n Fue enviado a la embajada de México como representante de la Sagar

Critica Amnistía Internacional la presencia de Ruiz Ferro en EU

n Insta a la administración Clinton a investigar el papel del ex gobernador en los hechos de Acteal

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 16 de junio n Amnistía Internacional (AI) criticó hoy al gobierno mexicano por haber enviado a su embajada aquí al ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, como agregado para asuntos relacionados con la agricultura, e instó al gobierno de Estados Unidos a realizar una investigación plena del papel del funcionario en la masacre de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997.

''Esto es completamente inaceptable", declaró hoy en conferencia de prensa el director ejecutivo de AI, William F. Schulz, al presentar el informe anual de la organización humanitaria sobre los derechos humanos en el mundo. ''Amnistía Internacional llama a que el gobierno de Bill Clinton realice una investigación plena sobre el papel de Ruiz Ferro en la matanza y determinar si debería permanecer en Estados Unidos''.

Ruiz Ferro es el representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar) en la sede diplomática de México en esta capital.

El informe divulgado este martes incluye un capítulo sobre México, que denuncia el amplio uso de la tortura y otros abusos por parte del Ejército y la policía mexicanos.

Al comentar las acusaciones de AI contra Ruiz Ferro, un funcionario del Departamento de Estado comentó a La Jornada que un fiscal especial mexicano ha estado investigando durante año y medio la masacre de Acteal, en la que fueron muertos 45 hombres, mujeres y niños a manos de paramilitares. ''Esa investigación no ha resultado en ninguna acción legal en contra del señor Ruiz Ferro'', dijo el vocero.

''El Departamento de Estado no encontró ninguna base sustancial para negarle una visa, y por lo tanto, el señor Ruiz Ferro ha sido acreditado. No fue implicado, no fue acusado y por ello no teníamos bases para negarle (su visa)'', expuso.

El funcionario agregó que el gobierno estadunidense realizó su propia investigación antes de otorgarle una visa diplomática al ex gobernador para su estancia oficial en Washington.

Pero el director de Amnistía Internacional Estados Unidos, Carlos Salinas (homónimo del ex presidente mexicano), insistió en que hay suficiente información que amerita una indagatoria más a fondo sobre el papel de Julio César Ruiz Ferro en los hechos de Acteal. ''No creemos que el Departamento de Estado haya investigado ese caso de forma adecuada'', señaló.

Al emitir su informe anual sobre los derechos humanos a nivel mundial, William F. Schulz, director ejecutivo de AI, señaló a México como uno de tres países en el mundo que parecen ser estables, pero donde los abusos podrían llevar al ''conflicto y al caos''.

Para subrayar la preocupación del organismo humanitario sobre México, AI invitó al secretario general de la Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos en México, Michael William Chamberlin, para informar a los reporteros sobre la situación actual.

Aunque Chamberlin no ofreció ningún análisis de la situación política de México, sí describió lo que caracterizó como un deterioro en el rubro de los derechos humanos, utilizando informes de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otras entidades. Criticó en particular la ''falta de voluntad política por parte del gobierno mexicano'' para abordar estas violaciones, y dijo que entre las más afectadas figuran las comunidades indígenas en Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

El capítulo sobre México en el informe de Amnistía Internacional, difundido hoy, aborda principalmente los asuntos de derechos humanos durante 1998, y documenta varios casos específicos de tortura, ''desapariciones'' y ejecuciones extrajudiciales. La organización también acusa al Ejército y la policía en Chiapas de utilizar redadas sobre algunas comunidades como una forma de ''castigo colectivo'' contra gente que simpatiza con el EZLN.

n Informe anual de AI

Los paramilitares estarían vinculados con el gobierno

Triunfo Elizalde n Amnistía Internacional continúa recibiendo ''informes de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y fuerzas paramilitares que, según se afirma, están vinculadas con el gobierno'', según el Informe Anual 1998 de dicho organismo no gubernamental (ONG), dado a conocer ayer por Aqnieska Racyzka, directora de la sección México de AI.

En el citado documento, son señalados como aspectos principales de violaciones a derechos fundamentales de los mexicanos, el encarcelamiento por delitos ''de conciencia'', desde hace varios años; la detención arbitraria de ''varios centenares de personas, entre ellas defensoras de los derechos humanos'', junto con ''amenazas de muerte y otros tipos de hostigamientos'' a dirigentes de ONG nacionales.

Expulsión de varios observadores extranjeros

''En un claro intento de reducir la presencia internacional en el estado de Chiapas, donde la situación continúa deteriorándose'', se dice, ''el gobierno expulsó a decenas de ciudadanos extranjeros que se encontraban en México para observar la situación de los derechos humanos''.

Se cita entre los expulsados al padre Michel Chanteau, sacerdote francés que llevaba 32 años residiendo en Chiapas, donde ejercía como párroco y era un activo defensor de los derechos humanos; asimismo, a Thomas Hansen, ex director de Pastores por la Paz, ONG con sede en Estados Unidos. Su salida fue impugnada con éxito, sin embargo, no ha retornado por diversas barreras oficiales.

El caso del general José Francisco Gallardo

A la vez, Amnistía Internacional manifestó al gobierno mexicano su preocupación por las nuevas disposiciones relativas a la expedición de visados para observadores de los derechos humanos, y por los incidentes ocurridos en El Bosque y El Charco, e insiste en que se libere de inmediato al general José Francisco Gallardo Rodríguez, de acuerdo con la recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual no ha sido considerada por las autoridades mexicanas.

Lo anterior se contrapone con la aceptación, por parte del gobierno de México, de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el segundo paso de la comisión al interior de la estructura jurídica de la Organización de Estados Americanos (OEA), ''pues manifestó una reserva relativa al artículo 33 de la Constitución General del país, que faculta a la Presidencia de la República a expulsar ciudadanos extranjeros sin necesidad de celebrar una vista judicial''.

n En EU también se cometen abusos, acusa

Impunidad generalizada de los gobiernos de AL, denuncia AI

Afp, Reuters y Dpa, Londres, 16 de junio n Amnistía Internacional (AI) denunció hoy en su informe anual "la impunidad generalizada" de los gobiernos de América Latina, las medidas tomadas por algunos de ellos para "facilitar" las ejecuciones y eliminar las posibilidades de recurso contra las violaciones, pero aseveró que en Estados Unidos también se comenten abusos, comenzando con la pena de muerte.

Destacó además que la mayoría de los estados violan el derecho internacional y que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados con frecuencia es sometido a presiones políticas, y sugirió la creación de una nueva figura para velar por el respeto de las garantías de los refugiados.

AI resaltó en su informe anual que durante 1998 se produjeron dos hechos que podrían ayudar a que los violadores de los derechos humanos respondan por sus actos.

El primero, la instalación del Tribunal Penal Internacional, que calificó como un "suceso histórico que hace sólo cinco años parecía imposible"; el segundo lo constituye el arresto en Londres del ex dictador Augusto Pinochet, a petición de España bajo acusaciones de genocidio y tortura, lo que describió como "un momento definitorio en la lucha contra la impunidad".

En términos generales, consignó ejecuciones extrajudiciales en 47 países, y desapariciones de personas en otros 37. En 125 se registraron tortura o maltrato de las fuerzas de seguridad y la policía; en 78 naciones hay presos de conciencia.

Se constataron arrestos o detenciones sin juicio en 66 países, y graves violaciones de los derechos humanos cometidos por opositores, incluyendo asesinato de civiles, tortura y toma de rehenes en 37 países.

Subrayó que las cifras reales son mucho mayores que las documentadas en su informe y resaltó que la impunidad y la falta de independencia judicial prevalece en la mayor parte de América Latina, lo que impide castigar a los responsables y permite que se sigan cometiendo abusos.

"Sigue habiendo una distancia muy grande entre lo que dicen la mayoría de los gobierno y las acciones que tomaron para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países", afirma.

"La tortura, malos tratos y asesinatos cometidos por la policía y fuerzas de seguridad, y grupos armados que actúan con su permiso y apoyo siguen siendo frecuentes en la región", en particular en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Belice, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Paraguay y Venezuela.

Las condiciones carcelarias siguen siendo muy duras en el continente, en especial en Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica, Perú, Estados Unidos y Venezuela.

Colombia, matanza imparable

Sobre Colombia, puntualizó que más de mil personas fueron muertas por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, en tanto que 150 más fueron desaparecidas por paramilitares, y si bien el gobierno del presidente Andrés Pastrana ha dado pasos positivos, debe darle más importancia a los derechos humanos en el proceso de paz.

Destacó que tanto en Colombia como en Perú los grupos armados de oposición han cometido abusos, y en éste último país criticó el encarcelamiento de unos 600 presos de conciencia acusados de delitos relacionados con el terrorismo.

En Brasil, cientos de personas murieron a manos de la policía y de escuadrones de la muerte que tienen nexos con las fuerzas de seguridad; la mayoría de los responsables continúan impunes.

En Ecuador la situación de los derechos humanos sufrió un deterioro en los primeros meses de este año bajo el estado de emergencia decretado por el presidente Jamil Mahuad para hacer frente a la delincuencia en Guayaquil y a una huelga nacional contra su política económica.

En Cuba existen al menos 350 presos de conciencia, que viven en condiciones carcelarias que suelen ser crueles, inhumanas y degradantes, en tanto que al menos 10 personas fueron muertas a balazos por la policía, que recurrió a la fuerza letal sin ninguna justificación.

En Chile, la buena noticia fue la decisión de Gran Bretaña de continuar con el proceso de extradición de Pinochet.

En Argentina "se hicieron muy pocos progresos para esclarecer violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado", aunque AI destacó que investigaciones en este sentido llevaron al arresto domiciliario del ex dictador Rafael Videla.

Al señalar que la mayoría de los estados violan las convenciones internacionales sobre refugiados, AI aseveró que países como Japón o Estados Unidos detienen regularmente a los solicitantes de asilo que no tienen documentos requeridos.

También en países europeos occidentales como Alemania, Francia, Gran Bretaña, España y Suiza se multiplicaron las denuncias por maltratos policiales, especialmente con respecto a inmigrantes y refugiados.

Censuró la llamada "detención administrativa" en algunos casos de varios años, sin juicio y sin orden de arresto a la que han sido sometidos cientos de palestinos por parte de Israel, pero acusó a las autoridades palestinas de mantener detenidos a cientos de palestinos por motivos políticos.

AI notó signos positivos en Asia, incluyendo la liberación de presos políticos en Corea del Sur, Indonesia y Vietnam, aunque la crisis económica asiática provocó represiones contra manifestantes, y que en Africa los conflictos armados cobran fuerza y han causado "terribles" y nuevas "violaciones de derechos humanos, en especial en la región de los Grandes Lagos.