Ha ocurrido un hecho político de la mayor gravedad: el candidato a gobernador del Estado de México postulado por el PRI, Arturo Montiel Rojas, difunde un mensaje en radio y televisión en el que promete violar los derechos humanos de los presuntos delincuentes, considerándolos como ``ratas'' y negándoles su pertenencia a la humanidad.

Nunca había ocurrido algo semejante. Nadie, ni siquiera los asesinos de Aguas Blancas y de Acteal, habían proclamado abiertamente su decisión de atropellar los derechos humanos universalmente aceptados.

Lo que hace el candidato Montiel se asemeja a quienes en la Colonia, inmediatamente después de la conquista, negaron que los indios fueran humanos, ``hijos de Dios'', y a quienes durante el nazismo negaron calidad humana a los judíos como cobertura del intento de su exterminio.

El candidato Montiel llama ``ratas'' a los delincuentes, pero no usa este término en la forma peyorativa y de repudio que cualquiera puede adoptar frente a los ladrones o asesinos, sino que separa a éstos del resto de los seres humanos, lo que podría hacer también tratándose de cualquier otro tipo de personas, si acaso con ello calculara obtener el apoyo de algunos electores.

No se trata, sin embargo, de una simple maniobra para atraer votantes hacia un partido que se ha mostrado incapaz de organizar cuerpos policíacos al servicio de la gente, sino de la expresión de una mentalidad extremadamente autoritaria y fascista.

Convocar a la violación de los derechos humanos de cualquier persona es un hecho de extrema gravedad, que recoge los instintos más bajos que desgraciadamente aún existen.

Si el señor Montiel llegara a ser gobernador del Estado de México ten- dríamos en el poder de esa entidad a un confeso operador de la violación de los derechos humanos, a un torturador, a un servidor público que hace alarde de la violación de la ley.

Por otro lado, las autoridades no deberían permitir que a través de la radio y la televisión se prometiera la violación de los derechos humanos, pues ello atenta contra la legalidad vigente en el país, hace apología del delito y convierte a los medios de información en cómplices de la transgresión de la ley.

No estamos ante el caso de la libertad de expresión del señor Montiel, sino de un ataque contra los derechos humanos en general, pues el que llama a violar éstos, así se trate de ofender a cualquier persona o grupo de la sociedad, ataca las bases fundamentales de convivencia de la sociedad actual.

La explicable irritación del pueblo ante la delincuencia no debe llevar a nadie a fomentar o a tolerar las convocatorias dirigidas a aplastar la legalidad: el candidato Montiel se ha convertido en una amenaza contra el régimen jurídico del país; cuando el PRI le permite a su propio candidato a gobernador una trasgresión de la gravedad de ésta, lo que está haciendo es asumir el hecho como propio.

La histeria no podrá conducir más que al fomento de la intolerancia y la transgresión de la ley. Hay que detener esa histeria y combatir, con las armas de la legalidad y la fuerza organizada de la sociedad, tanto a los delincuentes como a los instigadores de la violación de las garantías constitucionales y los derechos humanos.