¿Por qué razón el movimiento estudiantil de 1999, luchando a contracorriente, constituye ya uno de los principales escollos para las políticas privatizadoras del gobierno?
1. La decisión del Consejo General de Huelga de la UNAM de proseguir el paro (14 de junio) en virtud de que siete semanas después de iniciado el movimiento a) la rectoría no ha reconocido al CGH y se niega a iniciar el diálogo, b) lejos de lo que pretende, no ha resuelto ninguno de los seis puntos de la demanda estudiantil, y c) en connivencia con el gobierno federal está incrementado la violencia contra los estudiantes, pretendiendo hacer perder el semestre a los huelguistas, y doblegarlos con amenazas, secuestros, violaciones, o la intensa campaña de desinformación abre una nueva fase del movimiento estudiantil.
2. El hecho de que la decisión del CGH haya sido votada por 34 escuelas contra 4, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por confundir a la opinión pública y dividir al movimiento, ha tenido el efecto de exacerbar la violencia de la burocracia universitaria, dominada por un pequeño grupo de extremistas neoliberales que se están dando cuenta de que su fracaso está dañando seriamente su futuro político y las ambiciones presidenciales de su jefe, Francisco Labastida (abanderado presidencial del PRI), cuya mano ha estado atrás de la escalada para privatizar a la UNAM.
3. El pliego estudiantil que dio origen a la huelga no ha sido atendido por las autoridades, como sostiene la propaganda oficial, pues como lo recuerdan los estudiantes: a) el Reglamento General de Pagos ha sido sustituido por otro, también anticonstitucional, que reproduce sus mismos vicios; b) el semestre está en riesgo de perderse por la irresponsabilidad de las autoridades empeñadas en prolongar el conflicto con su intransigencia; c) la promesa de ``amnistía'' como ``el desistimiento de sancionar'' que ofrecen las autoridades es para quienes hayan cometido faltas o ilícitos, y la huelga es un derecho; y, en fin, d) las autoridades no quieren saber nada de un espacio para el diálogo ni mucho menos de un congreso, como tampoco de e) echar abajo las modificaciones reglamentarias de 1997 ni de f) desvincular a la UNAM de la evaluación del Ceneval.
4. El rector Barnés ha seguido con las decenas de miles de estudiantes inconformes con su gestión la misma política que Carlos Salinas con sus detractores: no los ve ni los oye. Se sigue negando a reconocer al CGH como el legítimo interlocutor de los estudiantes, y, en el colmo del absurdo, a casi dos meses de iniciado el movimiento, no quiere establecer un diálogo directo y resolutivo con éste. Ha preferido, en su sinrazón, recurrir a todos los ardides del priísmo, sin importarle las pérdidas incuantificables que le está infringiendo a la UNAM y al país, y que a estas alturas ya nadie duda que son su responsabilidad y de su equipó.
5. La ineptitud y mala fe de las autoridades universitarias para enfrentar el conflicto que ellas mismas crearon ha ido aunada a una tortuosa pretensión de sacar ventajas políticas. El rector no sólo ignoró al movimiento estudiantil y al CGH, su legítima representación, sino que guiado por la mano de la Secretaría de Gobernación decidió ``negociar'' la huelga nada menos que con el PRD. En una serie de entrevistas secretas, según lo documentaron Carlos Ramírez (El Universal, 7 de junio) y Alejandro Olmos (El Universal, 13 de junio), una delegación de la UNAM, encabezada por el físico Sergio Reyes Luján (asesor de Barnés), negoció el nuevo reglamento, que según la rectoría desactivaría la huelga, con una delegación del PRD capitalino, encabezada por Ricardo Pascoe (delegado en Benito Juárez), y Carlos Imaz, que hasta ahora no se sabe a título de quién hablaron. Sin embargo, el problema no es sólo que los negociadores que se pasaron de listos no tenían representación alguna, sino que el nuevo reglamento también es violatorio del orden legal del país.
6. La lógica oficial ha sido muy clara en el conflicto de la UNAM: todo lo que está fuera del escenario ``institucional'' de los partidos es inexistente. La voz de las facultades y escuelas de la UNAM que se expresa de manera democrática, pero fuera del marco del ``sistema'', es inaceptable: todo lo que no es coptable o chayoteable, es ultra.
7. El nuevo Reglamento General de Pagos por trámites escolares y servicios educativos, aprobado por el Consejo Universitario el 7 de junio, y que sustituye al del 15 de marzo, sigue siendo violatorio del principio constitucional de la gratuidad de la educación pública, pues no suprime las cuotas de inscripción, sino que las llama ``pagos'' de inscripción, no les quita su carácter obligatorio, sino que lo mantiene, pues dice que ``se deben cubrir'' (art. 1) y que ``serán cubiertos'' en ciertos plazos y términos (art. 2), y sólo mantiene la misma excepción del reglamento impugnado del 15 de marzo para quienes se asuman como menesterosos (art. 4), con la salvedad de que ahora no serán investigados. Pero algo más: el nuevo reglamento establece cuotas (o pagos) por exámenes (art. 6) y por diversos servicios (arts. 7 y 8), fijados estos últimos de manera discrecional por las autoridades (art. 7).
8. La expedición del nuevo reglamento reproduce, por otra parte, los vicios del anterior, no sólo en el fondo, sino también en la forma. No fue hecho del conocimiento de la comunidad universitaria y fue aprobado por la misma disciplinada mayoría mecánica de un Consejo Universitario que no asumió sus responsabilidades por el simple hecho de que no es un órgano representativo de la comunidad, sino del rector: y que por ello no responde a los intereses de la UNAM, sino a los del gobierno.
9. ¿No es acaso urgente un congreso universitario tan sólo por lo acontecido, para que redefina al Consejo Universitario, y haga de éste un verdadero contrapeso al rector, a fin de terminar con el autoritarismo y la corrupción prevalecientes?
10. Las autoridades del país y de la UNAM no han entendido que el movimiento estudiantil de 1999 es un fenómeno político y social inédito que, al resistir los embates del ``sistema'', está planteando una transformación de la universidad pública para bien de México.