Nuestro periódico ha sido uno de los pocos medios donde han tenido cabida noticias sobre la violación de los derechos humanos de los indios protestantes en México. Estigmatizados por un inconsciente colectivo católico que todavía domina las creencias y actitudes incluso de sectores de la sociedad supuestamente emancipados de la tutela clerical, los indio(a)s evangélicos del país son uno de los grupos con menor solidaridad externa en la defensa de su libertad de conciencia.

El crecimiento del protestantismo ha sido particularmente prolífico en muchas de las zonas con mayor población indígena de nuestra nación. En dos estados con estas características, Oaxaca y Chiapas, los creyentes evangélicos han alcanzado porcentajes de adeptos inimaginables para las principales ciudades mexicanas. Por ejemplo, en estos momentos, varios municipios de los Altos, Selva y Norte de Chiapas tienen entre 25 a 50 por ciento de población evangélica. Las cifras pueden ser aquilatadas mejor si tenemos en cuenta que en la actualidad la media nacional en el mismo rubro es, de ser ciertas las proyecciones basadas en el Censo de 1990, de 8 a 10 por ciento de mexicano(a)s protestantes evangélicos. Por distintas razones las comunidades indígenas han sido espacios permeables al cristianismo separado de Roma. Realidad que contradice muchas de las construcciones ideales de los pueblos indios como preponderantemente cerrados a cosmovisiones exógenas y dedicados a reproducir las tradiciones ancestrales (entre ellas la religiosidad católica).

El 17 de junio La Jornada publicó (nota de Elio Henríquez) el caso de 17 indígenas evangélicos que fueron detenidos "ilegalmente y golpeados por caciques tradicionalistas" en la comunidad de Mitzitón, municipio de San Cristóbal de las Casas. Su delito consistió en iniciar la construcción de un templo protestante en el poblado. La acusación de los tradicionalistas consistió en señalar a los disidentes de "violar por segunda ocasión un acuerdo mediante el cual los protestantes se habían comprometido a no construir templos en la comunidad". Acuerdo que fue impuesto en franca violación a los derechos humanos y constitucionales de los evangélicos. Días más tarde (21 del mismo mes) nuestro periódico informaba --por medio del corresponsal Víctor Ruiz Arrazola-- de un caso similar en San Vicente Coatlán, Oaxaca. En este lugar, de acuerdo con Enrique González Cruz, defensor de los heterodoxos religiosos intimidados, 32 familias evangélicas han sido privadas de sus derechos agrarios y se les impide hacer cualquier trámite administrativo en el municipio. Además las autoridades de San Vicente presionan a los protestantes para participar en las fiestas católicas y cooperen en su realización.

Si bien es cierto que el conflicto y el hostigamiento a los indígenas evangélicos que han dejado de compartir la fe católica mayoritaria en las comunidades no es un ambiente generalizado, en muchas de ellas se ha llegado a una pluralidad conciliada, sí preocupa que en algunos lugares se estén recrudeciendo los ataques contra quienes en pleno uso de su libertad de conciencia están construyendo una identidad indígena distinta de la tradicionalmente aceptada. El hecho es que las transgresiones a los derechos humanos de los protestantes se topa casi con el silencio absoluto de la opinión pública y organizaciones que sí hacen escuchar su voz en los medios cuando las atacadas son otras minorías. La explicación, en parte, está en que las mismas víctimas de esta confesión religiosa pocas veces denuncian penalmente a sus agresores, y casi nunca dan la batalla por sus derechos en los medios donde se forja conciencia del peligro y consecuencias de estigmatizar a lo(a)s diferentes.

También contribuye al silencio de este tipo de intolerancias y persecuciones que padecen los indios evangélicos, el mutismo de quienes debieran ser sus defensores (ONG especializadas en defender a víctimas de intolerancias, intelectuales destacados en la forja de una cultura democrática, movimientos sociales antiautoritarios, etcétera). Y debieran serlo porque en la lid por los derechos humanos no puede haber excepciones sin que la sociedad en su conjunto se vea afectada por la transgresión de los derechos a una parte de ella. Parece que aquí y allá, en muy diversas fuerzas sociales y culturales, se considera políticamente incorrecto solidarizarse con los protestantes. Es cierta la observación de Carlos Monsiváis: "Y los grupos de la sociedad civil tan atentos a la atroz represión contra las comunidades zapatistas, no dicen una palabra de la persecución a los disidentes religiosos, el EZLN no declara ni envía misivas al respecto, al PRD no le incumbe la cuestión, el PAN y el PRI jamás incorporarían entre sus preocupaciones la persecución religiosa, casi ningún articulista serio aborda el tema que de hecho no existe noticiosamente" (El Universal, 20/VI). El silencio muestra que existe un hoyo en las redes defensoras de los derechos humanos.