* "Graves", las nuevas revelaciones: legisladores y dirigentes políticos

Debe reabrirse el caso de 68 para evitar la impunidad del genocidio

* Plantean reactivar los trabajos de la Comisión de la Verdad y que la PGR investigue

Alonso Urrutia, Matilde Pérez, Claudia Herrera y José Antonio Román * Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) calificaron de "graves" las nuevas revelaciones en torno a la masacre de 1968 ųcontenidas en el libro Parte de guerra, de Julio Scherer y Carlos Monsiváisų, y consideraron que, dadas las implicaciones históricas que ha tenido el caso, es necesario reabrir el expediente para dejar constancia de que el genocidio no puede quedar impune.

Independientemente de la coyuntura que enfrente el país, sostuvo el perredista Mario Saucedo, siempre será importante esclarecer esa masacre con el propósito de dejar constancia a las nuevas generaciones de que no puede haber impunidad, y para contribuir a abrir el paso a un estado realmente democrático.

Saucedo reconoció que de acuerdo con la legislación mexicana el genocidio prescribe a los 30 años, por lo que en esa lógica ya no procedería un juicio. Sin embargo, en el ámbito internacional ese delito es considerado tan grave que no tiene prescripción.

Citó dos ejemplos internacionales que dan cuenta de que la violación de derechos humanos en esas dimensiones nunca debe quedar impune: el caso de Pol Pot, quien masacró a millones de camboyanos durante su gestión, y el más reciente de Augusto Pinochet, dictador chileno que ahora enfrenta un juicio por sus crímenes como gobernante.

Respecto al movimiento estudiantil de 1968, comentó que las revelaciones de quienes fueron protagonistas directos de los hechos arrojan nuevos datos que la Procuraduría General de la República (PGR) debería investigar. Nunca será tarde, dijo, para reabrir el expediente si con ello se puede llegar realmente a la verdad de la masacre.

Por su parte, el panista Norberto Corella consideró necesario que las instituciones responsables realicen investigaciones al respecto. Censuró que sean los medios de información, y no las instituciones de procuración de justicia, los que aporten nuevos datos sobre los sucesos de 1968. "Es una vergüenza", mencionó.

Ambos legisladores coincidieron en que, independientemente del contexto electoral que se vive, es necesario investigar los hechos "hasta sus últimas consecuencias". Asimismo, opinaron que las condiciones en que se desarrolla el movimiento estudiantil actualmente son diferentes de las que propiciaron la masacre de 1968.

Información incompleta

El dirigente nacional interino del PRD, Pablo Gómez Alvarez, mencionó que los nuevos testimonios sólo confirman los señalamientos que hizo la Comisión de la Verdad de que el Batallón Olimpia fue preparado para atacar a la dirección del movimiento estudiantil en el edificio Chihuahua, en Tlatelolco. "Ahora el Estado debe admitir institucionalmente su culpa en los acontecimientos de 1968".

Añadió que también es el momento de que la Secretaría de la Defensa Nacional abra los expedientes de ese año. "Pero me temo que no lo ha autorizado porque no hay documentos de 1968, pues fueron sustraídos. Eso tienen que explicarlo el Ejército y la gente que estuvo en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

"Además, Ƒdónde está el archivo del secretario de Gobernación (Luis Echeverría)?, porque lo encontrado en el Archivo General de la Nación son cosas exclusivamente relacionadas con otras dependencias de la secretaría, no con su titular."

Indicó que el Congreso de la Unión tendría que encontrar ahora un mecanismo para que el general Luis Gutiérrez Oropeza y otros comparecieran y dieran una versión contrastada con los que estuvieron en Tlatelolco.

"No tengo ninguna duda de que los soldados intervinieron en la represión y que las decisiones y órdenes las tomaron el presidente (Gustavo Díaz Ordaz) y los secretarios de Estado en ese momento."

Para la secretaria general interina del PRD, Ifigenia Martínez, las revelaciones de Marcelino García Barragán son graves. "El Congreso de la Unión debe reactivar la Comisión de la Verdad del 68", dijo.

Raúl Alvarez Garín comentó que por las revelaciones de García Barragán urge abrir los archivos del 68, porque la información está incompleta, faltan las contrapartes de los oficios operativos.

"El comandante en jefe de las fuerzas armadas, Ernesto Zedillo, debe entregar la documentación reclamada desde hace seis años y la Comisión de la Verdad retomar sus trabajos porque hay más información", expuso.

Al tribunal colegiado le exigió que resuelva de inmediato y de forma positiva a las 80 personas que exigieron a la Procuraduría General de la República retomar la solicitud de denuncia presentada por los hechos criminales del 2 de octubre.

Recordó que la PGR respondió que por economía de proceso no lo hacía y además la denuncia había prescrito.

"Exigimos una resolución positiva a la demanda de amparo para iniciar la verdadera investigación en contra de los responsables. También citar a declarar al general Gutiérrez Oropeza, a Alfonso Corona del Rosal y a Alfonso Martínez Domínguez para iniciar las averiguaciones correspondientes."

La responsabilidad, del mando civil: Roque Villanueva

La Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideraron "positivo" que se dé a conocer con mayor detalle el papel que desempeñaron las fuerzas armadas en los acontecimientos de 1968.

Agregaron que cuestionar las acciones de las fuerzas armadas fuera de su ámbito, marcado por la Constitución, es un asunto social que debe continuar para impedir que rebasen sus tareas.

Humberto Roque Villanueva rechazó que los hechos de 1968 en Tlatelolco sean responsabilidad de las fuerzas armadas. "La historia negra no es del Ejército", dijo en breve entrevista, luego de reunirse con los militares retirados que conforman la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, como parte de la pasarela en busca de la candidatura priísta a la Presidencia de la República.

El ex dirigente nacional del PRI salió en defensa de las fuerzas armadas, e insistió en que todo el Ejército, más aún el Estado Mayor Presidencial, responden a un mando civil. "La responsabilidad ųreiteróų fue del mando civil".

Las revelación del ex secretario de la Defensa Marcelino García Barragán no eximen al Ejército de su responsabilidad en la matanza de Tlatelolco, sostuvo el ex líder estudiantil Raúl Jardón, quien dijo que los elementos del Estado Mayor Presidencial señalados como los autores de los primeros disparos también formaban parte de la estructura militar, además de que entonces los soldados hirieron con bayonetas a los estudiantes.

Además, consideró que lo más importante de esos testimonios es que dan cuenta de la visión "histérica y paranoica" que había en los círculos gubernamentales y militares acerca del movimiento estudiantil de 1968.

El entonces representante de la Preparatoria 2 en el Consejo Nacional de Huelga señaló, a propósito de la publicación de esos documentos, que sería un error creer que se aclara la actuación del gobierno, y aseveró que la versión de García Barragán introduce nuevos cuestionamientos.