Hay varias razones para que, al menos en estos momentos, se suspenda el ánimo gubernamental por privatizar la industria eléctrica mexicana y se abra una serena reflexión sobre las características que deberá asumir su incuestionable reforma.

La primera, sin duda de la mayor importancia, es la falta de consenso en torno a la modificación de dos aspectos que tradicionalmente han estado en el núcleo mismo de nuestra constitución como nación: la propiedad originaria nacional de los recursos naturales, y la responsabilidad estatal de los bienes públicos, fundamentales y estratégicos. Un cambio en este sentido debería implicar varios esfuerzos por alcanzar un consenso nacional, garantizando para ello una intensa y extendida discusión, luego de la cual ųnunca antesų podría someterse a una decisión de mayorías. No es el caso, al menos todavía. El debate actual, sin duda significativo ųde pronto utilizado como mera coartada por los apresurados funcionarios que se obsesionan en el cambio constitucionalų se ha visto afectado por las constantes amenazas y visiones catastrofistas del gobierno y, tristemente, se ha mezclado ya con un recrudecimiento de las pugnas de los grupos de poder económico y político ųnacionales y extranjerosų, en ocasión de una compleja coyuntura electoral.

Una segunda es la relativa al virtuoso comportamiento de la industria eléctrica mexicana, no obstante sus debilidades. Si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuera una empresa ineficiente e improductiva, y Luz y Fuerza del Centro no tuviera perspectivas serias de reforma, la privatización podría tener más legitimidad, siempre y cuando se mostraran las alternativas para superar los serios inconvenientes que, al menos en Inglaterra, Argentina y Chile, ha generado la reforma. Pero no es el caso, a pesar de la lamentable y demagógica campaña contra ambos organismos, emprendida ųadmirémonosų por los mismos que han vigilado su comportamiento, determinado sus programas de desarrollo e inversión, y definido sus lineamientos estratégicos.

En tercer lugar, la optimista perspectiva para la demanda de electricidad en los próximos años ųdada la dinámica de la economíaų de los usuarios y del consumo sectorial y regional, que permite pensar en condiciones propicias para un fortalecimiento de la industria, ni más ni menos porque tiene garantizada la venta de una creciente producción.

La cuarta, vinculada indefectiblemente a las dos anteriores, es la posibilidad de acrecentar la robustez financiera de la industria eléctrica por tres vías: 1) El ingreso a una dinámica de costos decrecientes merced al cambio tecnológico que, de hecho, comenzó hace varios años con la instalación de las primeras plantas de ciclo combinado a gas, que registraron una eficiencia y una disponibilidad mayores, y que continúa con los exitosos y demandados proyectos de productores independientes que, a pesar de una serie de dificultades, permiten garantizar energía eléctrica a menor costo en la red nacional a cargo de CFE y de Luz y Fuerza del Centro, lo que, en el mediano plazo, podría traducirse en menores precios en el caso de usuarios que no reciben subsidio, y en elevaciones menos drásticas para los que el subsidio deba racionalizarse; 2) La autonomía para establecer un sólido esquema de determinación de costos y, con base en él, definir una adecuada y justa política de tarifas eléctricas para mediano y largo plazos, que robustezca la capacidad financiera de la industria y dé certidumbre a los usuarios respecto al nivel de los precios; 3) La entrega a la industria del subsidio a los usuarios que socialmente lo requieran, pues éste, como cualquier otro subsidio, es responsabilidad gubernamental y no de las empresas eléctricas.

Finalmente, una quinta razón es el ánimo mostrado por la mayoría de los obreros, técnicos, profesioniales e, incluso, cuadros directivos del sector eléctrico, de impulsar el mejoramiento permanente de la industria, incluso como condición para conservar su carácter nacional. Más allá de la demagogia que pudiera ligarse a esta determinación, no es un asunto menor, ni mucho menos despreciable, contar con ese apoyo para realizar una reforma de fondo sin modificar el estatuto constitucional de la industria. ƑNo vale la pena, entonces, redefinir la estrategia de la reforma de la industria eléctrica, considerando, al menos, estas cinco realidades? Da la impresión que sí. Podría corresponder a un nuevo gobierno ųde la orientación que seaų reabrir desde su inicio esta discusión y buscar un amplio consenso.