UNAM: Valadés por Barnés. El ex procurador general de la República Diego Valadés Ríos, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se convirtió a mediados de esta semana en el más sólido aspirante al cargo de rector, que Francisco Barnés dejará libre en cuanto se lo exija el ``gobierno''. Valadés quedó sin competidores de peso cuando el pasado miércoles a la orilla del lago Lemans, en Suiza, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Salud (a quien se daba como favorito de Los Pinos para la torre de CU), fue nombrado titular de Onusida, el organismo de Naciones Unidas que atiende los estragos mundiales de la horrorosa pandemia.
Miembro del influyente grupo de burócratas y académicos universitarios que encabeza el ex rector, ex procurador, ex secretario de Gobernación y ex embajador de México en Francia, Jorge Carpizo, Valadés Ríos ha conversado ya con la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios, que habló asimismo con De la Fuente y otros presuntos rectorables.
Si tras la dimisión de Barnés el obsoleto mecanismo administrativo de la UNAM se inclinara por Valadés Ríos, éste cobraría al fin la vieja recompensa que el sistema le debe, por la faena del miércoles 23 de marzo de 1994 en Tijuana, cuando, como procurador general, se entrevistó a solas con Mario Aburto para iniciar ``el complot que el Estado organizó después del asesinato de Luis Donaldo Colosio'', como lo sostiene en su libro Ya vamos llegando a México el periodista Ciro Gómez Leyva.
Padrino de Chapa Bezanilla. A mediados del sexenio pasado, Valadés asumió la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en lugar de Jorge Carpizo, cuando éste pasó a la PGR. En enero de 1994, cuando Carpizo ascendió a la Secretaría de Gobernación, premiado así por no haber resuelto el asesinato del cardenal Posadas Ocampo (acribillado por el narco en Guadalajara, el 23 de mayo de 1993), Valadés lo sustituyó al frente de la PGR; empero, sólo permaneció allí algunos meses, y tuvo la suerte de renunciar antes del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
Durante la breve estancia de Valadés en el sillón principal de la Procuraduría capitalina, la historia registra un hecho imborrable: con el respaldo del actual aspirante a la rectoría nació Pablo Chapa Bezanilla. Al llegar a la PGJDF, Valadés lo designó director de Averiguaciones Previas, acatando una recomendación del propio Carpizo, que veía en el rubio abogado un detective con amplio porvenir.
Nadie puede negar que el entendimiento entre Chapa y Valadés fue óptimo, pues cuando éste se mudó a la PGR, aquél empacó sus efectos personales y lo siguió fielmente a la nueva oficina. Lo demás ya se sabe. Tejedor de sombras, creador de pistas falsas y dudas irresolubles en el caso Colosio, Valadés dejó la escena pública sin haber añadido una sola nota de prestigio a su figura.
Chapa Bezanilla, en cambio, hizo una carrera fulgurante en los bajos fondos de la ``justicia'', sobrevivió al sexenio de Salinas, fue investido de poderes excepcionales por el primer procurador panista que hemos tenido, y finalmente alcanzó la gloria como uno de los más notables engendros del hampa. Ahora, en testimonio de gratitud nacional por habernos legado a Chapa Bezanilla, el régimen se dispone a ceñir sobre las sienes de Diego Valadés Ríos el birrete de rector de la UNAM.
Banca Unión: ¿y las facturas? Aunque el asunto de Diego Valadés es una buena primicia, el equipo que hace Las Cabras, el joven semanario político de Tecamacharco, dedica su portada de esta semana, la del número tres, a un tema que muy pronto puede volverse explosivo.
Si el Presidente de la República modifica su actitud de intolerancia y al fin accede a entregar las facturas de Banca Unión que legalmente le exige la Cámara de Diputados, o por el contrario, si persiste en violar las leyes del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -creadas, por cierto, bajo su propio auspicio-, las consecuencias políticas podrían ser catastróficas.
En la primera hipótesis, si Zedillo manda los papeles de Banca Unión al recinto legislativo de San Lázaro, el auditor canadiense, Michael Mackey, congregará a su equipo de especialistas y desde luego procederá a revisarlos. Si en esos documentos aparecen los donativos que Carlos Cabal Peniche afirma que otorgó al PRI entre finales de 1993 y principios de 1994, por un monto de 47 millones de pesos, para financiar las campañas electorales de Colosio, Zedillo y Roberto Madrazo, en Los Pinos se abrirá, por necesidad, una primera vacante: la del vocero presidencial Fernando Lerdo de Tejada, quien en fecha reciente negó la existencia de aquellos fondos oscuros.
En la segunda hipótesis, si Zedillo se obstina en incumplir la ley y no suministra la información requerida por el Congreso antes del 18 de julio, la Cámara de Diputados no tendrá permiso ni derecho de autorizar que el resto de los bancos favorecidos por el ``rescate'' empiecen a canjear por dinero fresco los primeros bonos del Fopabroa. En consecuencia, los banqueros se pondrán histéricos, sobre todo porque a partir de junio el régimen los obligó a aumentar entre 50 y 60 por ciento el valor mensual de sus aportaciones al IPAB.
¿Blindaje viene de blind? Es falso, ahora todos lo sabemos -señala el editorial de Las Cabras-, que la economía mexicana esté ``blindada'', es decir, a salvo de un colapso financiero como el que vivimos en diciembre de 1994, cuando el peso se devaluó ciento por ciento y el régimen debía 10 mil millones de dólares a corto plazo, una cantidad que nos habría dejado en ceros en materia de reservas internacionales. Para evitar la repetición de un desastre semejante, según la Secretaría de Hacienda, el 15 de junio pasado el ``gobierno'' obtuvo un crédito por 23 mil 700 millones de dólares.
Sin embargo, de acuerdo con información del Banco de México, citada por Roberto González Amador en La Jornada del 27 de junio, en lo que resta de 1999 la administración de Zedillo deberá cubrir 12 mil 52 millones de dólares por concepto de pago de deuda externa a diversos organismos multilaterales y 3 mil 400 millones de dólares al FMI. Eso suma 15 mil 452 millones de papelitos verdes.
A lo largo del 2000, el régimen tendrá que amortizar 12 mil 600 millones de dólares más, con lo que la suma crece a 28 mil 52 millones, y esto se refiere tan sólo a deuda externa pública. La deuda externa privada -la de las empresas, sin incluir a los bancos- necesita 15 mil 900 millones de dólares en 1999 y 9 mil 120 millones en el 2000, lo que da un subtotal de 25 mil millones más, que agregados a los 28 mil de la deuda pública arrojan la cantidad de 53 mil 72 millones, más del doble de los 23 mil 700 millones del ``blindaje''.
Para acabar de complicar las cosas, un grupo de productores estadunidenses de petróleo ha demandado a México, Irak y Venezuela, acusándolos ante una corte federal de practicar ``competencia desleal'' al realizar sus exportaciones de crudo en condiciones que ellos consideran desventajosas. Si el proceso legal concede la razón a los quejosos, el gobierno del vil Clinton se vería forzado a imponer un arancel que iría de uno a dos dólares por cada barril de petróleo que nos compre, lo que sin duda rebajaría sensiblemente los beneficios que obtiene el país de su principal fuente de ingresos.
Con Zedillo acorralado por los misterios de Banca Unión, con una deuda pública que rebasa la capacidad de pago y con el riesgo, no inminente, de un descalabro en materia de dólares petroleros, el régimen se encamina hacia una doble crisis de fin de sexenio: la quiebra política del Presidente de la República (antes de haber ``resuelto'' la disputa dentro del PRI entre Labastida y el salinismo), y al mismo tiempo, el fantasma de una nueva quiebra financiera en circunstancias de momento impredecibles.
Contra viento y marea. Para fortalecer la menguada credibilidad del Ejecutivo ante los misterios de Banca Unión, el régimen ha sometido a instituciones esenciales como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El IFE desechó por ``improcedente'' la denuncia del PRD que pretendía obtener una sentencia de castigo para obligar al PRI a revelar el monto total de los recursos que le fueron entregados durante las campañas de 1994É a través de Banca Unión. El Trife, en su turno, reconoció que la demanda perredista sí era ``procedente'', pero decidió no tomarla en cuenta por ``extemporánea'', recomendando, en todo caso, que sea la PGR la que averigüe y resuelva.
Los magistrados olvidan que la demanda penal está en la PGR desde mayo de 1995, cuando Andrés Manuel López Obrador presentó una montaña de cajas repletas de notas, facturas, órdenes de compra y respaldo de cheques, que son documentos originales de la Secretaría de Finanzas del PRI tabasqueño y dan cuenta de gastos de campaña ejecutados por un total de 72 millones de dólares.
¿Cabe esperar que, ahora sí, la PGR inicie las investigaciones que ha postergado durante más de cuatro años? Por supuesto que no. El régimen no tiene la menor intención de revelar tales secretos y, al contrario, se apresura a cancelar una reforma electoral que preveía mecanismos de control más estrictos, concebidos con el fin de evitar que en las elecciones del 2000, como ocurrió en el 94, el narcotráfico y los multimillonarios ``amigos del sistema'' financien a los candidatos del partido de Estado.
Al abortar la sesión del Senado que, el jueves primero, iba a convertir en ley federal esos nuevos preceptos, el PRI y el ``gobierno'' no sólo demostraron que sienten pánico por el asunto de Banca Unión, sino que están dispuestos a retroceder, hasta donde sea necesario, con tal de garantizar una impunidad, plena y absoluta, a quienes actuaron en connivencia con personas que hoy son consideradas, con toda razón, peligrosos delincuentes.
¡Aguas frescas! Este es el complejo, arduo y escabroso panorama que los estudiantes de la UNAM deberán contemplar con mucha atención desde sus trincheras de huelga. Dentro del movimiento, el régimen ha sabido usar a la ultra para forzar la evolución del proceso y llevarlo a posiciones inmanejables; sin embargo, tanto los ultras de hueso colorado -que responden a su peculiar concepción de la política y actúan como chivos en cristalería nada más porque son primitivos y rudimentarios, no porque necesariamente sean títeres del ``gobierno''-, como las corrientes ``radicales moderadas'' han convergido, ¡por fin!, en acuerdos políticamente viables. Deberán, pese a todo, mantenerse muy atentos, porque no falta mucho para que los tiburones del sistema los coloquen en el centro de un estallido de violencia, que sería una cortina de humo excelente para ocultar el escándalo que provocarán los misterios de Banca Unión.