n Postura de diputados y senadores del PRD en un documento oficial

La iniciativa sobre riqueza cultural se inscribe ''en la trayectoria de las reformas neoliberales''

n Proponen discutir y reformar la ley federal vigente con la participación de todos los sectores

Arturo Jiménez n La propuesta de ley sobre patrimonio cultural que recibió el Senado, se inscribe ''en la trayectoria de las reformas neoliberales" aplicadas en México desde los años ochenta y por las que ''el gobierno ha cedido facultades y áreas de influencia a la iniciativa privada, pretendiendo que se mantiene una 'rectoría' del Estado", concluye un documento oficial que resume la postura de los diputados y senadores del PRD.

Ante ello, el texto descarta el polémico proyecto legislativo y propone, en cambio, discutir reformas a la ley federal vigente en la materia que garanticen y mejoren la protección de esa riqueza cultural con base en la participación abierta de los sectores interesados, pero sin cuestionar la ''propiedad nacional" de dicho patrimonio, su ''carácter social e integral" y el apoyo a los rubros de educación e investigación.

Titulado En defensa del patrimonio cultural de la nación, el documento plantea que ''debe valorarse abierta, objetiva y serenamente la legislación actual y la actuación de las instituciones, en cuanto a sus logros, errores y retos.

''Sólo después de un acuerdo amplio, fundado en razones científicas y técnicas, se estará en condiciones de poner en marcha las reformas que sean necesarias, a partir de las propuestas que se han presentado en diversos foros e instancias de discusión."

Con ejemplos ilustrativos sobre las implicaciones legales y sus consecuencias -en lo que se observa un trabajo de investigación y consulta-, el pequeño folleto de 18 páginas había sido anunciado en días previos por legisladores perredistas.

Los títulos de sus ocho capítulos dan cuenta del sentido de su posición sobre la iniciativa de ley, pues dicen que ésta ''viola el espíritu de la Constitución", ''promueve la privatización del patrimonio cultural" y ''posee una concepción de patrimonio cultural limitada y elitista".

Además, que ''se elaboró sin tomar absolutamente en cuenta a la comunidad científica", ''promueve una estructura institucional autoritaria", ''desmantela al INAH y al INBA", ''crea incertidumbre en el terreno laboral" y ''promueve una reforma constitucional superficial, ociosa e intrascendente".

Esta propuesta, elaborada durante cuatro años por el senador panista Mauricio Fernández Garza en colaboración, según afirma éste, con autoridades ejecutivas (INAH y CNCA), ingresó al Senado el pasado 28 de abril luego de un proceso ''secreto".

A partir de ese momento el proyecto legislativo ha sido impugnado por diversos sectores, como el de los especialistas en las diversas áreas de la antropología, la arqueología y la historia, quienes consideran que viola principios constitucionales y contiene graves omisiones y contradicciones.

Proteger el patrimonio intangible

Entre los artículos de la Constitución que los legisladores perredistas consideran que viola la iniciativa, en su presunta intención ''descentralizadora", se encuentran el 41, pues las legislaturas de los estados ''en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal", y el 124, ya que las facultades de los funcionarios federales no podrán ser ejercidas por sus contrapartes estatales. Otros artículos son el 26, el 27 y el 132.

Consigna el documento perredista acerca de la asignación de responsabilidades en la materia a estados y municipios: ''Poner en manos de autoridades poco calificadas y sin presupuestos suficientes decisiones clave como la conservación de un patrimonio que no pertenece a una entidad o a un municipio sino a todos los mexicanos, es cuando menos riesgoso".

Dice además que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (de 1972) y la Ley Orgánica del INAH prevén la participación supervisada de estados, municipios, ciudadanía y comunidades, pero que el proyecto de ley argumenta, en ese caso, una carencia.

Acerca de la concesión a particulares de monumentos arquelógicos, históricos y artísticos, advierte: ''De aprobarse esta iniciativa, significaría un retroceso, pues a lo largo de nuestra historia, la legislación relativa al patrimonio cultural siempre ha considerado que su conservación debe ser de carácter público e interés social".

Resalta que omite la necesidad de proteger el ''patrimonio intangible", como tradiciones, cultura popular e indígena, o el ''patrimonio vivo", como las artesanía. Y dice que la legislación vigente protege el patrimonio por una ''determinación de ley", lo que elimina la iniciativa pues plantea que sólo mediante declaratoria presidencial se designe qué es patrimonio cultural. Como la mayoría de esta riqueza carece de declaratoria, quedaría en riesgo de saqueo.

Sobre el coleccionismo, dice que ''el elitismo de la iniciativa quebranta principios básicos al establecer excepciones a leyes de aplicación general" y agrega que se ''trata el patrimonio cultural como objeto, accesible sólo a ciertos sectores privilegiados".

Respecto de las nuevas instancias que propone el proyecto (un consejo y un comité), asegura que serían ''dos auténticos elefantes blancos" que depositarían ''facultades propias de especialistas y científicos en funcionarios públicos". Además, no contempla al INBA y quita atribuciones -cuyo destino quedaría confuso- al INAH.

Por último, cuestiona que no sean consideradas -pese a su importancia y prestigio internacional en la investigación y docencia- las escuelas de Antropología e Historia y la de Restauración y Conservación, y que se abra la puerta a la cancelación de derechos laborales logrados tras décadas de lucha sindical.