La Jornada viernes 2 de julio de 1999

EL PRI, CONTRA LA DEMOCRACIA

La fracción priísta en el Senado de la República realizó ayer una maniobra para eludir cualquier discusión de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y condenar al fracaso la iniciativa correspondiente sin ni siquiera presentar el dictamen negativo. De esta forma concluye el actual periodo extraordinario senatorial, una de cuyas misiones centrales era, justamente, atender la iniciativa enviada por la Cámara de Diputados para introducir en la ley electoral modificaciones fundamentales para el avance democrático del país.

Entre otras cosas, tales reformas podrían haber introducido mecanismos de fiscalización y control de los recursos partidistas, instrumentos cuya necesidad salta a la vista ante el conocimiento de los irregulares y cuantiosos donativos otorgados al PRI por presuntos delincuentes como Carlos Cabal Peniche e Isidoro Rodríguez, El Divino; habrían hecho posible que varios millones de ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero -principalmente en Estados Unidos- ejercieran su derecho al sufragio, y creado condiciones propicias para alianzas y coaliciones electorales, una práctica que, en los términos actuales del Cofipe, resulta harto onerosa para los partidos que decidan presentar candidatos comunes. Estas tres modificaciones legales habrían significado un avance democrático sustancial para el país, y el partido en el gobierno es el responsable de haberlas impedido.

La maniobra de manipulación del quórum efectuada ayer por los senadores priístas es antidemocrática, pues, en el fondo pero también en la forma, porque optaron por eludir una votación que hubieran ganado, sin duda, pero también una discusión que habrían perdido. Ello muestra la carencia de argumentos presentables por parte del priísmo y exhibe la determinación del partido oficial de aferrarse al poder a toda costa, incluso al precio de convertir la práctica legislativa en una mascarada de procedimientos de asamblea, con lo que ello significa en erosión y deterioro para la vida republicana del país y con el saldo antidemocrático que arroja para un sexenio que, en sus inicios, enarboló la bandera de la reforma del Estado.

A fin de cuentas, con su proceder en la sesión de ayer, los senadores del tricolor le dan la razón a quienes sostienen -acertadamente o no- que la plena democratización de México pasa, necesariamente, por la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional y su expulsión del poder público.