Enfrentar y resolver el problema hidráulico en la zona metropolitana del Valle de México es urgente y esencial para garantizar su viabilidad futura y la calidad de vida de todos sus habitantes. No será el "libre juego de las fuerzas del mercado" el que aporte la solución; él ha sido la causa del problema. Se requiere un consenso democrático de los actores sociales y políticos, el Estado federal y los locales, para construir un programa hidráulico y una regulación del agua que sean aplicados por todos bajo la gestión y control gubernamental y ciudadano corresponsables. Uno y otra deben ser aplicados coordinadamente por una autoridad metropolitana.

Supone la protección gubernamental, empresarial y social de las reservas forestales hoy urbanizadas y destruidas irracionalmente, bajo estricta vigilancia; optimizar la captación de manantiales y escurrimientos superficiales en el sur de la cuenca, inexplicablemente canalizados hacia el drenaje; un acuerdo de los usuarios rurales, democráticamente aplicado y vigilado, para racionalizar el uso de agua de riego, hoy excesivo y antitécnico; y aprovechar las aguas pluviales recogidas en cárcamos de pasos a desnivel, para su tratamiento y reutilización. Debemos retener y aprovechar las aguas pluviales y usadas en la cuenca, mediante tratamiento ambiental y financieramente adecuado para: sustituir agua potable por tratada en la industria, comercio, riego agrícola y jardinería; inyectarla a los acuíferos para recuperar el equilibrio geohidrológico y evitar hundimientos y agrietamientos del suelo; reducir los caudales de agua potable necesaria y negra a desalojar, para bajar costos en obras de acueducto y drenaje y energía para conducción; y aminorar la causa de rechazo de los habitantes de las zonas de extracción del recurso y de vaciamiento de desechos. El control técnico, con colaboración ciudadana, de las fugas de agua en las tuberías, permitiría también un ahorro muy importante.

El desarrollo de una cultura social del ahorro y adecuado manejo del agua es posible y necesario. Pero el uso responsable del agua por todos los sectores sociales es una exigencia del bien colectivo, que no debe quedar a la buena o mala voluntad individual; la regulación y control público debe ser estricta. Hay que avanzar en la disminución de la desigualdad social y territorial en la disponibilidad y consumo de agua; en esta vía, se puede profundizar la aplicación diferencial de tarifas por cantidad consumida, destino mercantil, reproductivo o suntuario del consumo y niveles de ingreso, para recuperar en promedio una parte mayor del costo del servicio. La concertación entre gobiernos, órganos legislativos y actores sociales locales, consumidores y proveedores de agua potable o receptores de aguas usadas y gobierno federal, de un plan hidráulico de largo plazo para atender las necesidades de la región centro, y de un programa financiero compartido entre los involucrados, puede ser punto de partida del compromiso de todos los partidos políticos en el Congreso federal y los locales, para respetar el programa en los presupuestos sucesivos.

El proyecto urbano para una metrópolis sustentable, equitativa, democrática y viable debe incluir los umbrales posibles de crecimiento poblacional y físico, los territorios adecuados para ello y las de obligada reserva, los compromisos de los actores sociales en su cumplimiento y los instrumentos para su aplicación y vigilancia. Una sanción plebiscitaria de los ciudadanos le daría viabilidad política, frente a los cambios políticos y las veleidades burocráticas. Debemos redimensionar los procesos poblacionales y construir motivaciones y condiciones socioeconómicas para hacer viable una distribución poblacional regional-megalopolitana y nacional diferente. No podemos seguir devorando las reservas agrarias y forestales periféricas, hoy tomadas como reserva de la promoción inmobiliaria o la urbanización popular; menos aún fraccionar áreas inadecuadas donde el costo de los servicios es impagable ni sobrepasar los umbrales de densidad inmobiliaria en las áreas interiores, en función de la rentabilidad empresarial o la necesidad social insatisfecha. Es una cuestión de sustentabilidad ambiental, viabilidad socioeconómica y gobernabilidad política que está por encima del interés individual, por respetable que sea.