Las cifras de la obra de la Red de Protección a Periodistas Recuento de daños 1998, realizada por la Fundación Manuel Buendía y el Centro Nacional de Comunicación Social, y publicada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) son un indicador de los riesgos que conlleva hoy en día el ejercicio periodístico en el país, y de la necesidad de fortalecer las garantías necesarias para protegerlo. La AMDH creó, para responder a ello, el Programa de Protección a Periodistas, cuyos objetivos son realizar un inventario de las acciones que buscan limitar sus actividades, desarrollar actividades que permitan la defensa de los periodistas que han sido agredidos por el ejercicio de su actividad profesional, diseñar un programa de difusión para dar a conocer, nacional e internacionalmente, las agresiones al ejercicio periodístico, y establecer convenios de colaboración, cooperación e intercambio con diversos organismos dedicados a la protección de los medios de comunicación social. Parte central del programa es la creación de la ``Comisión de protección a Periodista de la AMDH'', que tiene entre sus atribuciones emitir opiniones en torno a la pertinencia de defender casos de agresiones a periodistas, y cuya conformación por once personalidades interesadas en la defensa de la libertad de expresión fue dada a conocer a los medios de comunicación el pasado día 30.

Con base en el informe arriba señalado, la comisión seleccionó los siguientes casos: Benjamín Flores González, director de La Prensa de San Luis Río Colorado, Sonora, asesinado en julio de 1997; Sergio Haro Cordero, del semanario Sietedías de Mexicali, y Jesús Barraza Zavala, del semanario Pulso de Sonora, amenazados de muerte; Carlos R. Menéndez Navarrete, del Diario de Yucatán, citado a comparecer ante el Ministerio Público, con la amenaza de usar la fuerza pública en su contra si se niega a hacerlo, y Verónica Danell Monter, ex corresponsal del noticiero Para empezar de MVS, hostigada por personal de seguridad del gobernador Roberto Madrazo Pintado, lo que la llevó a dejar Villahermosa por falta de garantías para su trabajo.

Las agresiones reflejan los riesgos que se ciernen hoy en día sobre la libertad de expresión en México. Ya no es el Estado el principal actor que ataca la libertad de prensa, sino que su lugar ha sido ocupado por fuerzas políticas y sociales vinculadas a acciones ilegales. A los narcotraficantes, por ejemplo, les interesa que los periodistas dejen de informar sobre sus actividades delictivas, para poder actuar con impunidad. Los casos de Flores, Haro y Barraza están presuntamente relacionados con el narcotráfico, e incluso se presume que las causas del asesinato del primero se encuentran en haber llamado la atención pública sobre las acciones de éste.

El hecho que explica esta vulnerabilidad se encuentra en una segunda amenaza al periodismo en México: los cuerpos de seguridad que han sucumbido ante la corrupción y se han aliado a bandas delictivas vinculadas al narcotráfico, al robo de autos y a otros tipos de delincuencia organizada.

Barraza denunció que miembros de la Policía Judicial Federal en San Luis Río Colorado estaban relacionados con bandas que roban automóviles en Estados Unidos, para traerlos después a México. Ello le valió que presuntos miembros de la PJF atacaran a su guardaespaldas, quien a raíz de la agresión se negó a protegerlo. Algo análogo le sucedió a Verónica Danell, hostilizada presuntamente por funcionarios del ahora gobernador con licencia Roberto Madrazo, en razón de la cobertura más objetiva de sus noticiarios.

Un tercer tipo de ataques contra los periodistas radica en el uso indebido de recursos legales, como la figura de la demanda por difamación, o los supuestos delitos electorales para inhibir el trabajo de los reporteros. Tal es el caso del director del Diario de Yucatán, quien fue denunciado por el candidato de un partido a la presidencia municipal de Mérida, simplemente por no aparecer junto a otros candidatos en un artículo publicado en primera plana el día de las elecciones. La mejor manera de contribuir a eliminar las agresiones a periodistas y preservar la libertad de expresión, es investigar y difundir las agresiones de que son víctimas los periodistas, y luchar contra la impunidad de sus agresores.