MENTIRAS DE LA POLITICA ECONOMICA

El nuevo salvamento de Banca Serfin, confirmado ayer oficialmente, pone en evidencia la inutilidad del rescate anterior. Cabe recordar que hasta febrero del presente año el gobierno inyectó a esa institución financiera privada, cuyo valor contable es de 9 mil millones de pesos, unos 67 mil millones provenientes del erario público; ahora se destinarán otros 20 mil millones para sacarla a flote. A simple vista, pues, los rescates bancarios constituyen un dispendio exasperante e intolerable en un contexto marcado por la estrechez presupuestal para todo lo que no sea el ámbito financiero. Para ilustrar la situación, es pertinente señalar que el presupuesto anual de la UNAM asciende a poco más de 7 mil millones de pesos, menos de la mitad de lo que va a invertirse en Serfin, menos de la décima parte de lo que se ha malgastado, desde el inicio del rescate bancario, en esa empresa.

El argumento gubernamental para fundamentar el oneroso salvamento bancario -el carácter indispensable y estratégico de esas empresas- queda, cada vez con mayor claridad, en el aire: con su actual régimen de propiedad, tal y como es administrada y regulada actualmente, la banca privada no sólo no es necesaria para la economía, sino que le representa un gravoso lastre. El miércoles, el director del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), Enrique Vilatela, señalaba que, en lo que va del sexenio, la banca privada ha estado "ausente". En efecto, desde la crisis que estalló en diciembre de 1994, los bancos no han sido capaces de apoyar con créditos a la industria, al agro y a los consumidores. Es ya proverbial entre la ciudadanía que la obtención de un préstamo hipotecario de un banco privado es la vía más rápida hacia la bancarrota.

En teoría, los bancos tendrían que captar los fondos de los ahorradores, conceder préstamos y hacer negocio con el margen de intermediación. Pero, por lo que respecta a los mexicanos, carecen de credibilidad entre los ahorradores, como lo demuestran los enormes depósitos de connacionales en Estados Unidos; los créditos no existen o constituyen un grave riesgo para los deudores, y los bancos, en lugar de obtener ganancias, generan boquetes financieros multimillonarios que deben ser llenados -por decisión del partido oficial y de Acción Nacional- con el dinero de los causantes.

En la gestación de este colosal e indignante absurdo no puede ignorarse la responsabilidad de quienes idearon e instrumentaron la privatización de la banca, durante el sexenio pasado, una privatización manchada por la sospecha y realizada en forma tan irresponsable -si no es que corrupta- como para entregar instituciones financieras nacionales a Jorge Lankenau, Isidoro Rodríguez El Divino y Carlos Cabal Peniche, actualmente sujetos a procesos penales. Pero tampoco ha de omitirse la responsabilidad de la actual administración, cuyo rescate bancario, simbolizado por el Fobaproa, resultó -como lo muestra el caso de Serfin- un fracaso dispendioso y de legalidad tan dudosa que hasta la fecha se mantiene en secreto la información correspondiente.

Lo peor de este episodio es que la preservación de los bancos privados contra viento y marea ha sido, en buena medida, el eje articulador de la política económica vigente. Hace unos días se anunció, con bombo y platillo, un llamado "blindaje" económico consistente en la obtención de líneas de crédito externo por 23 mil millones de dólares, con el fin de evitar una crisis económica de fin de sexenio.

Se afirma que las gestiones correspondientes no implican un endeudamiento adicional del país; se trata de una manifiesta mentira, a menos que los recursos obtenidos fueran regalados. Una falsedad lleva a la otra: como no hay contratación de créditos, dice el gobierno, la operación no tiene por qué pasar por la aprobación del Congreso de la Unión. Se omite, en cambio, que parte de los fondos del "blindaje" se destinarán a cubrir los pagarés del Fobaproa, y se miente al afirmar que el operativo financiero está destinado a preservar la estabilidad en la sucesión presidencial del año entrante.

El hecho es que, tras la obtención de los créditos externos referidos, las autoridades federales planean impulsar la economía a un ritmo de crecimiento de 5 por ciento anual, un propósito que, en el contexto político actual, reviste inocultables implicaciones electoreras.

El "blindaje", en suma, parece más orientado a preservar al Partido Revolucionario Institucional de derrotas en las urnas, que a ahorrarle sobresaltos financieros a la sociedad.