Cuando los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) aprobaron la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) difundieron la versión de que concluía la etapa de rescate de la banca comercial, con la salvedad de tres instituciones (Bancrecer, Atlántico y Promex) a las que incluso se asignó un monto máximo para su ``saneamiento''. A seis meses de distancia, es evidente que la crisis continúa, lo que se confirma con la persistente contracción del crédito (por séptimo mes consecutivo, el saldo del financiamiento al sector privado registró una caída, la que para mayo de 1999 respecto al mismo mes de 1998 fue de 15.1 por ciento, en términos reales), el epílogo de la largamente anunciada quiebra de Serfin y los amplios requerimientos de capital del sistema bancario.

Frente a la profundidad y dificultad de la situación, el gobierno y el IPAB carecen de un análisis realista que coloque en una dimensión adecuada el tamaño de la capitalización, la viabilidad de recuperar la cartera vencida y los riesgos que enfrentan los deudores y la banca, en caso de presentarse choques externos, dada la política monetaria ``pro activa'' que combate la inflación elevando la tasa de fondeo.

Esta carencia, junto con el interés político de demostrar que la crisis se resolvió, los lleva al asombro cuando empresas estadunidenses calificadoras de riesgo crediticio publican estimaciones de las necesidades totales de capital del sistema bancario, las que se calculan en 13 mil millones de dólares, sin tomar en cuenta los 12 mil millones adicionales de Bancrecer, Atlántico y Promex, más Serfin, que demandará 2.5 mil millones. Se requieren, en consecuencia, 27.5 mil millones de dólares, cantidad que comparada con el capital contable de la banca múltiple (10 mil 200 millones de dólares) resulta verdaderamente desproporcionada; si nos remitiéramos al valor de los depósitos del público, cuyo monto asciende a cerca de 75 mil millones de dólares, ocurre que los recursos fiscales involucrados en el rescate rebasan los de los ahorradores.

Así las cosas, el gobierno, aunque ha pagado ya la captación, no ha podido lograr que el sistema bancario recupere su funcionalidad, que consiste en captar, prestar, y por supuesto, recuperar los créditos. En estos momentos, la cartera vencida bruta es de alrededor de 10 millones de dólares, sin considerar a los bancos que no publican sus estados financieros, y la cartera vencida que la propia banca reconoce como irrecuperable o de difícil recuperación y que representa un costo extraordinario que complica el funcionamiento de la propia intermediación. Resolver este importante asunto no se logrará, simplemente, con inversión extranjera en el sector.

Para el gobierno, la llegada de intermediarios bancarios extranjeros será decisiva para que la banca funcione, junto con mejores criterios para establecer reestructuraciones de bancos en dificultades, con base en los principios de Basilea para la supervisión bancaria, acompañados de procedimientos más rápidos para ejecutar las garantías de los créditos. Se olvida que el tema de las tasas de interés es fundamental para el desempeño de un crédito y que la política monetaria representa un riesgo mayor.

Además, como se hizo evidente con la quiebra de Serfin, el gobierno, para convencer al Hong Kong Shanghai Bank de adquirir 19.9 por ciento de Serfin, le garantizó el monto de la inversión; de este modo, como Serfin no logró salir del atolladero, pese al nombramiento desde Hacienda de su director general, el gobierno tendrá que pagar para que la inversión mantenga su valor.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha asegurado que si hubiera intervenido Serfin desde 1995, habría sido más costoso, lo cual ciertamente no es evidente, ya que a la compra de cartera, la más grande de todo el programa, debe añadirse la remuneración preferencial que recibió Serfin. Recuérdese que el Fobaproa informó que los pagarés daban un rendimiento de Cetes más uno, pero resulta que a Serfin le pagaron la TIIE más 2.35, lo que equivale a una sobretasa entre 10 y 15 por ciento; este apoyo particular, típico de un régimen que opera con base en decisiones discrecionales, resultó grosero para el resto de las instituciones y más costoso para el país.

Por ello, debe reconocerse que la crisis no ha terminado, como tampoco el reconocimiento de la parcialidad en la activación del Fobaproa, es decir, del Banco de México, Hacienda y la CNBV y, sobre todo, el impacto sobre el costo del rescate. Otra vez, resulta necesario cuestionar la pertinencia del manejo de la quiebra de Serfin, en relación tanto a la negativa a intervenirlo, como en cuanto a la propiedad de esa institución. Este manejo, como se hizo evidente, ha fracasado, pero los costos los pagaremos todos.