Astillero Ť Julio Hernández López

Van ganando fama en el mercado global algunos de los mejores productos mexicanos: las sospechas de que Carlos Hank González está vinculado al narcotráfico estremecen la política de Costa Rica; las evidencias de su responsabilidad en la masacre de Acteal, persiguen a Julio César Ruiz Ferro hasta Washington; la convicción de Amnistía Internacional (AI) de que en México se violan gravemente los derechos humanos es reforzada por una campaña fascistoide de Arturo Montiel en el estado de México (el feudo de Hank González) contra la protección básica de esas garantías en la persona de los delincuentes.

Violencia partidista hasta por una sepultura

Y mientras tanto, como una estampa irreal, como un trazo increíble en el mural de la difícil construcción de la democracia mexicana, priístas y perredistas disputan en la comunidad de Terreros --en Huejutla, Hidalgo-- por un derecho elemental: el de la tierra para la sepultura de los muertos, pues los del partido tricolor no dejaron que los del sol azteca enterraran a un correligionario de éstos en el panteón municipal.

Y así, tal vez como una imagen que muestra cuán lejos está la presunta normalidad democrática de la realidad del pueblo, y acaso como un presagio de lo que nos espera en próximos comicios, el ataúd de la discordia fue colocado sobre la carretera federal México-Tampico, luego de enfrentamientos que dejaron unos diez heridos y unas diez casas dañadas, según reportó el corresponsal de La Jornada en Hidalgo, Carlos Camacho.

Hank, la conexión (el paraíso) de Costa Rica

Pero, mientras en su mundo microscópico los mexicanos pobres pelean por un espacio en el cual ser siquiera enterrados, otros mexicanos triunfadores invaden territorios y consuman conquistas.

De una manera evidente y sostenida, los intereses de la familia Hank y los de las empresas y personajes que en torno a ella se aglutinan, han ido convirtiendo a Costa Rica en una prolongación de sus negocios. Dos años atrás, cuando esta columna tenía apenas dos días de haber nacido, se inició --a partir de notas publicadas sobre todo en el diario costarricense La Nación-- una amplia radiografía, en varias entregas, de la conexión Hank en aquellas tierras.

El detonante del interés periodístico fue la escandalosa revelación de que un virtual candidato presidencial de aquel país había sido trasladado, en avión privado hankista, de San José a una hacienda de Santiago Tianguistenco para reunirse con el pleno del grupo Atlacomulco.

El evidente olor de la corrupción política saltó de inmediato en Costa Rica. Un nada hábil político priísta habilitado como embajador, José Castelazo, duró apenas unas semanas en el cargo, luego de que avivó el enojo costarricense contra la presencia hankista, al defender a este prohombre mexicano y censurar a los principales grupos políticos de aquella nación.

Ahora, dos años después, vuelve a estallar el escándalo cuando es presidente de Costa Rica --justamente-- el personaje que visitó a Hank y su grupo para motivos nunca suficientemente explícitos, pero que hicieron pensar que el consorcio Atlacomulco estaría invirtiendo en campañas políticas costarricenses, para asegurarse negocios e impunidad.

Con el Congreso de aquel país centroamericano exigiendo investigar operaciones e intereses del hankismo en su patria, la embajada de Estados Unidos en San José ha confirmado que hay indagaciones abiertas por asuntos de narcotráfico en las que se involucra a Hank.

No hay de qué asombrarse. El hankismo ha ido preparando una sede alterna para sus negocios, ante el riesgo de que un cambio político drástico en el 2000 le obligara a emigrar hacia zonas de menor riesgo.

Por lo pronto, el grupo hankista tiene un amigo como presidente de Costa Rica (hay que hablar tan sólo de amistad, porque no es posible demostrar dependencia política o compromisos, derivados de financiamientos de campañas), y una presencia económica estratégica en la que se combinan, entre otros intereses, los de Carlos Cabal Peniche.

Dormir con la conciencia tranquila

Otro mexicano que va conquistando el mundo es Julio César Ruiz Ferro, cuyo talento le ha llevado, de ser parte del engranaje financiero del saqueo hecho por Raúl Salinas de Gortari a la riqueza nacional (en especial a través de Conasupo), a la gubernatura de Chiapas (donde su mayor timbre de gloria fue la masacre de Acteal), a la asesoría en materia de agricultura en la embajada mexicana en Estados Unidos.

Descansando entre sábanas limpias y almohadas cómodas en la capital del gran imperio, Ruiz Ferro ha sido alcanzado por un fantasma hecho de polvo y sangre chiapaneca: la matanza de indígenas en Acteal.

No es él, ciertamente, el único responsable, pues finalmente no fue sino una pieza más de la gran maquinación, que en su momento urdieron las instancias que le colocaron en el palacio de Tuxtla Gutiérrez y que definieron las líneas centrales de la política antizapatista.

(Uno de esos responsables fue Emilio Chuayffett, otro miembro del grupo Atlacomulco, lastimosamente presente en el palco del gran poder hankista de La Bombonera, el estadio futbolístico de Toluca, en el que también fue lamentable ver como virtual arrimado al secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, en la pasada final del futbol mexicano frente al Atlas).

Pero hoy, por lo pronto, el reclamo histórico ha alcanzado a Ruiz Ferro, pues diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, y principalmente Amnistía Internacional, han exigido que se investigue al asesor de agricultura de la embajada mexicana en Estados Unidos (¿agricultura? Esos fueron los dominios de Hank durante largas décadas, y, en los años recientes, de Francisco Labastida Ochoa, que dejó como encargado a Romárico Arroyo) y que se le destituya de su cargo.

¿Los humanos hablando de ratas, o al revés?

Y en el estado de México (¿estado de México?, ¿el reino feudal de Hank? ¿la tierra de Chuayffett?), Arturo Montiel ha pretendido remontarse, en las encuestas de opinión, con una propuesta vergonzosa por ignorante y peligrosa por fascistoide: los derechos humanos son de los humanos, y no de las ratas, propone el candidato priista a gobernador pretendiendo ser ingenioso.

Con un desparpajo histórico, Montiel pretende hablar de delincuentes, sin reparar en que una buena parte de ellos (la más significativa, por el volumen de sus operaciones) milita en su partido e, incluso, forma parte de su futura base votante y de su actual sostenimiento económico.

El lenguaje dictatorial de Montiel, digno de las peores historias del horror sudamericano, pretende exacerbar los sentimientos de la clase media que hoy está cargada hacia el lado del PAN en aquel estado.

Arturo Montiel no sabe, no quiere saber, que los ladrones, los delincuentes, los homicidas, tienen derechos humanos, y los organismos defensores de estos derechos no prejuzgan sobre la responsabilidad penal, sino que defienden el respeto esencial a la persona humana.

Pero, además, el fenómeno de la delincuencia no puede ser combatido con posturas que no son simples sino encubridoras: el sistema político y económico vigente ha generado las condiciones de miseria y desesperación que a su vez han multiplicado la delincuencia.

La fuerza bruta

Tales voces desmesuradas, sin embargo, no se dan sólo en el terreno de las contiendas partidistas, sino en espacios donde se supone debería haber más serenidad, como sería el Senado de la República.

Mas, como un signo de la descomposición generalizada, de la desesperación de los autoritarios, de la incapacidad que hay en el poder para entender fenómenos políticos más allá del dedazo y la cargada, ayer volvieron las voces que piden mano dura, represión e intervención policiaca para deshacer la huelga de la UNAM.

Sólo con una mentalidad obtusa, sin visión cierta de lo que sucede en el país, sin memoria histórica, se podría hablar hoy de la posibilidad de lanzar a los policías contra los estudiantes en paro. Quienes durante décadas se han beneficiado del sistema, deberían pensar bien antes de convocar a tormentas cuando al vaso de la historia sólo parece faltarle una gota para derramarse.

Un ataúd sobre el camino

Mientras tanto, allá, en la Huejutla de los caciques, de los linchamientos en la plaza principal, en la entidad de donde son los firmantes de las credenciales de Paco Stanley y demás miembros del cártel de la farándula, priístas y perredistas pelean, como en un presagio doloroso, por la tierra donde enterrar a un mexicano, quien, mientras se solucionaban los problemas partidistas, hacía postrer espera a mitad de una carretera asfaltada.

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