PAGINA 9 Ť Lourdes Galaz
Un millonario seductor

* En subasta, hasta el ayate de Juan Diego y Teotihuacan * Todo por una iniciativa de ley impulsada por PAN y Conaculta * El sindicato del INAH exige la renuncia de Tere Franco

Muy pronto, esos señores de la lista de multimillonarios que dio a conocer Forbes, quienes pueden darse ciertos lujos, como invertir en negocios de la cultura y aprovechar el patrimonio sin pagar impuestos ųpor supuestoų, podrían disponer de todo Cuicuilco y hasta de Teotihuacan o de la Basílica de Guadalupe, con todo y el ayate de Juan Diego, si quieren. Cualquiera de los ricos de esa lista y otros más modestos adinerados tendrán la posibiliad de hacer buenos negocios invirtiendo en el aprovechamiento de los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos. Lo harían dentro de la ley y sin temor a que ardientes defensores de la cultura y el patrimonio nacional se los cuestionen.

En serio: para la utilización de monumentos de propiedad federal en empresas turísticas, de diversión o de cualquier tipo, los señores inversionistas sólo tendrían que presentar una solicitud al INAH. No se requerirían influencias, amigos o socios en el gobierno para tener a disposición riquezas nacionales como las ruinas de Xcaret, donde hace unos años un grupo de inversionistas que encabeza Miguel Quintana Pali (el secretario José Angel Gurría sería uno de los socios) logró levantar un centro turístico y recreativo que además de una gran belleza natural tiene el plus de los vestigios de la cultura maya.

Todo esto y más será posible gracias a los empeños de un millonario seductor, coleccionista de restos fósiles, y por suerte senador de la República. Don Mauricio Fernández Garza, con el apoyo de los responsables del Conaculta y del INAH, integró un proyecto de enmienda constitucional con una ley reglamentaria que quita responsabilidad a la Federación (se acaba la exclusividad de la nación y se sustituye por la rectoría del Estado) en la custodia y conservación del patrimonio cultural. La norma, de ser aprobada, transfiere facultades a estados y municipios con la participación de organizaciones sociales y de la iniciativa privada, coleccionistas, asociaciones religiosas, instituciones culturales e individuos en general, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa.

Desde hace tiempo, el empresario Fernández Garza, legislador panista por Nuevo León, se interesa en la cultura y las artes y gracias a que preside la Comisión de Cultura logró que el pleno de los senadores aprobara (21 de abril de 1999) una iniciativa suya para reformar la Constitución. Se trata de una enmienda a la fracción XXIV del artículo 73, que atribuye competencia al Congreso de la Unión para "legislar sobre vestigios o restos fósiles", y quitar al INAH la responsabilidad de su conservación y protección.

Como le fue fácil sacar adelante esa iniciativa, días después propuso al Senado otra nueva enmienda al 73 constitucional; esta vez a la fracción XXV. Aunque la reforma que ahora impulsa el senador Fernández es en realidad improcedente, ociosa e intrascendente ųsegún los constitucionalistas consultadosų y al comparar el texto vigente y la propuesta del panista pareciera insubstancial... en realidad se advierte que la pretensión del empresario-legislador es impulsar una iniciativa de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que abrogaría tanto la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos como la Ley Orgánica del INAH y modificaría la Ley del INBA. Y es que el proyecto legislativo contempla un nuevo concepto de patrimonio cultural, entendido como un bien sujeto a la explotación mercantil en beneficio privado.

Y bien, no hay que olvidar que el senador Fernández (por cierto, hermano del presidente de la Coparmex) es un importante coleccionista privado y que quienes impulsan las brillantes sugerencias del panista son el responsable del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, y la directora del INAH, María Teresa Franco González Salas. El proyecto que ahora pone de moda el senador del PAN, como otros que han surgido en estos tiempos del liberalismo neoderechista, se quedará en eso, en un proyecto legislativo. La historia: hace como una década el primer encargo que recibió Rafael Tovar en el sexenato de Salinas fue precisamente el de Coordinador del proyecto de modernización de la legislación en materia cultural. No logró avanzar y fue nombrado, sin más, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Unos dos años duró en el puesto, pues luego Salinas de Gortari pidió la renuncia a Víctor Flores Olea en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y lo sustituyó por el distinguido Tovar y de Teresa, quien desde el INBA no alcanzó a hacer realidad la encomienda de modernizar las normas relacionadas con la cultura.

Esto sucedió en 1992, año en el que la señora Teresa Franco, empleada de base en el INAH, con el apoyo de familiares y amigos y, claro, por acuerdo presidencial, también pasó a ser directora del instituto que antes habían dirigido gente de nivel como los maestros Bonfil Batalla o Flores Cano.

Aún están en la memoria algunas de sus primeras declaraciones. El INAH, diría la nueva directora, "requiere una cirugía mayor". Y es que a juicio de la señora Franco, la ley que rige las funciones de la institución desde 1972 había envejecido en 20 años. Además, el sindicato y las actitudes gremialistas de académicos e investigadores, en tiempos del salinismo y todavía, están totalmente fuera de lugar.

Ciertamente ha habido varias intentonas de modificar la legislación en materia cultural que han topado con la resistencia de académicos e investigadores del INAH y de otras instituciones afines, también del aguerrido sindicato de esta institución y, por supuesto, de la gente pensante. Y ello porque los planteamientos en su mayoría han sido impulsados por coleccionistas privados ųahora lo hace un senador de oposición, casualmente coleccionista de fósilesų que pretenden cancelar las restricciones de la ley de 1972 a la propiedad del patrimonio cultural.

La iniciativa que ahora estudia el Senado ųfirmada por legisladores de todos los partidos a los que convenció un millonario seductorų tiene consenso, pero en contra. Ya fue cuestionado en la dirección jurídica de la SEP, en el Jurídico de la Sedeso y hasta en la Contraloría de la Federación. Más aún, el rechazo al proyecto no sólo ha sido del sindicato del INAH, sino que ha venido de academias, colegios (como el de Historia y Antropología) y consejos (como el de Arqueología). Investigadores tan reconocidos como ųcréalo o noų- María del Carmen Serra Puche (hermana de Jaime, el del TLC) y Linda Manzanillo han firmado documentos en contra. Basta ver los desplegados que publica la prensa.

Y no sólo eso, los cuestionamientos ahora no sólo son a los contenidos de la iniciativa PAN-Conaculta-INAH, sino a la estrategia instrumentada por Teresa Franco y sus asesores para enfrentar la resistencia de la comunidad INAH (por darle una denominación) que da vida a las tareas del Instituto de Antropología, reconocido por su alto nivel en todo el mundo.

El asunto pasa a mayores. Ayer el sindicato del INAH realizó una jornada de movilizaciones. Pretextan violaciones al contrato colectivo y se exige la renuncia de Tere Franco. La directora, conociendo a su gente, desde hace días pidió ųƑobligó?ų a funcionarios y empleados de confianza que firmen una carta dirigida a la Opinión Pública en la que se dice que "más allá de intereses personales y de grupo" es necesario abrir un diálogo público sobre la iniciativa de ley. La carta concluye señalando que "las discrepancias no constituyen materia válida para... descalificar o plantear la destitución de nadie", es decir, de la directora del INAH... el asunto no para ahí.

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