DERECHOS HUMANOS, BAJO ACOSO

El más reciente informe de Amnistía Internacional (AI) da cuenta de un preocupante panorama de violaciones a los derechos humanos en casi todo el mundo.

Las naciones industrializadas de Occidente se autoproclaman defensoras incondicionales y absolutas de tales derechos, pero en el documento de AI se hace referencia a las continuadas ejecuciones y a los abusos policiales en Estados Unidos, así como a abundantes maltratos contra inmigrantes en Alemania, Francia, Gran Bretaña, España y Suiza. Es paradójico que, salvo el último, todos esos países participaron en el reciente arrasamiento bélico de Serbia en nombre de unos derechos que no pueden hacer respetar plenamente en sus propios territorios. Corresponde a los gobiernos respectivos resolver en términos éticos y políticos esa paradoja.

Por lo que hace a las naciones latinoamericanas, el organismo humanitario describe una situación vergonzosa y exasperante: ''La tortura, los malos tratos y los asesinatos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, y por grupos armados que actúan con su permiso y apoyo, siguen siendo frecuentes en la región'', particularmente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Belice, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Paraguay y Venezuela, es decir, en la mayor parte del subcontinente. Tal señalamiento evoca los peores tiempos de la década antepasada ųcuando la mayoría de nuestras naciones padecía dictaduras militares criminalesų y obliga a reconocer una grave asignatura pendiente de las democracias restauradas en materia de derechos humanos.

La inclusión de México en la lista de los peores violadores de derechos humanos de la región no puede ser motivo de sorpresa, si se considera la creciente impunidad y violencia con que actúan los cuerpos policiales, militares y ųen el caso de Chiapas, al menosų paramilitares ante la población civil, especialmente la de las comunidades indígenas y la de los sectores más desprotegidos y depauperados de los núcleos urbanos.

Dos aspectos que deben destacarse del documento de AI en torno a nuestro país son, por una parte, los informes sobre el incremento de amenazas de muerte y otros actos de hostigamiento contra promotores de los derechos humanos y, por la otra, la reseña de las restricciones gubernamentales para que los observadores humanitarios ingresen a territorio nacional y permanezcan en él. Ambos fenómenos reducen peligrosamente el margen de acción para preservar los derechos humanos en el país y para combatir sus violaciones.

No puede dejar de mencionarse, por último, la crítica del organismo humanitario internacional al nombramiento del ex gobernador interino de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, como representante de la Secretaría de Agricultura en la embajada mexicana en Washington. En efecto, es deplorable e indignante que una dependencia oficial sea representada en el extranjero por ese ex funcionario, cuya posible responsabilidad política y penal por la matanza de Acteal nunca ha sido investigada ni esclarecida conforme a derecho.