Durante muchos años una de las exigencias de amplios sectores ciudadanos fue lograr en México el manejo integral de los llamados residuos peligrosos biológico-infecciosos. Fundamentalmente estos residuos proceden de los hospitales públicos y privados y de los laboratorios. La práctica común era recolectarlos sin el mínimo cuidado, y de igual forma arrojarlos a los tiraderos de basura. Otras veces iban a dar al drenaje, a barrancas, ríos y otros lugares abiertos. No se necesita ser un especialista para adivinar que en toda esa operación había un serio peligro tanto para quienes los manejaban como para el ambiente y la población en general, entrara o no en contacto directo con ellos.

Afortunadamente en 1996 entró en vigor la norma oficial para manejar integralmente dichos residuos. Aunque todavía en muchas ciudades no se cumple como sería deseable, los logros son evidentes. Se calcula que, diariamente, se producen en el país 150 toneladas de residuos biológico-infecciosos, de los cuales 120 toneladas reciben un tratamiento adecuado.

Este comienza con la recolección segura de los residuos en los lugares donde se generan, y concluye con diversos procesos técnicos que eliminan la posibilidad de que causen problema a la salud pública y al ambiente.

Toda esta tarea la debe realizar personal capacitado y con los equipos y materiales necesarios a fin de que sea un proceso confiable. Existe una joven industria que se dedica a esa labor y a ofrecer los insumos indispensables.

Pero la autoridad ambiental, concretamente el Instituto Nacional de Ecología (INE), propuso modificaciones a la norma, a fin de que no sea obligatorio tratar los residuos no anatómicos: objetos utilizados durante la atención a pacientes y que pudieron estar en contacto con enfermedades infecto-contagiosas. Por ejemplo, los abatelenguas de madera para revisar gargantas; las gasas y algodones utilizados en curación; recipientes desechables que hayan contenido sangre líquida, así como materiales manchados con sangre; las bolsas de diálisis; los dispositivos para exploración y toma de muestras; los gorros, batas y tapabocas. De prosperar la iniciativa original del INE, cerca de 90 por ciento de todos los residuos generados se tirarían nuevamente a los basureros municipales, la inmensa mayoría de los cuales son a cielo abierto, obsoletos, y donde la pepena de cierta basura se hace manualmente.

El sector ambiental y el de salud sostienen que pagan demasiado por manejar los residuos no anatómicos, y que éstos no implican peligro real de transmitir enfermedades infecto-contagiosas; también que con frecuencia se agregan otros materiales que encarecen el costo, y que es mejor dedicar el dinero que se eroga en esa tarea (una parte mínima del presupuesto del sector salud) a cosas más urgentes, como atender a los enfermos de sida.

Pero destacados científicos aseguran que es un error pensar así, pues la comunidad internacional de salud denomina a esos residuos ``potencialmente riesgosos'' y por ello no admite que deban ir a los basureros municipales.

Además, la norma mexicana, aun con las imperfecciones que se le vean, ha servido positivamente de guía a otros países para fijar criterios sobre el tema.

Son ya varios los foros organizados para conocer la opinión en torno a las modificaciones propuestas y llegar, en lo posible, a consensos entre las partes involucradas. No existe duda de la necesidad de encontrar soluciones que, en vez de invalidar los avances obtenidos, actualicen y clarifiquen las disposiciones legales vigentes sobre los residuos citados, en beneficio de la salud pública y el medio. Y que, además, mejoren el funcionamiento de la industria y disminuyan la generación de desechos. Esa reducción es ya real en algunos centros hospitalarios, desde que en 1996 entró en vigor la norma sobre la materia. Mal haría entonces el sector público en cuidar más los aspectos economicistas, presupuestales, que atender los intereses de la sociedad.