Miguel Concha
El candidato y las ratas

La metáfora que en sus promocionales de campaña utiliza el candidato del PRI a gobernador del estado de México es absurda y ofensiva. Declarar que los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas -refiriéndose a los presuntos delincuentes-, es negar el respeto a la dignidad a la que tenemos derecho todas las personas por el solo hecho de serlo; es asumir una actitud opuesta a los postulados que deben regir a todo gobierno democrático y refleja un autoritarismo que debe ser rechazado. Esas manifestaciones revelan también un profundo desconocimiento de la naturaleza ética y jurídica de los derechos humanos y de nuestra Constitución. Los derechos humanos y la Constitución obligan --aunque no nos guste-- a que aun el peor de los delincuentes sea tratado como ser humano.

Negar los derechos humanos de cualquiera representa una actitud autoritaria contraria a nuestro sistema de justicia, que convierte al gobierno que los niega en un infractor de nuestros principios básicos como sociedad civilizada.

Los mensajes empleados por ese candidato hacen eco a las campañas emprendidas injustamente contra los organismos públicos y privados defensores de derechos humanos, de los que falsamente se dice que defienden delincuentes. En todos los países civilizados el ombudsman y las ONG no defienden a las personas por su calidad moral o por su buena conducta, defienden a cualquier víctima de un abuso de autoridad.

No es ético apelar --para ganar votos ilegítimamente--, al temor plenamente justificado y al instinto de venganza, explicable pero inadmisible en sus efectos, de los sectores de la población lastimados o preocupados por la inseguridad y la delincuencia. Y resulta muy peligroso declarar implícitamente en tales anuncios que, con el pretexto de reducir la inseguridad, se violentarán las libertades y los derechos básicos. Se olvida que en la lucha por la consolidación de un Estado democrático, la observancia y protección de los derechos humanos es fundamental. El respeto a los derechos humanos no impide, nunca lo ha hecho, la persecución de los delitos ni la aplicación de las sanciones a los transgresores de la ley.

Los organismos de derechos humanos no son los causantes de la inseguridad ni del aumento de la delincuencia ni de la deplorable procuración de justicia. Desde hace más de medio siglo --mucho antes de que existieran los organismos de defensa de los derechos humanos-- la impunidad en el Distrito Federal ha sido superior a 90 por ciento. Actualmente de cada 100 delitos que se denuncian, sólo en tres de ellos el presunto responsable es llevado al juez penal.

El desastre de nuestra seguridad pública y de nuestra procuración de justicia tiene dos causas fundamentales: la crisis económica que empobrece cada vez más a mayor número de personas y la incapacidad, negligencia, abuso y corrupción de los aparatos de seguridad pública y de procuración de justicia. Los organismos de derechos humanos lejos de ser factores del desastre han impedido que éste sea peor.

Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha atendido a más de 5 mil víctimas que, además del daño delictivo, han sufrido denegación de justicia por dilación, negligencia o corrupción del Ministerio Público. En la mayoría de los casos la CDHDF ha logrado que el MP rectifique y el asunto se resuelva a favor de la víctima. En cambio, la Comisión ha recibido menos de 2 mil quejas de presuntos delincuentes y en ningún caso, en ninguno, ha sucedido que, por las acciones del ombudsman, el presunto delincuente haya salido libre indebidamente o haya logrado la impunidad.

Como lo ha señalado repetidamente la propia Comisión, es indispensable y urgente profesionalizar a los servidores públicos encargados de la seguridad pública, la procuración de justicia y la ejecución de sanciones penales. Convendría que el candidato a gobernador del estado de México que tiene los índices más altos de aumento de la delincuencia, se abstuviera de hacer metáforas burdas, equivocadas y engañosas sobre las ratas, y explicara directa y claramente qué va a hacer, si llega a gobernador, para resolver en esa entidad el desastre, el más grave en toda la República, de la seguridad pública y la procuración de justicia.