PRI: CUESTION DE TRANSPARENCIA

Mientras Francisco Labastida, aspirante priísta a la candidatura presidencial, anunciaba que buscará recaudar 300 millones de pesos para financiar su precampaña, miembros de la fracción del PRI en el Senado de la República presentaban una propuesta que pretende dar marcha atrás a la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, y acotar severamente las posibilidades de fiscalización de campañas, establecimiento de coaliciones y conformación de candidaturas comunes incluidas en la iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada recientemente por los diputados.

Aunque no existen evidencias para suponer que ambas acciones formen parte de una estrategia coordinada, sí tienen fuertes implicaciones en la organización y control del proceso electoral del 2000 y en la consolidación democrática del país. Por principio de cuentas, resulta sorprendente que Labastida señale, cuando todavía su propio partido no define los topes a los que deberán ceñirse los precandidatos priístas en sus actos de proselitismo, que intentará obtener 300 millones de pesos para su precampaña, pues tal cantidad resulta excesiva tanto porque se destinaría a un proceso de selección interna, que no es una campaña formal, como porque su gasto en estos asuntos contrastaría terriblemente con la penuria económica en la que se encuentran millones de mexicanos.

Y aunque Labastida y sus colaboradores han reiterado que no se trata de un ''pase de charola'' -buena parte de los fondos se obtendrían, señalaron, de cenas y otros actos- habría que permanecer alerta sobre los posibles compromisos inherentes a la canalización de capitales privados a candidatos, o aspirantes a tales, cualquiera que sea el partido al que pertenezcan. Como ha sucedido en el pasado, la entrega de recursos por parte de empresarios a políticos en campaña ha estado asociada con la búsqueda o la concesión de privilegios o prebendas, una vez que los beneficiados alcanzan cargos públicos. Si un aspirante priísta reconoce que buscará obtener recursos tan importantes para su precampaña, sin que existan en el tricolor reglas claras y topes para ello, Ƒqué puede esperarse una vez que el PRI postule a su candidato presidencial, cuando legisladores de ese instituto político presentan una propuesta que intenta mermar la capacidad de fisca- lización del IFE en lo concer- niente al financiamiento de las campañas electorales, y revertir el carácter ciudadano y autónomo de ese organismo?

En este sentido, resulta claro que el PRI ha optado por endurecer su posición para frenar -esgrimiendo la posibilidad de dar marcha atrás a algunos de los más importantes logros democráticos del país, como son la autonomía y el carácter ciudadano del IFE- cualquier posibilidad de que las reformas al Cofipe, aprobadas por las bancadas opositoras en la Cámara de Diputados, sean ratificadas en el Senado. Reducir las atribuciones y el papel del IFE en la organización y control de los comicios federales equivaldría a un grave retroceso para México y, por ende, se traduciría en una merma de la credibilidad y de la confiabilidad de las próximas elecciones federales, circunstancias que en nada ayudarían al desarrollo del país y sólo suscitarían indeseables tensiones y sospechas.

Si el PRI pretende realmente convertirse en una institución democrática y aspira a conducirse en todo momento de manera transparente y de cara a la sociedad, bien haría en no repetir viejas prácticas corporativas y clientelares, en propiciar la aprobación de un Cofipe más abierto y equitativo, y en abrirse, sin reservas, como deben hacerlo todos los partidos, al escrutinio del IFE en materia de captación y erogación de recursos con fines electorales.