El gobierno federal pasó sobre la soberanía de Chiapas y ahora ha renunciado a gobernar apostando a que logrará mantener un status quo de por lo menos año y medio. Mientras, la situación de vastas zonas de la entidad se deteriora y se aleja la posibilidad de resolverla.
Chiapas está cruzado por un conjunto de problemas de amplio espectro: agrarios, culturales, religiosos, pero en esencia no existe un estado de derecho como tal, entendiendo éste como el conjunto de instituciones que operen eficaz e imparcialmente. La utilización de los recursos públicos de todo tipo con fines personales, partidarios o facciosos está a la orden del día.
Quien dude de esta afirmación no tiene más que dar seguimiento a las actividades del gobierno local y atender al contenido de sus declaraciones. Envuelto en la polémica, el encargado del despacho trata de asegurar su futuro político practicando la famosa modalidad de la cargada al mismo tiempo que se esfuerza por azuzar al EZLN y hacerse de la vista gorda en relación con los grupos paramilitares.
Además de la ausencia del estado de derecho, el gran problema de Chiapas es el de la resistencia de los grupos locales para modificar la estructura regional de poder. Allá no ha llegado ninguna de las reformas políticas de los últimos 20 años.
Hay, además, una multitud de actores nuevos y viejos que se alcanzan a ver desde el escenario nacional: Iglesia católica, Iglesias protestantes, Diócesis de San Cristóbal, EZLN, empresarios, ganaderos, caciques, ciudadanos y comunidades indígenas que mantienen distintos puntos de vista, a veces enfrentados, sobre sus problemas. ¿Cómo conciliarlos?
Muchas veces, distintos funcionarios han dicho que el conflicto con el EZLN no es el único problema en el estado, en un intento por minimizar al grupo armado. Generalmente, estas afirmaciones se han acompañado de un informe de todas las cosas maravillosas (y muchas veces invisibles) que se han hecho. Lo cierto es que aun cuando tienen razón y el conflicto con los zapatistas no es el único problema, es claramente el más urgente de resolver, ¿por qué? Porque la sola existencia del EZLN está cuestionando la actual estructura de poder en la entidad. Así, en el estado se confrontan no el gobierno y el EZLN sino dos formas de entender los actos de gobierno y la política.
¿Cómo resolver el enigma Chiapas? Supongo que nadie sabe cómo desenmarañar el hilo y retornar al camino de la paz y la construcción de un nuevo orden político. Por lo pronto lo que sí tenemos es una ruta crítica, un detallado mapa de navegación de cómo no hacer las cosas: fraude electoral, gobernadores interinos (o interinos de los interinos), sabotaje a las pláticas de paz, propiciar o tolerar la existencia de grupos paramilitares, hostigar o permitir que se hostigue a las bases sociales zapatistas, amenazar, tolerar la impunidad, utilizar el gasto público como arma de cooptación, incumplir los compromisos adoptados públicamente, etcétera.
Es evidente que el principio de la solución de los problemas de Chiapas pasa por un proyecto que instaure el estado de derecho y cambie la repartición del poder político sin fracturar el camino de los acuerdos. De igual forma, la solución pasa por tomar en cuenta a todos los actores de la realidad chiapaneca, instándolos a llegar, con tolerancia, a acuerdos que permitan que nadie pierda y que todos ganen. Aquéllos que apostaron a cualquier solución por la vía de la fuerza, el desgaste y/o las armas, ya deberían estar convencidos que empecinarse en sus posiciones no lleva más que al pantano.
Nadie tiene el peso hoy día para desaparecer a sus contrincantes del mapa, pero hace falta un proyecto que los convenza que los 9 de febrero, el golpeteo, la descalificación, la formación de grupos paramilitares, y el hostigamiento no han logrado nada.
Este proyecto institucional debe estar encabezado por una trayectoria que ampare y avale estas metas. Desde luego, las soluciones deben empezar por un gobierno estatal legítimo que con la fuerza de sus votantes pueda llamar a la concordia y, al mismo tiempo, establecer una relación de respeto y equilibrio con el gobierno federal. Desde luego, no estoy afirmando que un gobernador resultado de elecciones legítimas y legales pudiera mágicamente resolver los problemas, pero sí afirmo que es la condición primera para lograrlo habida cuenta que los otros caminos son inviables.
Pues bien, es altamente probable que esta posibilidad se cerró para el PRI cuando se fue el senador Pablo Salazar. Como priístas nos queda sólo no hacernos cómplices de la injusticia u obstáculos para la paz.