n Se democratiza la distribución del poder público: PAN; críticas del PRD

Aprueban reformas para fortalecer al municipio

Ciro Pérez Silva y David Aponte n Luego de un breve debate en el que los perredistas acusaron al PAN de ''someterse nuevamente al Ejecutivo y aceptar lo mínimo'', y los panistas condenaron la postura ''del todo o nada'' del PRD, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer con 387 votos el decreto que reforma y adiciona el artículo 115 constitucional para el fortalecimiento de los municipios en su organización, funcionamiento interno y administración pública.

Horas antes de que el dictamen fuera presentado, panistas y priístas acordaron introducir una modificación al texto, con lo que resolvieron parte de las diferencias que generaron una nueva rebelión al interior de ambas bancadas, y los obligó a posponer el pasado martes la discusión y votación.

Sin embargo, no lograron evitar que votaran en contra seis de los nueve legisladores de Coahuila: Marta Carranza Aguayo, Francisco García Castells, Pilar Cabrera Hernández, Javier Guerrero García, Braulio Fernández y Horacio Veloz Muñoz. En el mismo sentido lo hicieron Arturo Saiz Calderón y Carlos Arce Macías, del PAN, además de nueve del PRD.

Para los perredistas, el dictamen aprobado no puede considerarse como una verdadera reforma del Estado, y por el contrario, señalan, ''se han recrudecido las nocivas prácticas de la subordinación y la decisión sin consulta'', además de que en la negociación entre el PAN y el gobierno ''se rompieron todas las formas y prácticas parlamentarias''.

Advirtieron que ''la forma atropellada, casi secreta de elaborar el dictamen, debe quedar como un signo ominoso de la sumisión del Legislativo que lo caracterizó cuando el PRI era mayoría absoluta en esta cámara''.

La adición, presentada por la diputada priísta Mónica García, se refiere a los medios de impugnación y órganos para dirimir controversias entre la administración pública y los particulares, además de aclarar la obligación del municipio de observar lo dispuesto en las leyes federales y estatales en materia de prestación de servicios.

Considera también que el método, organismo y procedimiento que utilice el ayuntamiento para elaborar las propuestas de valores catastrales, quede establecido en la ley estatal correspondiente, y que los recursos que integren la hacienda municipal sean ejercidos directamente por los ayuntamientos o por quien ellos autoricen, de acuerdo a la ley, en tanto que el Ejecutivo federal tendrá el mandato de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente.

Diputados del PRD y del PT propusieron también cambios al dictamen, pero todos fueron rechazados por el PRI.

Los panistas explicaron que con esta reforma el ciudadano estará más cerca del gobierno y se democratiza la distribución del poder político; convierte al municipio en un auténtico nuevo orden de gobierno y deja de ser una simple división administrativa, vulnerable a las decisiones del gobierno de la entidad a la que pertenece; con esta reforma, los gobiernos no podrán vulnerar la autonomía municipal.

Los municipios podrán expedir normas sobre su organización, funcionamiento y administración interna, y decidirán sobre la prestación y destino de los servicios públicos, además de que para asegurar la eficacia en la prestación de estos servicios podrán asociarse libremente con otros municipios, incluso de estados distintos, siempre que cuenten con la autorización de los congresos locales.

Sin embargo, la bancada perredista lamentó los ''pobres alcances'' del dictamen aprobado y destacó que para analizar el texto de reformas al 114, debe recordarse que cuando se iniciaron los trabajos de esta legislatura se generaron legítimas expectativas acerca de la posibilidad de realizar importantes transformaciones a las instituciones políticas.

Entre ellos, el de la democratización de todos los ámbitos de la vida nacional, limitar el presidencialismo, acotar el viejo régimen y transitar hacia uno nuevo, ''y sin embargo no ha sido así. En este año el gobierno de Ernesto Zedillo demostró con hechos que no le interesaba llevar a cabo una reforma política profunda. Este dictamen es una muestra evidente de ello''.

Carmelo Enríquez destacó que en el dictamen quedó fuera la pretensión panista de que las autoridades municipales pudieran ser reelectas para un periodo inmediato, y ampliar su periodo de gestión de tres a cuatro años. Se omitió también cualquier referencia a los mecanismos de participación ciudadana como una alternativa en caso de la revocación del mando de un ayuntamiento mediante un plebiscito.

Tampoco se subsana la ''enorme'' injerencia de los congresos locales en la vida municipal; se limita la libre asociación de los municipios al dejar en manos de los congresos la aprobación de estas alianzas, ''son 31 candados para evitarlo''; tampoco aparece el tema hacendario que coordine no solamente ingresos sino patrimonio y deuda, y por lo tanto reconozca plenamente potestad tributaria, ni se ha resuelto totalmente el mando de la policía municipal.