n Necesario, auspiciar la participación o no se podrá defender esos bienes: Oropeza

Teresa Franco retira su apoyo a la iniciativa sobre patrimonio cultural

n Adolece de ''graves deficiencias'', sostiene la directora del INAH n ''La ley del 72 propicia abusos''

Renato Ravelo n La directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Teresa Franco, retiró su apoyo a la iniciativa de Ley General de Patrimonio Cultural, en un documento que empezó a circular el pasado fin de semana entre la comunidad del INAH. Al mismo tiempo, se iniciaron los trabajos para formar un comité que revise las opciones jurídicas a fin de modificar la ley vigente expedida en 1972.

Franco señala en una carta interna a la comunidad del instituto, la cual responde al clima de hostilidad que, en sus manifestaciones más radicales -las del Frente Nacional para la Defensa del Patrimonio Cultural-, solicita incluso su renuncia al cargo, que la iniciativa de ley que recibió el Senado tiene ''graves deficiencias".

En entrevista telefónica Franco sostiene: ''Esa es una de las grandes confusiones, nunca he dado mi apoyo. Desde el primer comentario lo he dicho. Creo que la iniciativa que ha presentado el Senado tiene errores y fallas, aunque vemos con simpatía que ese órgano legislativo discuta el tema a cabalidad. Nosotros no tuvimos participación en la elaboración del proyecto de ley. Lo importante es que en verdad protejamos el patrimonio, si la tendencia mas sólida es una reforma a la ley del 72 la veríamos con magníficos ojos".

A la comunidad del INAH

Franco reconoce sin embargo que la dirección del INAH no había pronunciado un rechazo público y que, incluso, en entrevista con este diario (27/V/99) señaló que ''la ley del 72 ya no es vigente" y que el instituto debía ser fortalecido por los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), como plantea la propuesta legislativa, porque ''el mito de que la conservación de la riqueza patrimonial es exclusiva del sector educativo y cultural quedó rebasado".

Respecto de la comisión para revisar la ley del 72, con uno de cuyos miembros invitados aparece en esta página una entrevista, señala que se trata de un trabajo permanente de la coordinación jurídica del INAH consultar a especialistas.

En el documento, fechado el 18 de junio, María Teresa Franco invita a mantener una actitud ''serena, crítica y propositiva" en el debate que ha propiciado la iniciativa de ley que se encuentra en el Senado desde el pasado 29 de abril.

Manifiesta que no se permitirá poner en riesgo ni la integridad del INAH ni la de la escuelas de Antropología, Restauración y Museografía. Reitera que la autoridad del INAH no intervino en la propuesta legislativa y felicita a quienes han participado con ponencias en los foros.

En el documento, además, considera que es punto de coincidencia entre las partes involucradas que se rechaza la privatización. Finalmente asume como su propuesta que ''lo conveniente es hacer las reformas pertinentes a la ley federal vigente".

El párrafo que da la espalda definitiva al proyecto de ley señala: ''Considero, como lo he venido planteando a lo largo de siete años, que es indispensable fortalecer el marco legal que rige la protección del patrimonio cultural y creo que es esta una ocasión propicia para hacer valer el conocimiento y la experiencia que posee el INAH, para establecer con claridad las graves deficiencias que tiene la iniciativa en cuestión y para hacer las propuestas conducentes incluida, como ya lo he propuesto en diversas ocasiones, la alternativa de que en los foros de discusión a los que el Senado convoque se concluya con base en sólidos argumentos, que lo conveniente es hacer las reformas pertinentes a la ley federal vigente en la materia".

El primer apoyo

Renato Ravelo n El abogado Javier Oropeza es uno de los invitados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para proponer adecuaciones a la llamada ley del 72. El estuvo a cargo de la instancia jurídica del INAH en la administración de Gastón García Cantú.

Al respecto, Oropeza opina: ''El problema con la Ley Federal de Monumentos, Sitios y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es que es un recurso sumamente represivo. O se abre la legislación a incentivar la participación o no se podrá defender el vasto patrimonio".

Aunque no conoce a los otros integrantes de la comisión (''yo asisto casi en representación de la sociedad civil"), Oropeza señala que desde la semana pasada, cuando se entrevistó con la directora del INAH, María Teresa Franco, supo que el instituto estaba interesado en hacer una revisión de la legislación del 72, que tiene sus antecedentes en una iniciativa del general Lázaro Cárdenas.

Sobre la Ley General de Patrimonio Cultural, Oropeza, quien actualmente labora en el área jurídica de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), dice: ''Es un instrumento que otorga un universo de atribuciones para un instituto de nueva creación muy poco operativo, que es al mismo tiempo la propuesta de un organismo monstruoso. Además, denota una falta de técnica jurídica en su redacción".

Al proponer la nueva organización del INAH, comenta Oropeza, ''la iniciativa que suscribió el Senado sólo acentúa la excesiva regulación que la actual legislación implica. Al suponer un estado sobreprotector se generan prejuicios de todo tipo, como esa apropiación que los investigadores se han atribuido del patrimonio, cuando en realidad se requiere que se comparta con otros sectores. Es un proyecto dedicado a una élite o grupo que detenta un monopolio que debe romperse, en favor de un organismo de mayor independencia".

Sobre todo, agrega, ''en momentos actuales de escasez presupuestal que impiden lo que sería un planteamiento inicial: separar a la educación de la cultura, como parecía ser la intención al crear el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes".

De su experiencia de 11 años en la aplicación de la ley actual, con la ''distancia que me dan 17 años de estar fuera del instituto", Oropeza explica: ''Es represiva la ley del 72 porque el capítulo que señala los delitos patrimoniales es muy similar al que tipifica los delitos contra la salud. Eso implica una sobrelegislación que perjudica principalmente a los particulares".

Invoca el ejemplo de quien es propietario de un inmueble histórico:

''Es sujeto de obligaciones en su propiedad, pero no recibe estímulos reales por parte del instituto. Quienes se preocupan por conservarla reciben un beneficio de exención en el impuesto predial, pero quienes no cuentan con recursos terminan por recibir una carga de responsabilidad más severa, pues tienen que pagarle al instituto el dinero que se haya invertido. Eso se llama sobrecarga jurídica."

Considerar al clero

En los conceptos del jurista Oropeza siempre ronda el llamado patrimonio histórico (''del patrimonio arqueológico prefiero no opinar"), por lo que expresa que una revisión de la ley del 72 tendrá que considerar jurídicamente al clero, ''que ya es reconocido y actualmente tiene en custodia una cantidad enorme de monumentos".

Expresa que la legislación vigente propicia que se cometan muchas injusticias y abusos por parte de la autoridad: ''Conozco personas que han preferido destruir pinturas que tienen del siglo XVI, antes de hacer pública su existencia y por temor a la amenaza que representa la ley".

Puntualiza algunas de sus aportaciones derivadas de un estudio comparativo:

''Empezaría por remitir los delitos contra el patrimonio al Código Penal; es necesario plantear un registro y control de monumentos más eficientes; se tienen que buscar incentivos atractivos para la participación de la sociedad civil en la protección patrimonial."

Es el momento oportuno, señala, ''para adecuar lo que existe en materia de legislación del patrimonio cultural, a las necesidades que plantea actualmente el país, que implica darle mayor participación al sector social".