n Leonel Godoy informa que no hubo heridos en el Reclusorio Norte
Otro motín por los operativos antidroga
Elia Baltazar n Luego del motín ocurrido ayer en el Reclusorio Norte, en el cual participaron 200 internos de los dormitorios cinco y seis, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Leonel Godoy, informó que la revuelta se controló en sólo 30 minutos, no hubo heridos y la identificación de los responsables correrá a cargo del Ministerio Público.
De nuevo, los operativos sorpresa para la detección de drogas fueron el motivo principal por el que se inició el motín, aunque en esta ocasión los internos también exigieron agilizar los trámites para la preliberación. Para controlar la protesta, que se inició aproximadamente a las 11 de la mañana, intervinieron casi 100 granaderos y personal de custodios del reclusorio, que utilizaron gases lacrimógenos para replegar a los internos hacia sus dormitorios.
Godoy informó que fue suficiente la actuación de los custodios del penal para controlar el amotinamiento, y que la presencia de los granaderos sólo fue una medida disuasiva en contra de lo que calificó una protesta ilegítima.
En conferencia de prensa realizada en la aduana del penal, la cual tuvo que suspenderse momentáneamente por el olor del gas lacrimógeno, Leonel Godoy afirmó que continuarán las acciones para combatir los dos principales problemas que aquejan al sistema penitenciario: la sobrepoblación y el tráfico y consumo de drogas.
No obstante, aceptó que difícilmente se podrá erradicar de manera total el consumo y tráfico de estupefacientes en las cárceles capitalinas, pues en ninguna parte del mundo se ha logrado. Informó que 70 por ciento de los reos reincidentes son adictos.
A pesar de lo anterior, agregó que para combatir el problema se incorporaron 200 supervisores de aduanas que tienen como principal tarea frenar el acceso de drogas, dado que los últimos operativos sorpresa han revelado que ésta es la principal vía de ingreso de sustancias prohibidas, dado que cada semana cruzan las puertas de los penales poco más de 200 mil personas en visita familiar.
Aseveró que los adictos tienen que ser tratados como tales, "mientras que quienes distribuyen la droga deben ser consignados y recibir un trato distinto en el interior del penal". Por lo anterior se han incrementado los programas de atención en los que se colabora con la Secretaría de Salud.
Godoy rechazó que este amotinamiento tenga relación con los ocurridos el pasado 26 de mayo en este penal y el 22 de junio en el Reclusorio Preventivo Norte, y aseguró que el actual gobierno trabaja para remontar el rezago en materia penitenciaria, pues desde hace 20 años no se construye un penal en la ciudad y la ley en la materia data de 1970. Asimismo, agregó que ya se trabaja con la Secretaría de Gobernación para trasladar a 3 mil de los 18 mil 700 reos que hay en el DF, pues corresponden al ámbito federal.
Durante la conferencia fue acompañado por el director general de Reclusorios, Jaime Alvarez; el titular del Reclusorio Norte, Miguel Enrique Peralta, y la diputada local Irma Islas.
Por su parte, Jaime Alvarez Ramos afirmó que los recientes amotinamientos son consecuencia del combate a la corrupción en el sistema penitenciario, y rechazó cualquier posibilidad de renuncia.
Informó además que durante la presente administración han sido cesados 270 custodios por diferentes delitos y faltas administrativas, y que ocho de ellos ya recibieron sentencia judicial.
n Luis de la Barreda
Intereses afectados causan revueltas en las cárceles
Elia Baltazar n Aunque sus causas no son fáciles de analizar, los amotinamientos no siempre son ocasionados por injusticias cometidas contra los internos, aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis de la Barreda.
El ombudsman capitalino afirmó: "Los motines a veces ocurren como reacción de los grupos de poder que existen en las cárceles y que ven afectados sus intereses a causa de los controles en el tráfico de drogas, por lo que no siempre representan causas justas".
Sin embargo, admitió que no se podrá evitar el ingreso de armas y estupefacientes a los penales mientras en el sistema penitenciario priven la laxitud de los controles, la falta de preparación técnica de quienes allí laboran y las prácticas de corrupción.
Entrevistado luego de dar a conocer la recomendación 5/99 -enviada a la Subsecretaría de Gobierno del DF, que se refiere al abuso de autoridad cometido por dos custodios y el jefe de control de Ejecución de Sentencias del DF contra un joven que se encuentra en libertad condicional-, De la Barreda comentó que en los reclusorios capitalinos se vive una situación difícil, agravada porque se le ha dejado crecer durante años.
Lo anterior ha dado como resultado que el número de internos sobrepase la capacidad penitenciaria y sus espacios, lo que ha provocado altos niveles de hacinamiento.
Comentó que es viable la propuesta dada a conocer por Leonel Godoy en días pasados, acerca de la posibilidad de crear cárceles abiertas, siempre y cuando se cumpla con una serie de condiciones que garanticen su funcionamiento. Por ello recomendó al gobierno capitalino analizar bien este proyecto.
Así, agregó, en esos espacios bien pueden encontrar lugar los primodelincuentes que no sean encarcelados por hechos violentos, o aquellos presos que estén a punto de concluir su condena, previo estudio de personalidad en todos los casos.
Respecto de la recomendación hecha a la Subsecretaría de Gobierno, el ombudsman informó que se trata de un abuso de poder cometido por el jefe de Control de Ejecución de Sentencias, Juan Antonio Olivares Sánchez, y los custodios José Silva Morales y Francisco Nava Saldívar, en contra de un joven que fue retenido injustificadamente durante cinco horas cuando se presentó a firmar su kárdex de libertad condicional.
El agraviado, cuyo nombre no se proporcionó por su seguridad, también fue despojado de 800 pesos, sólo con el argumento de que su esposa había solicitado la intervención del Olivares Sánchez para conciliar la indagatoria con su esposo.
En la recomendación también se involucra al director de Ejecución de Sentencias, Raúl Oceguera, a quien la CDHDF señala como responsable de haber proporcionado informes falsos sobre el caso.