SAQUEO DE LA NACION

El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) anunció ayer una inminente operación de ''saneamiento y capitalización'' de Bancrecer, que implicará la inyección de 82 mil 400 millones de pesos, que se suman a los 20 mil millones que el gobierno invertirá en el rescate de Serfin, anunciado la semana pasada. Faltan, además, por ''sanear'', Promex y Atlántico, para completar un monto conservadoramente estimado en 137 mil millones de pesos, adicionales a los cerca de 560 mil millones ya destinados por las autoridades al rescate de la banca privada, emprendido a partir de 1995.

Aunque ahora a los responsables de la política económica ya no les guste el término ''rescate'' y prefieran hablar de ''saneamiento y capitalización'', y a pesar de que el Fobaproa haya sido reemplazado por el IPAB, las operaciones de salvamento de los bancos privados emprendidas a principios del sexenio, y las que se realizan en su tramo final, son similares en esencia: consisten en poner a flote, con dinero de los contribuyentes o con deuda que, a la postre recaerá en ellos, empresas que han mostrado reiteradamente su ineficiencia y su inviabilidad.

El hecho de cubrir con dineros públicos los enormes boquetes financieros provocados por las torpezas administrativas y los manejos delictivos de los neobanqueros surgidos durante el salinismo es, por sí mismo, una inmoralidad inaceptable, tanto más si se considera el entorno de asfixia económica y depauperación que para la gran mayoría de la población representa el saldo de la política económica vigente en los últimos sexenios.

Por añadidura, ante las instituciones bancarias el gobierno aplica una política de excepción y discriminación, por demás irritante: abandona a su suerte a la pequeña y mediana industria, condena a la quiebra a decenas de miles de empresas productivas y, en cambio, preserva a unos bancos inoperantes, incapaces de otorgar créditos, nefastos para la economía por sus altísimos costos de intermediación, desprestigiados y aborrecidos por sus constantes abusos contra los clientes e inútiles hasta como generadores de empleos, si se considera que durante el año pasado se perdieron 20 mil plazas en ese sector.

De cara a estas realidades, el empecinamiento oficial en presentar a los bancos privados --que padece el país-- como un ''sector estratégico'' o como ''entidades de interés público'', además de irritante, es difícilmente explicable.

Finalmente, la decisión de seguir destinando recursos de la nación a las instituciones referidas se anuncia, con pleno cinismo, cuando ni siquiera han sido esclarecidas las múltiples irregularidades presuntamente cometidas en el marco del rescate anterior, cuando la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se empeñan en escamotear a los legisladores y al auditor independiente que investigan el Fobaproa los detalles del financiamiento de las campañas priístas de 1994 por parte de Banca Unión, ex propiedad del extraditable Carlos Cabal Peniche. Estos hechos fortalecen, inevitablemente, las sospechas que los rescates y saneamientos bancarios contra viento y marea, así como las resistencias oficiales a entregar la información mencionada y a presentar de forma transparente los pormenores del Fobaproa, forman parte de un operativo político-empresarial de gran escala de saqueo a la nación y de preservación y encubrimiento de una red de complicidades entre el grupo en el poder y los principales propietarios del capital financiero.