DESAFIO AL ESTADO
El ataque criminal perpetrado ayer en esta capital contra cuatro integrantes del Estado Mayor Presidencial (EMP) --dos de los cuales murieron y un tercero quedó lesionado-- es, además de condenable, un indicador alarmante sobre el poder de fuego, la capacidad de inteligencia, planificación, y la preparación que han alcanzado ciertos grupos de la delincuencia organizada.
Aunque el director general de la Policía Judicial capitalina, Mauricio Tornero, dijo ayer mismo que las primeras investigaciones apuntan al robo como móvil de la agresión --los militares agredidos llevaban consigo 500 mil pesos en efectivo que acababan de retirar de una sucursal bancaria--, el hecho adquiere una significación política y social inocultable: hay estamentos de la criminalidad que se atreven a golpear, a cinco cuadras de la residencia oficial del titular del Ejecutivo, a plena luz del día y haciendo alarde de su capacidad ofensiva, a efectivos del agrupamiento militar más poderoso y mejor entrenado del país, el cual representa, además, el mecanismo histórico principal de subordinación de las fuerzas armadas al poder civil y constituye el símbolo por excelencia de la aptitud coercitiva del Estado.
En otro sentido, la hipótesis del robo no basta para aclarar los diversos interrogantes que suscita entre la opinión pública el crimen perpetrado en la avenida Parque Lira. Por principio de cuentas, es de sentido común suponer que una operación delictiva de esa magnitud difícilmente habría podido efectuarse sin una planificación derivada de información sobre el monto de efectivo que portaban las víctimas, así como sobre el vehículo en el que viajaban, su horario y trayecto. Si se toman en cuenta las declaraciones --citadas por Tornero-- del único militar que salió ileso, el cabo Roberto Carlos Jiménez, según las cuales el retiro de dinero y el desplazamiento efectuados no formaban parte de una actividad rutinaria en el EMP, es razonable suponer que los asaltantes sólo pudieron obtener la información correspondiente de las mismas víctimas, de la institución bancaria en la que se retiró el dinero o del propio Estado Mayor Presidencial.
Por otra parte, cabe preguntarse cómo pudieron los agresores apoderarse del maletín con el dinero, además de una metralleta que portaban los militares, si dos de éstos, de acuerdo con la versión oficial, respondieron al fuego desde el automóvil en el que fueron atacados.
Los lamentables y condenables hechos deben ser esclarecidos por una exhaustiva y expedita pesquisa de la autoridad civil --a la que corresponde legalmente la diligencia del caso-- en la que se exploren todas las líneas de investigación posibles.