n Dar control político al partido mayoritario, objetivo
Acuerdan diputados reformas a la Ley Orgánica del Congreso
Enrique Méndez y Ciro Pérez n En la Cámara de Diputados se llegó finalmente a un acuerdo en torno del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en el que se plantean modificaciones para el gobierno político y administrativo, mediante la sustitución de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) por una Junta de Coordinación Política, que estaría presidida durante toda la legislatura por el partido con mayoría absoluta, y si ninguna fuerza reuniera ese requisito, la dirección sería por un año y de manera rotativa.
Las reformas van encaminadas a que el partido mayoritario tenga el control político, y a ampliar los tiempos de permanencia en la conducción de los órganos de gobierno, según se desprende del dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que será presentado este martes para su discusión al pleno de la cámara baja.
Otro de los cambios torales propuestos son la integración de una "mesa de decanos", como un órgano de transición entre una legislatura y otra. Asimismo, se modifica la estructura de la mesa directiva, cuyos integrantes serán electos por mayoría calificada y por un año, no por mes, como en la actualidad. Además, podrán reelegirse, con base en evaluaciones de su trabajo. Igualmente, se plantea reducir a 27 el número de comisiones de trabajo permanentes, y sólo quedaría el Comité de Información, Gestoría y Quejas.
El dictamen consideró trece iniciativas presentadas en la materia por distintos grupos parlamentarios, algunas desde 1988, aunque la discusión se centró en el proyecto elaborado por el coordinador de la fracción del PRD en esta cámara, Pablo Gómez.
Hasta el jueves, de acuerdo con el diputado panista César Jáuregui, se habían resuelto siete de las catorce principales diferencias entre las bancadas de Acción Nacional y PRI. El resto se habrían destrabado el viernes, cuando el panista se entrevistó durante casi todo el día con el coordinador de los diputados del tricolor, Arturo Núñez Jiménez.
Por su parte, el vicecoordinador del PRD, Jesús Martín del Campo, opinó que el principal obstáculo que puso el PRI para sacar el dictamen fue por el control económico y político de la Cámara de Diputados, pues si bien el interés fundamental de la fracción priísta no era exclusivamente por los recursos, sí al menos por asegurarse un medio para garantizar votos a sus iniciativas mediante "procurar bien" a los grupos parlamentarios pequeños.
El documento plantea que el actual modelo de dirección política, la CRICP, ha sido rebasado por la realidad política y debe ser sustituido por un órgano en el que se exprese la pluralidad de la Cámara. Para el control se prevén dos vías: la Junta de Coordinación Política, que sería presidida por el partido que obtuviera la mayoría absoluta durante los tres años de la legislatura; y en caso de que ningún partido contara con esa mayoría absoluta, entonces la presidencia tendría una duración anual y sería ocupada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de las tres principales fuerzas, comenzado por el que tenga mayor representación y así sucesivamente.
Dicha junta quedaría instalada a más tardar en la segunda sesión ordinaria, una vez iniciada la legislatura. Sesionaría cuando menos una vez a la semana, y sus decisiones se adoptarían por mayoría absoluta, con el propósito de impulsar entendimientos y convergencias políticas de manera colegiada.
Entre sus atribuciones resalta el presentar al pleno el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara, así como asignar los recursos humanos, materiales y financieros a todos los grupos parlamentarios.
Por lo que se refiere a la mesa directiva, que es el órgano de dirección parlamentaria, se busca que su integración permita superar el interés estrictamente partidario y se convierta en un espacio "de servicio al pleno", más que en un mecanismo interno de equilibrio entre las fuerzas políticas.
Por ello, su composición no se hará por la afiliación a un partido político, sino mediante la elección, con base en una lista de siete diputados de todos los grupos, para alentar, desde el inicio de la legislatura, consensos entre las fracciones que permitan fortalecer la autoridad de esta instancia. Incluso, la elección será por mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores.
De esta forma, y como ningún grupo parlamentario puede contar con más de 300 diputados (60 por ciento), ningún partido podrá elegir a los integrantes de la mesa directiva, por lo que será necesario negociar entre dos fracciones partidarias. Si un partido tiene la mayoría absoluta, por sí mismo no decidirá la integración de la mesa, pues otro grupo político que tenga al menos 34 por ciento de integrantes del pleno podría vetar a alguno de los integrantes de esa mesa, si a su juicio no tiene una actitud incluyente.