La versión priísta para rechazar la propuesta de modificaciones al código electoral, aprobada por la Cámara, consiste en que el PRI no debe votar en favor de su propia derrota. Esta declaración contiene la aceptación de que los cambios legislativos democráticos atentan contra el oficialismo y que la contención de éstos favorece al poder.

El decreto emitido por la Cámara de Diputados contiene algunas reglas favorables a las contiendas equitativas. Se trata de aumentar el tiempo gratuito para partidos y candidatos en la televisión, permitir que voten los mexicanos en el extranjero, prevenir el uso de recursos públicos en favor de los candidatos oficialistas, eliminar los obstáculos a las alianzas entre partidos, afianzar la prohibición (hasta ahora evadida) de la afiliación colectiva a los partidos, mejorar la forma de distribución de los diputados de representación proporcional y otorgar mejores medios para la fiscalización que realiza el IFE a los partidos políticos.

A pesar de que el decreto de los diputados se limita a estos puntos, el PRI no admite un examen de los temas, sino que responde poniendo paloma o tache. En realidad, el gobierno solamente acepta el incremento del tiempo gratuito de los partidos en la televisión, pero a cambio de reducir el de los partidos pequeños y sin que las emisiones puedan fraccionarse en spots.

El gobierno del presidente Zedillo está mandando un mensaje político, el cual no solamente consiste en rechazar los planteamientos de la oposición, sino en cerrarse al diálogo y la búsqueda de acuerdos. El oficialismo ha tenido puestos sus ojos en la elección del 2000 desde los comicios de 1997, cuando por primera vez en la historia el Presidente perdió en las urnas la mayoría en la Cámara de Diputados.

La decisión tomada por el poder consiste en rechazar cualquier cambio legislativo en materia política para buscar, con las leyes actuales, la revancha, es decir, volver a ganar la Presidencia y obtener una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.

La política del gobierno está muy clara, pero entre las oposiciones existen divergencias. Mientras el PRD y otros partidos -entre ellos el PT y varios que están cerca de obtener su registro- han planteado la estrategia de crear una alianza opositora, el PAN continúa analizando el tema.

Esta disparidad de situaciones entre el PRI como sistema de poder y la oposición está afectando negativamente las posibilidades de un verdadero cambio de régimen político.

La política busca abrir el campo a los propósitos de quienes la diseñan y ejecutan. Por ello, la equivocación política suele pagarse caro. Si las oposiciones siguen marchando divididas, toda la ventaja será para el viejo poder y su sistema.

Podemos ver también la equivocación del PAN, cuando admite las condiciones impuestas por el gobierno para abordar casi todos los temas legislativos. No ha habido ninguna negociación de Acción Nacional con el gobierno en la que queden claras las posiciones de cada cual. El secreto del diálogo obra a favor del gobierno y, con mucha frecuencia, los puntos negociados aparecen como proyectos priístas, aun cuando no lo son.

Se ha llegado al colmo de que las reformas a la ley orgánica del Congreso, después del manoseo del proyecto original presentado por el PRD y el PAN, fueron presentadas como realizaciones priístas, tanto porque la negociación fue llevada a cubículos cerrados con la sola presencia del PAN y el PRI, como porque Acción Nacional tuvo que quitar varios puntos que elevaban la fuerza de la Cámara de Diputados frente al Ejecutivo.

La situación del país requiere definiciones estratégicas claras de las oposiciones, pues la ausencia de éstas seguirá obrando en favor del viejo poder al que se le brinda aire a cambio de ventajas demasiado pobres o claramente benéficas al poder.