recursos de este programa es significativo: en total son 23 mil 700 millones de dólares y provienen del Fondo Monetario Internacional (4 mil 200 millones), del Banco Mundial (5 mil 200), del Banco Interamericano de Desarrollo (3 mil 500 mil) y de líneas de crédito del Eximbank de Estados Unidos para la importación de productos de ese país (4 mil millones de dólares); además se obtienen otros fondos del Acuerdo Financiero de América del Norte (6 mil 800 millones de dólares) con carácter contingente para apoyar a las reservas internacionales en caso de inestabilidad cambiaria.

La conformación de este paquete financiero parece bien estructurada para su objetivo, que es evitar que se abran boquetes en las cuentas externas del país, que es en donde se encuentra de modo crónico el límite al crecimiento de la economía. Esto está planteado de modo literal en el anuncio que se hizo del programa, cuando se advierte que existe una situación de vulnerabilidad económica que debe reducirse mediante una menor demanda de créditos en los mercados financieros. Los recursos del programa pretenden, precisamente, aplazar esa demanda, no eliminarla, puesto que la economía requiere el financiamiento externo para crecer. Es ahí donde el horizonte de estas medidas muestra su corta extensión. Es decir, el objetivo central es terminar decorosamente el sexenio, pero lo que no queda tan claro en el análisis de la situación económica general es si con ello se crean las condiciones para que la producción crezca de modo sostenido y se licue de modo efectivo la carga de la deuda y, así, se vayan reduciendo con el tiempo las necesidades de financiamiento y la vulnerabilidad.

Para obtener recursos del FMI, la Secretaría de Hacienda envió un extenso Memorándum de Políticas Económicas y Financieras que es, en verdad, un informe económico. En él se describen las principales acciones tomadas por el gobierno para superar la crisis de 1995, y el planteamiento es una historia de éxitos en la que no existe un asomo ya no de autocrítica, sino de una presentación objetiva del alcance todavía muy limitado de la política de estabilización y de ajuste macroeconómicos. El problema de este discurso es que sigue sin tener correspondencia con la percepción de muchos agentes económicos (empresarios, trabajadores, campesinos) que no obtienen mayores ingresos reales y también está alejado de lo que siguen siendo reformas truncas e insuficientes, por ejemplo, en el sistema bancario, la reforma fiscal o la política social.

Hoy esta economía está en un momento decisivo que será el que finalmente compruebe las virtudes de la política económica --fiscal y monetaria-- que se ha aplicado. La estabilidad de los precios, incluidos especialmente las tasas de interés y el tipo de cambio, debe probar su resistencia frente al crecimiento que esté cada vez menos marcado por las condiciones generadas por la crisis de 1995. Hoy la estabilidad parece estar asociada con un menor ritmo de crecimiento de la producción que reduce las necesidades de divisas. La producción y las exportaciones requieren grandes importaciones; ésta es una cualidad estructural del proceso económico a la que no se refiere el extenso memorándum enviado al FMI. Una expansión sostenida lleva a mayores déficit externos que tienen que ser compensados con menores déficit fiscales y con restricción monetaria. Esas restricciones no se han sobrepasado en los años recientes. No sólo se debe crecer, sino que son del todo relevantes el contenido y la distribución del crecimiento entre sectores productivos, regiones geográficas y grupos de la población.

Esta administración llegó ya a su fin en términos económicos y el programa anunciado ayer por Hacienda lo pone de manifiesto. El famoso blindaje es una forma de aceptar que muchas de las propuestas económicas de este sexenio tuvieron que ser abandonadas (la privatización de la petroquímica, la reforma de la industria eléctrica), o están incompletas (la reforma bancaria, la reforma fiscal integral). La capacidad de acrecentar la oferta productiva integrando nuevamente de modo dinámico al mercado interno requiere mucho más que una adecuada gestión financiera. Sólo esa capacidad puede ser un blindaje duradero.