En medio de todo tipo de sacudidas, el Ejecutivo ha anunciado que el cambio de gobierno que ocurrirá el próximo año se hará en condiciones de estabilidad de la economía mexicana. El blindaje económico se ha logrado, según Gurría y Ortiz, ya que se ha reducido significativamente nuestra vulnerabilidad a los choques externos, en la medida en que la economía se ha fortalecido; seis argumentos lo prueban: finanzas públicas sanas, régimen cambiario de libre flotación, déficit en cuenta corriente sostenible, fortalecimiento del ahorro interno, refinanciamiento de la deuda pública externa y un muy alto nivel de las reservas internacionales.

El detonante de este anuncio es la solicitud al Fondo Monetario Internacional de un acuerdo de derecho de giro por 4 mil 200 millones de dólares que, en caso de ser aprobado, permitirá pagar 71 por ciento de los vencimientos pendientes con el propio fondo; con esto, ''las amortizaciones relacionadas con la deuda pública externa de mercado (...) ascienden a sólo 3 mil 400 millones de dólares'' en este año y el próximo, lo que representa 11 por ciento de las reservas internacionales.

La solicitud se acompaña, como en todos los casos, de un Memorándum de Políticas Económicas y Financieras en el que el gobierno mexicano se compromete con un conjunto de metas. En el pasado, en las épocas del ''populismo'', el gobierno reconocía que el FMI había impuesto las metas macroeconómicas, pero que los recursos solicitados eran imprescindibles para resolver la situación de crisis; hoy, en cambio, en un momento de cuestionamientos cada vez más amplios a la globalidad, el gobierno festeja la solicitud y acepta que aunque el tema ha sido comentado ampliamente con el personal del fondo, ''México (es decir, ellos) considera importante tener un programa con ese organismo ante la posible incertidumbre proveniente de eventos del exterior y para reforzar la confianza durante el periodo de cambio del gobierno''.

El programa comprometido reitera la necesidad de mantener políticas financieras sanas, continuar con las reformas estructurales, incrementar el ahorro interno, reducir la vulnerabilidad externa, etcétera, para ''colocar a la economía en una trayectoria de crecimiento económico elevado y sustentable que permita aumentar las oportunidades de empleo y mejorar los estándares de vida de la población''. Esto es exactamente lo mismo que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo y que se ha repetido todos los años; ello muestra, por supuesto, la tozudez de los economistas oficiales y su sordera frente a los reclamos populares.

Veamos sólo tres ejemplos: el desempeño general, el sistema bancario y el empleo. El gobierno señala que la economía es cada vez más fuerte, a partir de consideraciones sobre las variables agregadas (finanzas públicas, PIB, cuenta corriente, inflación, etc.), pero si se atiende a criterios más generales, la evaluación puede resultar muy diferente. El Instituto Milken dio a conocer recientemente su índice de acceso al capital, que se acepta como un índice del desempeño económico de un país. De 44 países calificados, México ocupa el lugar 32; atrás de Chile y Argentina y delante de Brasil y Venezuela (ver J. Heath, Reforma, Negocios 9 A, 8/6/99).

Del sistema bancario no hace falta decir mucho: su fragilidad es una de las trabas al desarrollo nacional, el crédito sigue congelado, la relación de activos bancarios a PIB es extremadamente baja, las instituciones en quiebra representan cerca de 20 por ciento del sistema (Serfin, Bancrecer, Promex, Atlántico) y, sobre todo, la discrecionalidad del rescate efectuado y el alejamiento de las prácticas bancarias aceptadas lo hacen poco confiable.

Según el gobierno federal, en 1998 la economía logró un alto ritmo de crecimiento del PIB (4.8 por ciento), con un aumento significativo de la ocupación (9 por ciento, lo que significa 942 mil nuevos empleos); sobre esto se ha diseñado una campaña publicitaria que se difunde insistentemente en los medios. Como prueba de estos avances, se utilizan como indicadores la tasa de desempleo abierta y el crecimiento del número de afiliados al IMSS.

Los nuevos empleos creados, que no alcanzan los requerimientos de la población que ingresa al mercado de trabajo (un millón 150 mil) merecen revisarse; de entrada, si se compara el dato promedio de 1998 contra el de 1997, los trabajadores asegurados crecieron en 816 mil 591, y si la comparación es de diciembre de 1998 contra el mismo mes del año anterior los nuevos asegurados fueron 753 mil 379. Pero aún más: si se desagregan estos nuevos asegurados según el carácter de su afiliación, encontramos que 57.5 por ciento fueron asegurados permanentes y 42.5 por ciento fueron eventuales; ello implica reconocer que, en realidad, se crearon solamente 469 mil 266 empleos permanentes, cifra ciertamente muy lejana de la que se requiere.

Así, la fortaleza de la economía no es tal; los éxitos alcanzados son magros y el nuevo convenio con el FMI ratifica que el gobierno cree firmemente en la solidez de su programa económico; lo que sin embargo no es compartido por franjas crecientes de la población. Por ello, el ataque a las alternativas opositoras se ha exacerbado, alcanzando niveles que lindan con lo irracional; por ello se pretende festejar lo que debiera lamentarse.