n Hay 36 nuevos casos de tortura de izquierdistas
Amplía el juez español Garzón la querella contra Pinochet
n Pide legislador al ejército liberar de su juramento a ex agentes
De la corresponsalía, y agencias, Madrid, 17 de junio n La querella criminal contra el ex dictador Augusto Pinochet fue ampliada este jueves con 36 nuevos casos de tortura por el juez español Baltasar Garzón, quien desde la Audiencia Nacional instruye la causa abierta contra el ex general chileno en demanda de su extradición desde Gran Bretaña.
De esta manera, Garzón aumentó a 108 casos de tortura las imputaciones contra el también senador vitalicio, ya que el 30 de abril pasado había ampliado a 72 casos el procesamiento judicial, por lo que las nuevas acusaciones fueron enviadas a la justicia británica de cara a la apertura del proceso de extradición, que se realizará el 27 de septiembre en Londres.
Fuentes judiciales dijeron que todos estos cargos se ajustan al periodo de diciembre de 1988 al 12 de marzo de1990, de acuerdo con el fallo de los jueces lores británicos de marzo pasado, y que los últimos 36 casos corresponden a argentinos y chilenos que tras ser detenidos fueron torturados o desaparecieron.
El juez, dijeron las fuentes, subrayó que nunca ha enviado documentos a la justicia británica por iniciativa propia sino conforme con el protocolo habitual, y que sus métodos son legítimos y eficaces porque los textos han sido enviados a Londres a través de la presidencia y de los ministerios de Justicia y del Exterior.
Garzón admite la petición de las acusaciones apersonadas en la causa y acuerda ampliar la investigación por entender que "se ofrecen elementos suficientes que relacionan al procesado Augusto Pinochet y otros imputados con la presente ejecución" de los hechos denunciados, asienta el auto conocido en esta capital.
En Santiago, legisladores chilenos dieron a conocer un nuevo informe en el que se denuncia que la antigua Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) estuvo al frente de "una industria del desaparecimiento de opositores" políticos entre 1974 y1977, y que existe un pacto de "lealtades" sobre el paradero de los desaparecidos.
Los parlamentarios de los partidos Socialista y Demócrata Cristiano (PDC) presentaron el informe recabado por Erika Hennings, Viviana Uribe y Gabriel Guajardo, quienes se tomaron un año recopilando declaraciones judiciales y extrajudiciales, libelo en el cual se incluyeron entrevistas realizadas a seis ex agentes de la Dina.
Los socialistas Carlos Ominami y Juan Bustos señalaron que quedó demostrado que las acciones de la Dina no fueron resultado de excesos aislados ni de lapsus de locura, sino de un proceso deliberado y estructurado acorde con la teoría de una organización científica de trabajo.
El estudio revela que hay agentes que trabajaron en la Dina durante aquel proceso, dirigido por el hoy encarcelado ex general Manuel Contreras, pero que se les hizo firmar un documento en el que se establece un férreo secreto en torno a la siniestra organización represiva de la dictadura, y que sus vidas aún penden de ese secreto.
Edgardo Riveros, diputado del PDC, llamó a las autoridades del ejército a liberar de sus juramentos a los ex agentes para que informen acerca del paradero de los detenidos desaparecidos.
El informe refiere que hubo contraseñas como Puerto Montt, que era el ocultamiento de un cadáver en un entierro, y Moneda, que aludía ocultar los cuerpos lanzándolos en el mar o en un río, e incluso hubo agentes de la Dina que fueron asesinados por sus propios compañeros cuando se sospechó que habían proporcionado informes sobre la desaparición de cadáveres de opositores a la dictadura.
El comandante en jefe de la marina de guerra chilena, almirante Jorge Arancibia, el militar de más alta jerarquía que ha reconocido por primera vez en los últimos días el drama de los detenidos desaparecidos, sostuvo entrevistas sobre este tema con los senadores y con el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán.
Mientras, un gran repudio seguía causando en Chile y en el exterior la detención el miércoles de dos ejecutivos de Editorial Planeta, Bartolo Ortiz y Carlos Orellana, por haber editado una investigación crítica sobre el Poder Judicial titulado El libro negro de la justicia chilena, en torno al cual el magistrado Rafael Huerta estableció que los detenidos cometieron el delito de "injurias y calumnias".
El juez dio entrada a una demanda de un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y se apoyó en la Ley de Seguridad Interior del Estado, que data de 1958, y que en los círculos profesionales, de la cultura y políticos, incluyendo el mismo oficialismo, dio pie a que resurja la necesidad de derogar dicha ley.