En estos días de intensa lluvia, hemos recibido con asombro la iniciativa de decreto que pretende reformar la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y crear la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación que, siguiendo la tradición gubernamental de indiferencia y olvido, hace caso omiso de los pueblos indígenas. Dicha iniciativa, al referirse a nuestros pueblos --en la exposición de motivos--, habla de "grupos étnicos" desconociendo de tajo los avances hasta hoy logrados en materia de derechos indígenas, mismos que nos reconocen como pueblos y no como grupos.

En el texto mencionado puede apreciarse claramente la concepción de que los pueblos indios somos parte del pasado, pero no del presente y futuro de nuestro país. Se afirma así que "siglos antes de que los europeos llegaran a América, los antiguos pobladores del territorio nacional habían constituido civilizaciones plenas de manifestaciones y muestras culturales, que eran resumen del desarrollo socio-político que caracterizó a esos pueblos, y que hoy día son motivo de orgullo y admiración en México y en el mundo". Es decir, después de la llegada de los europeos no hay civilización plena en los pueblos indígenas, mismos que ya no tienen un crecimiento pleno, y por eso mismo ya no son signo de orgullo y admiración. En otras palabras, la iniciativa en referencia sigue haciendo honor al indio muerto y lastimando a los pueblos vivos.

De hecho, esta actitud y pensamiento de olvido y marginación no es nueva para nosotros. En la Colonia se emitió un conjunto de normas relativas a los pueblos indígenas, llamadas Leyes de las Indias, que no tomaron en cuenta nuestra cultura y olvidaron tajantemente nuestra dignidad de seres humanos. Lo mismo sucedió con la expedición de la Constitución de 1824, en donde incluso se nos llegó a dar un trato similar al dado hacia los extranjeros en aquel entonces, es decir, se nos considero extranjeros en nuestra propia tierra.

Hoy, aunque las cosas han cambiado, aún así se pretende emitir una nueva legislación sobre el patrimonio de nuestros antepasados y la riqueza cultural que nuestros pueblos han conservado y acrecentado durante milenios, sin tomar en cuenta nuestra voz y nuestras exigencias. La instauración de esta iniciativa ignora las disposiciones normativas tendentes a garantizar y proteger las culturas de los pueblos indígenas, como es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 4Ɔ dispone: "1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados". También se olvida dolosamente el contenido del artículo 4Ɔ constitucional, que en su primer párrafo establece: "la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social".

Esta actitud discriminatoria hacia nuestros pueblos ya no es posible. En los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas se propuso que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados de la República estatuyeran la obligación del Estado para "promover el desarrollo de los diversos componentes de identidad y patrimonio cultural" de los pueblos indígenas. Además, en dichos acuerdos el gobierno federal asumió el compromiso de "impulsar políticas culturales nacionales y locales de reconocimiento y ampliación de los espacios de los pueblos indígenas para la producción, recreación y difusión de sus culturas; de promoción y coordinación de las actividades e instituciones dedicadas al desarrollo de las culturas indígenas, con la participación activa de los pueblos indígenas; y de incorporación del conocimiento de las diversas prácticas culturales en los planes y programas de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas". Asimismo, se afirmó que el "conocimiento de las culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas".

Esta es la palabra que los pueblos indios de México hemos empeñado en los acuerdos de San Andrés. Pero es evidente que lo más importante para quienes han hecho la propuesta legal en referencia es cómo hacer negocio con nuestro patrimonio y cómo cobrar mejor la sangre y el sudor que subyace en cada piedra, en cada pared, en cada edificio que dicha propuesta de ley dice proteger y garantizar. Y frente a este descaro, una vez más los pueblos indios y la sociedad civil tenemos que exigir el reconocimiento pleno de nuestra autonomía sobre lo que por derecho y razón nos pertenece.