CNDH: RESULTADO DESIGUAL
En el informe anual rendido ayer por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, llama la atención, en primer lugar, el señalamiento sobre la indignante y alarmante persistencia de la tortura como práctica frecuente en las corporaciones policiales y militares del país.
En tanto este delito, degradante y vergonzoso, siga siendo recurso habitual y extendido por los malos servidores públicos --una realidad señalada no sólo por Roccatti, sino también por diversos organismos humanitarios nacionales y extranjeros--, difícilmente podrá hablarse de un pleno estado de derecho en el país, y la voluntad gubernamental para combatirlo --manifestada ayer por el presidente Zedillo-- seguirá sujeta a demostración.
En el lado positivo, han de destacarse los señalamientos de Mireille Roccatti sobre los avances logrados en la ciudadanía de la cultura de los derechos humanos, un asunto al que también se refirió el mandatario en su réplica a la ombudsman, así como la progresiva aceptación de la CNDH y de sus recomendaciones entre diversas instancias del poder público.
Por otra parte, resultan inocultables las omisiones de la titular de la CNDH a dos temas que le han valido a la institución señalamientos críticos procedentes de organizaciones no gubernamentales de México y del extranjero: la falta de seguimiento a las recomendaciones que el organismo ha enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional --varios de cuyos efectivos han sido acusados de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero--, así como la poco convincente actuación de la comisión ante la matanza de Acteal, perpetrada en Chiapas en diciembre de 1997. El silencio sobre esos dos temas difícilmente contribuye a consolidar el prestigio, la credibilidad y la autoridad moral que la CNDH requiere para preservar y defender los derechos humanos de manera eficaz.
Finalmente, ha de destacarse el crédito otorgado por la presidenta de la institución a las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden los derechos fundamentales, las cuales fueron precursoras del organismo oficial y realizan, hoy día, tareas imprescindibles e invaluables de coadyuvancia, información, vinculación, gestión y denuncia.