n Los documentos dificultarán la defensa del ex general, estima la derecha
Por presiones políticas EU divulgó informes sobre Augusto Pinochet
n Washington admite que está cooperando con Garzón n El juez agregó 22 casos de tortura a la causa
Reuters, Afp, Dpa y Ap, Washington, 1o. de julio n Estados Unidos reconoció hoy que la divulgación de documentos secretos sobre la dictadura militar chilena del ex general Augusto Pinochet obedeció a presiones políticas, y confirmó que está cooperando con la justicia española en torno al caso del asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier.
Tras la detención de Pinochet en Londres, el 16 de octubre pasado, el presidente estadunidense, Bill Clinton, se comprometió hace seis meses a abrir los archivos secretos sobre la dictadura chilena, por lo que la Casa Blanca prácticamente admitió que se responde así a presiones de quienes desean que continúe el proceso en Londres.
"Este es un caso especial en el que se actuó desde diciembre, debido al interés en el Congreso y otras esferas", señaló el portavoz del Departamento de Estado, James Foley, quien sostuvo que estos documentos son "parte de una revisión voluntaria de los archivos gubernamentales" sobre la situación de los derechos humanos.
Sin embargo, legisladores y activistas de los derechos humanos solicitaron públicamente el 7 de diciembre a la Casa Blanca que informara sobre el asunto, ante lo que entonces algunos consideraron como neutralidad del gobierno de Clinton en el proceso contra el ex dictador chileno, y además considerar el asesinato de Letelier en 1976 en Washington.
En ese marco, fuentes del gobierno aseguraron que Estados Unidos está cooperando con la justicia española para determinar qué prueba criminal puede existir contra el ex dictador en el caso Letelier, quien murió junto con su secretaria estadunidense, Ronni Moffitt, cuando una bomba explotó bajo su coche aquel año.
Para tal afecto, se dijo, un fiscal de la división criminal del Departamento de Justicia, Mark Richard, viajó en abril pasado a España para compartir información sobre Pinochet con autoridades de ese país, pues quedó de manifiesto que esbirros de la dictadura enviados a Washington eran los autores del crimen.
"Se trata de cualquier información que pueda contribuir a la investigación en curso en Estados Unidos por el asesinato de Orlando Letelier, y también ver qué información le podemos dar a España", dijo un funcionario consultado, quien añadió que el caso Letelier se mantiene abierto en Estados Unidos porque no han sido enjuiciados todos los responsables.
El juez español Baltasar Garzón, quien reclama la extradición de Pinochet para enjuiciarlo por cargos de tortura y asesinato de opositores políticos, pidió desde el año pasado a Washington que le entregara antecedentes sobre el también senador vitalicio, acorde con organismos estadunidenses que recogieron información.
Asimismo, tras el arresto de Pinochet familiares de Letelier y de la familia de Ronni Moffitt pidieron al gobierno de Clinton enjuiciar al ex general como autor del crimen, el cual es considerado hasta la fecha como el peor atentado terrorista cometido por un gobierno extranjero en las calles de Washington.
Un funcionario del Departamento de Justicia, citado por la agencia Reuters, dijo que aún existen dos cuestiones claves a ser resueltas: "La primera es la cuestión más general de si se puede enjuiciar a Pinochet, tema que involucra la inmunidad de líderes extranjeros".
"Si la respuesta es afirmativa, entonces habría que ver si existe evidencia concreta contra Pinochet. Por el momento, no hemos resuelto ninguna de estas cuestiones", concluyó.
Por su parte, el gobierno chileno calificó como "positiva" la difusión de 5 mil 800 documentos por Estados Unidos donde se consigna la represión, el terrorismo y la violencia del régimen militar contra los opositores políticos, reportó el corresponsal Enrique Gutiérrez Aicardi.
El canciller Juan Gabriel Valdés declaró que de esta manera se podrán "conocer los detalles de hechos que ocurrieron y que tienen una trascendencia enorme para la vida de todos los chilenos", y coincidió con el portavoz gubernamental, Carlos Mladinic, en que estos archivos no afectarán la situación de la detención de Pinochet.
En cambio, ex jefes militares y los partidos políticos de la derecha reaccionaron con disgusto ante la desclasificación de los archivos, al considerar que sí afectará a Chile en su defensa de Pinochet por traerlo de regreso al país.
En tanto, en Buenos Aires las Abuelas de la Plaza de Mayo pidieron a Estados Unidos que también desclasifique documentos de la dictadura argentina, y en París se demandó la apertura de los archivos secretos franceses en relación a la Operación Cóndor, por medio de la cual las dictaduras intercambiaban información para detener a disidentes en países del Cono Sur.
Incluso, una corte francesa ordenó la reanudación de las investigaciones para determinar si Pinochet puede ser acusado por crímenes contra la humanidad en lo referente al asesinato de dos ciudadanos franceses en Chile.
Se trata de una segunda instrucción en Francia contra Pinochet, esta vez a cargo del juez Herve Stephan para encargarse de investigar los casos de Henri Ropert y del sacerdote André Jarlan, asesinados en Chile en 1973 y 1984, respectivamente.
Mientras, se informó que el juez español Baltasar Garzón habría agregado a su causa contra Pinochet 22 casos de tortura, previos a septiembre de 1988, fecha a partir de la cual la justicia británica autorizó que se le podía reclamar en extradición.
Tal información fue atribuida al despacho jurídico de Garzón, sin que se hayan explicado las razones por las que se agregaron estos nuevos casos al sumario, aparentemente fuera de lugar.