n Seguirán los operativos en las Cañadas: PGJE

Detenidos, otros dos presuntos implicados en la matanza de Acteal

Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 30 de junio n La Policía Judicial Federal detuvo a los indígenas priístas José Guzmán Ruiz y Manuel Luna Pérez -originarios de Chenalhó-, por su presunta participación en la masacre de 45 tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) explicó que Guzmán Ruiz, originario de la comunidad de Queshtic, fue detenido ayer en la cabecera municipal de Chenalhó, mientras que Luna Pérez, de La Esperanza, fue capturado en el vecino municipio de Pantelhó. Contra ambos había orden de aprehensión.

Añadió que estos dos indígenas, quienes fueron internados en el penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, se suman a los cien prisioneros que ya había por el mismo caso.

La detención "es resultado del trabajo continuo que lleva a cabo la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en el Municipio de Chenalhó", abundó la PGR.

Por otra parte, el procurador de Justicia del estado, Eduardo Montoya Liévano, aseguró que continuarán los operativos policiaco-militares en las Cañadas de Ocosingo, pues "no podemos abandonar las posiciones de seguridad para la gente". Concretamente, dijo que no retirará a las fuerzas públicas de la comunidad de Nazareth.

Reconoció que los operativos han causado una "encrucijada", pues para los zapatistas "es hostigamiento y para los no zapatistas es una necesidad de seguridad" en sus comunidades.

En declaraciones a la radio local, el funcionario sostuvo: "Para que la gente coma y progrese no vamos a escuchar la voz de unos cuantos, porque la mayoría está haciendo un reclamo histórico que se le debe".

Luego subrayó: "Si un puño de gente no quiere que hagamos llegar los apoyos, de todas maneras vamos a ver que lleguen a su destino, no vamos a aterrorizarnos porque un puñado de inconformes quiera que los demás no coman, no se eduquen y que no les llegue el progreso".

Montoya Liévano enfatizó que el gobierno tiene "la obligación de proceder legalmente contra aquellas personas que están atentando contra la vida, la salud y la educación de las comunidades marginadas".