Es preocupante que el senador panista por Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, declare que está contento por la reacción de la sociedad ante su iniciativa de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación presentada conjuntamente, el pasado 28 de abril, por las comisiones de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Senado. Alegría que el legislador basa en lo que él mismo considera el primer logro de la propuesta en cuestión: ''Si hubiera sido un mamotreto no la hubiera pelado". En realidad lo que explica la alarma y la preocupación del caso es que en efecto se trata de un ''mamotreto" y la sociedad tiene pleno conocimiento de que basta un acuerdo PAN-PRI para que esa iniciativa se apruebe.

Más aún, la inquietud se incrementa cuando la máxima autoridad del Instituto Nacional de Antropología e Historia está comprometida a debatir ese ''mamotreto" y como consigna lo distribuye por todo el país sin antes presentar claramente sus objeciones sobre la normatividad actual, a la que descalifica simplemente por tener 27años o la decreta sin vigencia sin tener las facultades legales para ello.

En la misma línea de nuestro desvelo, es de mencionar que dicho senador confiesa que le llevó muchos años elaborar su iniciativa de ley, pero lo que realmente le importa de su acción es abrir un gran debate nacional acerca de este tema, considerado por él como un tabú. Aunque, contradictoriamente, reconoce que la Cámara de Diputados tiene 15 años tratando de hacer consultas ''en el aire". ''Me parece una aberración ųplantea el legisladorų consultar por consultar y no voy a pedir opiniones sin nada hecho" (Reforma, 7/VI/99), afirmación que olvida, sólo por mencionar lo más reciente y oficial, el esfuerzo de muchos mexicanos que durante 60 años han luchado por defender el patrimonio nacional con base en la ley que la propia nación se ha dado para tal propósito.

Su intención es abrir un debate a partir de su propuesta, que no es precisamente con el fin de adecuar el quehacer del INAH a las nuevas circunstancias, que por otro lado tampoco las explica. A esta estrategia se une la directora del instituto al considerar esa propuesta de ley como ''una extraordinaria oportunidad para enriquecer y fortalecer el contexto legal vigente", cuando sabemos que es falsa la intención de fortalecer y enriquecer la Ley Federal de 1972 o la Ley Orgánica del INAH. Así, es inevitable que nos hagamos la pregunta de por qué, durante sus siete años al frente de la institución nunca presentó por escrito a la comunidad científica y a la opinión pública sus propuestas de modificación del quehacer institucional y al ámbito normativo relativo al patrimonio cultural de la nación.

ƑQué hay en el fondo de todo esto? Conforme aparecen las diferentes posturas de los involucrados puede observarse a un pequeño grupo de personas que con tal de colocarse el calificativo de ''modernizadores" pierden de vista el esfuerzo realizado durante casi 200 años por muchos mexicanos (y, aun, por algunas autoridades de la Colonia) para proteger el patrimonio cultural de la nación. Uno de los personajes de este pequeño grupo califica la normatividad vigente como ''el resultado de una búsqueda de las identidades que construyeron a la nación que se inicia desde la Colonia" pero que ahora es necesario cambiar para adoptar una política más acorde a las últimas modalidades que se llevan a cabo en los países occidentales (Enrique Florescano, Reforma, 16/V/99).

Este pequeño grupo de pretensiosos ''modernizadores" pierde de vista, como ya se dijo, la historia misma de la lucha por investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, artístico e histórico. Para confirmar esta apreciación es necesario mencionar el punto de vista del antropólogo Bolfy Cottom, estudioso de la legislación sobre el patrimonio cultural: ''Nótese que la ley general que se propone es del Patrimonio Cultural de la Nación, término que no existe en el texto constitucional (ni siquiera en la reforma planteada) lo que repetiría, en parte, la experiencia de la iniciativa presentada el 23 de diciembre de 1968 la que, entre otras razones, no pudo ser aplicada por no tener un claro sustento constitucional''.

La iniciativa panista, entonces, se propone un ''nuevo INAH", con el mismo nombre pero con funciones diametralmente distintas a las que mandatan las leyes que se pretenden anular. Esta nueva institución estaría dirigida por un consejo cuyo sentido esencial sería el político, lo que desplazaría a la investigación, la docencia y la difusión como la razón de ser del instituto actual. Por tanto, el conocimiento científico ųtan apreciado en los países occidentalesų dejaría de ser principio institucional el cual, hoy por hoy, es reconocido por el Estado mexicano como elemento estratégico en la efectiva defensa y acrecentamiento del patrimonio cultural de la nación.

A diferencia de lo planteado por el grupo de los supuestos modernizadores, la historia nos demuestra que el debate sobre el patrimonio cultural siempre está abierto pero, como en toda discusión de esta naturaleza, invariablemente hay y habrá argumentos que no tengan una satisfactoria persuasión.

* Investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH