El que las cuotas obligatorias de la UNAM se hayan transformado en aportaciones voluntarias, es una conquista del actual movimiento estudiantil, que representa un alto a la política neoliberal en la educación, una defensa del artículo 3Ɔ constitucional y una exigencia para que el Estado no abandone su función de garante de la educación en todos los niveles y para todos los mexicanos y mexicanas.
El actual conflicto universitario también ha tenido otras enseñanzas. Ha mostrado que la ideología del mercado no ha sido absorbida por grandes actores sociales de nuestro país; que la descalificación del inconforme no funciona cuando las ideas y el movimiento social es auténtico; que el autoritarismo de la tecnocracia sólo provoca al que no concuerda; que el gasto de miles de millones de pesos en propaganda es absurdo cuando las ideas no convencen; que por más que las políticas de organismos internacionales quieran imponerse, la organización y resistencia social es a veces más fuerte.
Este logro del estudiantado tiene además, grandes repercusiones para otras universidades públicas y para otros sectores en donde el afán privatizador está presente. Me refiero específicamente al sector eléctrico. Esperemos que la resistencia y logro de los jóvenes universitarios permita mostrar a los legisladores federales, que el cambio de los artículos 27 y 28 constitucional no debe ser aprobado si no existe convencimiento y consenso.
De diversas maneras se ha expresado el riesgo técnico y de soberanía nacional que implicaría aprobar la propuesta del Ejecutivo en materia de reforma eléctrica. Resumo algunos de los muchos argumentos que se han vertido a lo largo de los últimos cuatro meses.
1. La competencia en la generación supone una red muy condensada de líneas de transmisión, situación que no sólo no existe en la actualidad en México, sino que es difícil suponer que cambie, ya que en la propuesta del Ejecutivo, una sola compañía privada tendría la concesión de toda la línea de transmisión.
2. De acuerdo con la propuesta de reforma, la competencia se dará en función del desarrollo de un mercado eléctrico mayorista que dará prioridad a aquél que ofrezca menores costos. Esta situación no ha podido establecerse claramente en ninguno de los países que ha optado por este tipo de reforma y, además, tiende a orientar la generación a una baja diversificación de fuentes primarias de energía.
3. La inversión del sector privado estará sujeta a la ganancia que se pueda obtener por la venta del producto. Esto hace que los márgenes de reserva (necesarios en cualquier sistema para fallas y cambios instantáneos en la demanda) disminuyan enormemente.
4. La calidad del servicio eléctrico está definida técnicamente por la continuidad, la regulación del voltaje y el control de la frecuencia. Para que ello ocurra, los sistemas eléctricos deben concebirse y operarse como un conjunto donde los elementos y funciones estén estrechamente relacionados. La desintegración en compañías de generación, transmisión y distribución hace mucho más complicada la regulación del sistema, generando mayor riesgo en la calidad del suministro.
5. Para los usuarios conectados a la red de distribución, no existirá la competencia. Estos usuarios serán cautivos de una empresa privada que tendrá la concesión de la distribución regional. De acuerdo con la iniciativa de reforma, estos clientes se verán beneficiados por la disminución de los costos derivados de la competencia en generación. Sin embargo, esto no es más que un deseo que parte del supuesto de que los costos de generación tenderán a disminuir, situación difícil de comprobar.
6. El sector eléctrico mexicano no se encuentra en crisis, muestra de ello son los resultados financieros positivos de CFE y la contratación reciente de cerca de 4 mil mw por mecanismos de producción independiente y CAT.
7. Las alternativas al financiamiento y mejora del servicio del sector existen a través de las compañías estatales, promoviendo su regulación, vigilancia y autonomía. Revisando políticas de subsidio, promoviendo programas de uso eficiente de la energía, haciendo más eficientes los mecanismos de financiamiento privado que actualmente se utilizan, revisando la posibilidad de crear fondos de respaldo ante desequilibrios financieros, bursatilizando una parte de sus acciones y eliminando vicios de corrupción y favoritismo.
De diversas maneras se ha mostrado el rechazo a la propuesta del Ejecutivo federal por modificar los artículos 27 y 28 en materia eléctrica. Esto fue lo que impidió que la propuesta fuera aprobada en el pasado periodo de sesiones del Congreso de la Unión, Hasta donde han dado a conocer los medios de comunicación, la propuesta sigue siendo la misma, así que no veo porqué los legisladores que se opusieron a la propuesta estén en condiciones de aprobarla. Si hay cambios a la reforma original planteada, sería prudente que lo dieran a conocer a la opinión pública para permitir a los expertos, a los trabajadores electricistas y al pueblo en general, opinar sobre la propuesta. Esperemos que de algo sirvan las enseñanzas de la UNAM. Los legisladores tienen la palabra.