La última obra de teatro montada por el gobierno en Chiapas duró apenas dos meses. Comenzó el 29 de marzo con el anuncio en radio, televisión y prensa sobre la deserción de un grupo de zapatistas. Terminó el 25 de mayo, cuando la policía detuvo a tres personas en el municipio autónomo 17 de Noviembre, e inauguró una nueva escalada policiaco-militar en la zona de conflicto.

La primera y más anunciada reinserción de un supuesto grupo de rebeldes ocurrió apenas ocho días después de la exitosa consulta nacional sobre derechos indígenas organizada por el EZLN. Con ella se buscaba decirle a México y al mundo que los zapatistas estaban perdiendo aceleradamente apoyo, y que las políticas gubernamentales tenían éxito. Muy pronto, el gozo oficial se fue al pozo. Varios de los campesinos que participaron en la entrega de armas y pasamontañas contaron a la prensa nacional que nunca habían sido zapatistas, o que habían dejado de serlo desde 1995, y que habían participado en la puesta en escena porque el gobernador les había ofrecido apoyos económicos y materiales. Algunos hasta resultaron ser parte del grupo paramilitar MIRA. No obstante el descalabro, el mismo plan se siguió ensayando en otras comunidades.

Pero una cosa son los golpes publicitarios y otra la situación dentro de las comunidades indígenas rebeldes. La consulta del 21 de marzo tuvo como resultado inmediato dentro de Chiapas el fortalecer las posiciones del EZLN y la unidad con organizaciones campesinas que, sin estar de acuerdo con el uso de las armas, comparten con los zapatistas sus demandas. Muchas de esas organizaciones participan activamente en el gobierno de los municipios autónomos. Los 5 mil delegados que recorrieron el país regresaron a sus pueblos llenos de energía y experiencias, con la sensación de contar con una significativa solidaridad y la convicción de la justeza de su causa. Esa nueva fuerza se tradujo en la expansión de su influencia en el territorio y en la población.

Simultáneamente, el esquema de contención hacia el zapatismo usando a los grupos paramilitares padece fuertes dificultades operativas. La cohesión interna de estos grupos ha comenzado a sufrir resquebrajaduras. Con el gobierno del estado en su "año de Hidalgo", el financiamiento no fluye adecuadamente, y un monto importante se queda en los mandos principales y no baja a la tropa. Además, la masacre de Acteal y el escándalo internacional que provocó obligó a limitar parcialmente su beligerancia, y a usarlo en tareas de delación.

Marcos ha reaparecido de nuevo. Ha dado entrevistas a distintos medios informativos que desean conocer su punto de vista sobre la coyuntura electoral, y se ha reunido con representantes de la UNAM y de varios movimientos populares. La resistencia en contra de la privatización eléctrica y del patrimonio cultural, la reanimación de la lucha magisterial democrática y el renacimiento del movimiento estudiantil tienen en el zapatismo un punto de apoyo y una fuente de inspiración.

Finalmente, la renuncia al PRI de Pablo Salazar y el inicio de su campaña electoral han propiciado un proceso de convergencia de diversas fuerzas políticas y sociales por afuera del partido oficial, que pone en aprietos las ambiciones del gobernador Albores.

Es en este contexto en el que el gobierno decidió clausurar su última temporada de teatro, y regresar al viejo libreto de la escalada militar. Entre el 25 de mayo y el 14 de junio el Ejército y Seguridad Pública realizaron cuando menos una acción de fuerza por día. Incursiones militares, detención de civiles, patrullajes, cateos de casas, instalación de campamentos militares, retenes han vuelto a ser la "medicina" aplicada para combatir la enfermedad rebelde. Como en otras ocasiones, el hostigamiento no se concentra exclusivamente en los pueblos zapatistas, sino que se dirige, también, en contra de organizaciones campesinas democráticas.

El nombramiento de Diódoro Carrasco como secretario de Gobernación quiso presentarse como una señal positiva en el camino de desamarrar el nudo chiapaneco. Pronto ha quedado en evidencia que pueden cambiar los funcionarios, pero las políticas siguen. El pasado 5 de enero ante el cuerpo diplomático, el entonces secretario de Gobernación confesó que la política hacia el EZLN no era buscar la paz, sino la solución del conflicto. Lo único que se modificó estos días en Chiapas fue la escenografía y los rostros de algunos actores. La política de fuerza sigue.