Abraham Nuncio
Crónicas son del tiempo

En varios lugares de Texas, como en el resto del territorio estadunidense, existen --desde 1973-- clínicas destinadas a la práctica legal del aborto. Las Women's Clinic o las New Women's Clinic son de las más frecuentadas. En la época de Ronald Reagan recibieron apoyo gubernamental de tal forma que pudieran atender a todas las mujeres interesadas en operaciones de ese tipo. Su impacto fue contundente entre la población latina. Las mujeres con apellidos que sonaran a origen español recibían un descuento. El propósito era claro: que no se extendiera la brown spot tan repudiada por los wasps.

Más que servir al racismo blanco de Estados Unidos, esas clínicas dan respuesta a una necesidad milenaria: la de las mujeres que por diversas razones -de salud, sociales, morales, económicas- deciden hacerse un legrado.

Lo que menos esperaban los panistas que han impulsado en Nuevo León una iniciativa para penalizar el aborto sin excepciones (enfermedad, malformaciones, violación), era saber que tan sólo en Laredo, Texas, 50 por ciento de las mujeres que se hacen practicar un legrado (casi mil al año) son de Monterrey.

A veces el PAN se equivoca de época. Ahora, inspirado en el incansable salvavidas moral, Jorge Serrano Limón, que dice defender la existencia donde resulta más espectacular e ideológicamente redituable sin poner el menor énfasis en la actual política económica que causa la muerte de millones de seres humanos desde la concepción misma por carencias nutritivas, se lanza a perseguir a las mujeres que abortan y a quienes las ayudan a abortar.

Con o sin penas, muchas mujeres seguirán abortando. Por necesidad, como es obvio: no quieren padecer la expulsión de la tribu, del trabajo, de la relación con su pareja (habrá que esperar décadas mientras la paternidad responsable se decide a formar parte de la vida común de los mexicanos), o bien no desean gestar en su vientre el producto de una violación, un ser deforme o arriesgarse a morir por malas condiciones de salud. Las que tienen dinero podrán abortar fuera del país o acudir a una clínica local donde clandestinamente se las atienda con menos peligros que los que supone ponerse en manos de una comadrona.

Una ley que penalice el aborto resultará, como muchas otras en un país tan desigual como el nuestro, un castigo a la pobreza. ¿Habrá panistas sensatos que entiendan esto?

Alonso de León, gobernante y cronista del Nuevo Reyno de León, daba cuenta de los ``particulares diluvios'' que de tiempo en tiempo se abatían sobre Monterrey, su capital. Uno de ellos, a principios del siglo XVII, la desapareció del sitio donde había sido edificada. Se la tuvo que erigir de nuevo en un lugar más alto. En 1909, otro de esos diluvios provocó que cinco mil almas murieran ahogadas en las encrespadas aguas del río Santa Catarina. A ésa se sucedieron otras destructoras crecidas de ríos y arroyos en este siglo con saldo de varias decenas de víctimas. En 1988, el huracán Gilberto produjo un saldo más terrible: alrededor de 200 víctimas, 40 mil damnificados y daños materiales por 150 mil millones de pesos. Víctimas y daños pudieron ser menos si las obras de drenaje y los mecanismos de protección civil hubieran estado a la altura de la ciudad.

Veinte años atrás, el gobierno del estado había contratado a la Tecsult International Limited, una empresa canadiense, para evaluar el drenaje. Sus conclusiones fueron las mismas a las que habían llegado los ingenieros de la localidad: se requería de un tratamiento global al drenaje para resolver sus fallas. Sobre la Tecsult decía un opinante anónimo: ``Se llevaron de nosotros la impresión de que esta ciudad, con un millón de habitantes, con medio siglo de estar formando ingenieros y un Tecnológico con un cuarto de siglo en la misma tarea, no haya podido aún dar a luz a un ingeniero capaz de resolver nuestros problemas de drenaje pluvial''.

Hace dos semanas cayó una tormenta en el área metropolitana de Monterrey. Veinte muertos, otros tantos desaparecidos, decenas de lesionados, tres mil afectados y cuantiosos daños materiales. La historia se repitió como si antes nunca hubiera pasado nada. Los gobiernos, en este caso el de Fernando Canales surgido de la oposición panista, parecen querer afirmarse partiendo de cero. En 1988, casi al momento de enfrentar la furia del Gilberto, el gobierno de Jorge Treviño culminaba la elaboración de un documento básico: el Plan Director de Desarrollo Urbano del Area Metropolitana de Monterrey. En el estudio se señalan las causas que dan pie a inundaciones y estancamientos: la obstrucción de los escurrimientos naturales y por asentamientos humanos, basura, desechos domésticos e industriales, azolves por diversas causas, mal diseño de la vialidad y ocupación de áreas no aptas para el desarrollo urbano, entre otras. Está vigente, y también entrecomillado por la incuria.