Adolfo Gilly
UNAM: las palabras devaluadas
Dos meses de huelga universitaria: hasta aquí nos ha conducido la decisión irreflexiva e inconsulta del rector Francisco Barnés al modificar el Reglamento General de Pagos en marzo pasado, sin tener la menor idea de la opinión de una gran parte de los universitarios y, más aún, del estado de ánimo de la comunidad estudiantil de la UNAM.
Fue entonces Rectoría quien acorraló a los estudiantes a recurrir a la huelga, como a tiempo se lo advirtió una consejera estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras. Es ahora la intransigencia de Rectoría y de los consejeros universitarios que la secundan lo que ha llevado a la radicalización sucesiva de la dirección del movimiento estudiantil (o, en otras palabras, a que la dirección de hecho haya ido pasando a corrientes y posturas más y más radicales). A la intransigencia de la Rectoría, que no ha cedido ni ofrecido ceder en nada, responde una paralela intransigencia del otro lado. Por otra parte, nadie puede decir que el presente movimiento no haya sido, hasta este momento, notablemente pacífico y exento de violencias mayores.
No explica nada acusar a esas corrientes de agentes de esto y de lo otro, ni es responsable hacerlo sin pruebas. Lo que hay que preguntarse, en cambio, es por qué si esas corrientes son minoría, como suele afirmarse y ciertos hechos podrían indicar, otros no logran afirmar una mayoría dispuesta a dialogar en los términos propuestos por Rectoría. Ninguna mayoría estable puede ser acallada por gritos, silbidos o intemperancias: cuando una minoría ruidosa no permite sesionar a una mayoría representativa, ésta va y se reúne en otro lado, y se terminó.
La explicación está en otra parte. El hecho real es que Rectoría no propone negociar nada y ni siquiera ha hecho un inequívoco reconocimiento del CGH como el interlocutor en la huelga universitaria. Las corrientes abiertas a un diálogo entre iguales, cualesquiera ellas pudieran ser, no encuentran una contraparte en Rectoría, donde reinan el doble lenguaje y la confusión. Y las corrientes llamadas "radicales", cualesquiera éstas sean, por cuanto puede verse cuentan con la aquiescencia silenciosa de la mayoría de los estudiantes para su intransigencia, pues si no la huelga ya se habría diluido como se diluyen las huelgas cuando sus sujetos no las quieren.
Sucede que las palabras de Rectoría, al igual que las del gobierno federal, están fuertemente devaluadas. Nadie las toma por valor contante. Esta es la realidad de estos días. Diré algunas razones de esta situación en la UNAM.
En primer lugar, la última modificación del Reglamento General de Pagos que algunos presentan como un "triunfo" estudiantil, es una incongruencia lógica y jurídica.
Establece que hay que pagar, pero que quien no quiere no paga. Un reglamento o una ley que quien quiere cumple y quien no quiere no lo hace, no es reglamento ni ley: es una opinión o una recomendación o una expresión de deseos. Parece mentira que un alto organismo universitario haya podido aprobar esta aberración jurídica.
Ante semejante inconsecuencia resulta lícito temer que, una vez levantada la huelga, este voluble Consejo Universitario vuelva a reunirse y a restablecer los pagos obligatorios y acrecentados.
Esto es así porque, en segundo lugar, la palabra de Rectoría ha sufrido un continuo proceso de devaluación cuyo responsable no es sólo el actual rector, sino también sus predecesores, que desconocieron a placer los acuerdos del Congreso Universitario de 1990 y los compromisos contraídos en el mismo Congreso, entre ellos la no modificación de las cuotas.
En tercer lugar, es preciso comprender que la devaluación de la palabra oficial e institucional ha alcanzado límites nunca vistos en los años recientes. El incumplimiento por el Poder Ejecutivo de su firma y de su palabra empeñada en los Acuerdos de San Andrés ha tenido efectos generalizados y funestos sobre cualquier negociación o compromiso de las instituciones, UNAM incluida.
Si estamos en el hostigamiento militar cotidiano a las comunidades y a los pueblos de Chiapas; si vemos las mentiras y falsificaciones de la televisión sobre el movimiento de los estudiantes; si están en libertad los asesinos de Aguas Blancas y de regreso su padrino Rubén Figueroa; si se pasean impunes e inalcanzables los ex gobernadores Jorge Carrillo Olea y Mario Villanueva; si tenemos ahora una doctrina jurídica pinochetista en Arturo Montiel, candidato del PRI a gobernador del estado de México y enemigo declarado de los derechos humanos: Ƒcómo les piden a los estudiantes que levanten la huelga a cambio de nada? Ƒcómo les piden que confíen en las confusas palabras de Rectoría? Ƒcómo les piden que acepten que se les ha concedido algo, cuando ellos consideran que ni siquiera se les ha escuchado?
Para levantar la huelga y reanudar las actividades de la UNAM, como todos deseamos (incluso los estudiantes en huelga, pues es un mito de quienes no saben lo que es una huelga que alguien quiera vivir en huelga para siempre), la palabra la tiene Rectoría.
La solución podría ser simple: 1) Derogar el Reglamento General de Pagos aprobado en marzo y su incomprensible sucesor y devolver la situación al estado de cosas existente a principios de marzo. 2) Reconocer al CGH como interlocutor y resolver la apertura de una discusión en toda la comunidad de la UNAM sobre las demás medidas impugnadas por el movimiento estudiantil y sobre la situación y el futuro de la Universidad y de la educación en su conjunto. 3) No tomar represalias contra nadie. 4) Comprometerse a no introducir ninguna modificación a aquel estado de cosas mientras la discusión, bajo la forma de congreso, foro u otro organismo representativo y aceptado por todos, no haya llegado a conclusiones aceptadas por legítimas mayorías.
Sólo los hechos pueden contrarrestar la devaluación de las palabras. Rectoría puede hablar con hechos, abandonar la defensa de ese indefendible "principio de autoridad" al cual sólo se aferran quienes autoridad no tienen, y restituir credibilidad a las palabras, condición previa de cualquier diálogo entre iguales.