* Rindió en Los Pinos su informe de labores como responsable de la CNDH

Contra PGR y Sedena, la mayoría de quejas por tortura: Roccatti

* Dijo mantener con ONG una relación de colaboración y respeto; "fortalecen el estado de derecho"

Gustavo Castillo y Rosa Elvira Vargas * En México persiste la práctica de la tortura. Así lo certifican las quejas que por ese delito sigue recibiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en su informe de labores correspondiente a 1998 reportó 21 casos y ubica a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como las dos principales dependencias en las que hay "servidores públicos presuntamente responsables de hechos de tortura". Le siguen diez instituciones más, entre federales y estatales.

De igual modo, las autoridades señaladas con mayor frecuencia en las 8 mil 330 quejas presentadas durante 1998 ante la comisión fueron de la PGR, el Seguro Social, la Sedena, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda, el ISSSTE, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Gobierno del Distrito Federal.

Entre las instancias públicas que han merecido el mayor número de recomendaciones de la comisión se encuentra, en primer lugar, el gobierno de Chiapas, con 11; la PGR y el IMSS, con ocho, y cinco para la Secretaría de Salud. Los gobiernos de Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y el Distrito Federal recibieron cuatro cada uno.

Aunque la CNDH ubica las quejas sobre tortura en el lugar 32 en la frecuencia de denuncias recibidas, su titular, Mireille Roccatti, dijo que ese delito se ha combatido de manera frontal, pero se requiere una coordinación entre la sociedad y las instituciones públicas y privadas "para denunciar y llevar con estricto rigor legal a los responsables hasta la sentencia que se les imponga, con el fin de suprimir esa práctica de barbarie''.

Señaló que la tortura es una "conducta típica que ofende gravemente a la sociedad, se opone al estado de derecho y denigra profundamente la dignidad de quien la padece".

En el que podría ser su último informe de labores, luego de las recientes reformas constitucionales sobre la operación de la CNDH, Roccatti informó que entre enero y diciembre de 1998 la comisión emitió por esa práctica seis recomendaciones en contra de los servidores públicos que resultaron responsables.

Además de las citadas, las dependencias en las que se han dado hechos que originaron quejas por tortura son la Procuraduría de Justicia de Veracruz, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Dirección General de la Policía Federal de Caminos y las procuradurías de Justicia de Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero y Puebla, al igual que el Tribunal Superior de Justicia de esta última entidad.

La CNDH precisa que de las denuncias por tortura recibidas en el lapso de su informe, 14 corresponden a hechos ocurridos en 1998, cinco en 1997, uno en 1996 y otro más en 1995. Del total, 14 están dirigidas a la PGR y ocho a la Sedena.

Asimismo, de las seis recomendaciones emitidas, dos fueron dirigidas a la PGR y el resto se dividió entre los gobernadores de Guerrero, Puebla, Sonora y Veracruz.

La ombudsman puntualizó que en la lucha contra la violencia nadie ųpersona o agrupaciónų está autorizado a alterar el orden social. "Preservar la seguridad pública y combatir la delincuencia mediante las medidas adecuadas de prevención y la aplicación exacta de la ley son imperativos, porque la impunidad desalienta a los que trabajan por el bienestar general", subrayó.

Al informe de Roccatti correspondió una respuesta del presidente Ernesto Zedillo, durante la ceremonia realizada ayer en Los Pinos. El jefe del Ejecutivo no aludió a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.

La ombudsman precisó, sin embargo, que la CNDH tiene con aquéllas una relación de colaboración y respeto: "Entendemos que se guían con la finalidad exclusiva de fortalecer el estado de derecho".

Sus actividades, asumió, "llevan implícito el objetivo de que la defensa de los derechos humanos sea oportuna, aun cuando se guían por estrategias, técnicas y métodos diversos".

Expuso que "la seriedad de esos organismos se evidencia cuando se pronuncian de manera objetiva e imparcial en apoyo a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y en contra de la impunidad, la corrupción y todos los vicios e irregularidades que enturbian o dificultan la buena administración pública".

Por ello, ofreció que "todas las propuestas en ese sentido seguirán teniendo aceptación, porque la conjunción de esfuerzos constituye la garantía de una defensa integral y adecuada a favor de personas y grupos que están situación vulnerable".

Indicó que el trabajo coordinado de la CNDH y las organizaciones civiles "ha sido fundamental en el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la sociedad".

Obsequiada con un largo aplauso al término de su informe, Roccatti indicó que trabajar por los derechos fundamentales debe hacerse lejos de la demagogia, la manipulación o la búsqueda de imagen.

En la defensa y protección de los derechos humanos se requiere firmeza, sensatez, serenidad, conocimiento y prudencia; es un ejercicio en el cual se pulsan fibras de alta sensibilidad y se guía por principios eminentemente sociales y humanitarios, agregó.

"En materia de derechos humanos ųsubrayó enseguidaų, el fin no justifica los medios, por lo que, ante la necesidad de juzgar a una persona, deben invocarse la justicia y la equidad, aplicando la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza."

La ombudsman informó que los motivos de queja más frecuentes que llegan a su conocimiento se refieren a la negativa del derecho de petición, dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional, negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, retención ilegal, negligencia médica y trato cruel o degradante, así como el decomiso indebido de bienes.

Hizo un recuento de lo que ha sido la actividad de la CNDH desde su fundación hasta diciembre de 1998. Dijo que se ha concluido 98.4 por ciento de las quejas presentadas, y que de un total de mil 380 recomendaciones emitidas, 71 por ciento se cumplieron en su totalidad, mientras que 23 por ciento están parcialmente cumplidas y 3 por ciento no fueron aceptadas.

Destacó que en el cumplimiento de las recomendaciones resultaron sancionados, en estos nueve años, 3 mil 118 servidores públicos, de los cuales mil 506 son del ámbito federal, mil 548 de gobiernos estatales y 64 municipales.

Respecto al Programa de Asuntos Indígenas, Roccatti informó que durante 1998 se denunciaron 308 actos violatorios de los derechos humanos, principalmente por motivos de detención arbitraria, imputación falseada de hechos, amenazas, ejercicio indebido de la función pública, retención ilegal, intimidación y dilación en la procuración de justicia.

Mencionó que la Coordinación para la Selva y los Altos de Chiapas resolvió 417 expedientes de queja; dirigió 31 solicitudes de medidas cautelares al gobierno de Chiapas, que fueron aceptadas, y gestionó ayuda humanitaria que requirieron las familias indígenas.

Puntualizó que la cuarta Visitaduría General promovió y logró la liberación de 802 indígenas privados de su libertad.

Señaló que en cumplimiento del Programa de Presuntos Desaparecidos se efectuaron 167 visitas a 26 entidades, 2 mil 275 diligencias tendentes al esclarecimiento de las quejas y se localizaron 44 personas vivas y 15 más "lamentablemente se encontraron sin vida".

Roccatti indicó en su recuento que "en medio de las complicaciones y adversidades que se presentan como obstáculos a las funciones de la CNDH, se ha logrado el fortalecimiento y la modernización de la institución", y que la reforma constitucional, al entrar en vigor, se realizó "a favor de los más altos valores y conforme a las aspiraciones de una sociedad democrática que propugna por la convivencia realmente armónica y civilizada".

Concluyó que en la medida en que se logren los objetivos en materia de derechos humanos, se forjará una institución fuerte, moderna y experimentada que contribuya a la legitimidad cotidiana del Estado.

Hizo, a su vez, una recomendación de carácter general: "La actitud crítica, exigente, y no por ello irresponsable de los ciudadanos, es un avance significativo en la práctica de la cultura jurídica. Sin embargo, es imperativo impulsar la segunda parte de ese desarrollo, que consiste en que cada persona analice la forma como está cumpliendo con los deberes y obligaciones que le corresponden".