SG: ALIENTO A LA PISTOLIZACION

Las declaraciones formuladas ayer por los subsecretarios de Gobierno y de Comunicación Social de Gobernación, Jesús Murillo Karam y Javier Lozano, respectivamente, sobre la averiguación que se realiza en esa dependencia a raíz del otorgamiento indebido de credenciales que autorizan la portación de armas a ciudadanos particulares --a los cuales, por añadidura, se ha acreditado como servidores públicos sin que lo sean-- muestra la existencia de un peligroso talón de Aquiles en la estructura de seguridad pública nacional, un punto débil, ubicado, justamente, en la dependencia encargada de coordinar las acciones y políticas de seguridad en los niveles federales, estatales y municipales.

De acuerdo con los funcionarios mencionados, la Secretaría de Gobernación distribuyó entre 20 y 30 de esos documentos, en lo que constituye una práctica más que "irregular": es ilegal, porque esa dependencia usurpó las funciones de la Secretaría de la Defensa, a la cual, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, corresponde la atribución exclusiva de otorgar autorizaciones para portar armas de fuego; y es, además, corrupta, pues sólo puede estar cimentada en la mordida, el influyentismo, el compadrazgo y el nepotismo, o en una combinación de esas relaciones ilegítimas entre ciudadanos y servidores públicos.

Cabe recordar que el escándalo por estas credenciales deriva de las pesquisas por el asesinato de Francisco Stanley, en cuyas ropas se encontró uno de esos documentos, y quien, de acuerdo con los análisis realizados a su cadáver por el Servicio Médico Forense, fue adicto a la cocaína durante varios años, y lo era en la fecha en que recibió la charola referida. Significativamente, uno de los requisitos establecidos por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, correspondiente a la Sedena, para expedir o revalidar licencias particulares de portación de armas de fuego, es que el interesado "no consuma drogas, enervantes o sicotrópicos".

En otro sentido, debe recordarse que los principales elementos de disuasión para la adquisición y portación de armas de fuego por particulares son, precisamente, los severos requisitos legales y administrativos para hacerlo de manera autorizada, así como las sanciones y penas previstas a que se hacen acreedores quienes poseen o llevan consigo esas armas sin el permiso correspondiente. Las credenciales "irregulares" expedidas por Gobernación ųa decir de los subsecretarios Murillo Karam y Lozanoų a decenas de particulares, por el contrario, alientan la pistolización de la ciudadanía y son, en esa medida, un impulso a la violencia y la criminalidad. Esto implica, además de las infracciones administrativas o penales que pudieron haberse cometido, una grave responsabilidad política que debe ser asumida y esclarecida sin atenuantes.