Un grupo de empresas petroleras de Estados Unidos inició un juicio antidumping contra las exportaciones petroleras mexicanas, de Venezuela, Arabia Saudita e Iraq. La demanda está llena de absurdos.

Se supone que el dumping se basa en vender muy barato, por abajo del costo de producción, un producto para lograr el control de un mercado. Es público que si los principales exportadores de petróleo se han "confabulado" para algo, es precisamente para "subir" los precios del crudo, no para bajarlos. Es más, como resultado de esta concertación de esfuerzos, el valor del energético ha subido más de 50 por ciento desde febrero, en beneficio, incluso, de las compañías petroleras acusadoras.

Los absurdos no terminan ahí. Se asume en la demanda que en México el gobierno subsidia la producción de crudo. Todo lo contrario. Sobre la base del valor del petróleo extraido a precios internacionales, deduciendo sólo los gastos inmediatos en los pozos y campos de los que fue sacado, se cobran a Pemex: derecho sobre la extracción, 52.3 por ciento; derecho extraordinario sobre la extracción, 25.5 por ciento, y derecho adicional sobre la extracción, 1.1 por ciento. Además, por el ingreso derivado de cualquier precio superior a 9.25 dólares por barril, que ahora son como 5 dólares de los 14 a los que ahora se vende, otro 39.2 por ciento. Para ese precio aproximado actual, el cobro fiscal es poco más de 92 por ciento del valor de las ventas petroleras. Esto, en cuanto a extracción del crudo. Además, Pemex debe pagar, o Hacienda le retiene, 60.8 por ciento sobre las ventas de refinados, gas y petroquímicos; 35 por ciento de impuesto a los rendimientos petroleros, además del impuesto especial a productos y servicios (IEPS), IVA, impuestos a la importación y exportación y los demás gravámenes que paga cualquier empresa. Como resultado de esto y en el escenario de precios bajos de 1998, el monto pagado por Pemex al fisco representó 107.5 por ciento de su rendimiento antes de impuestos, lo cual llevó a la paraestatal a endeudarse más de la cuenta.

ƑCuál de las empresas demandantes aguantaría un régimen fiscal así? Es evidente que no sólo no se subsidia a Pemex, sino que se le usa para sostener al fisco y, por esa vía, para financiar operaciones financieras exentas, esas sí, de impuestos; para rescatar bancos, y para muchas otras cosas. Pero, claro, las empresas demandantes requieren que se cobre a las ventas petroleras mexicanas al vecino país impuestos compensatorios por 33.37 por ciento; 84.37 por ciento a Arabia, 102.61 a Iraq y 177.2 por ciento a Venezuela. Además, a todos, un arancel por subsidios de 6.18 dólares por barril. Las de estos 4 países suman 53 por ciento de las importaciones de crudo a Estados Unidos.

ƑCuál sería el resultado de todo esto? Para México, claro, un desplome en los volúmenes de exportación petrolera, pero eso tal vez no les preocupe demasiado del otro lado de la frontera. En Estados Unidos, el resultado sería un fuerte aumento en los costos internos del crudo y de la energía en general, no sólo en términos absolutos, sino en comparación con los costos de sus principales competidores: Europa y Japón. Significaría también una elevación en los ritmos de aumento de los precios. Estos dos últimos elementos son, allá, causas de recesión. Todo para que algunas compañías petroleras, que de por sí están haciendo negocio con el esfuerzo ajeno para recuperar los precios del petróleo, hagan un negociote sin invertir en petróleo, sólo en los honorarios de sus abogados y tal vez en campañas de publicidad y otros medios de presión sobre las autoridades que tendrán que decidir.

Con todo esto, está bien justificado el anuncio que difiere la entrada en vigor de la suspensión del impuesto de 4 por ciento a las importaciones de gas natural a México mientras no se elimine esta amenaza. Es más, aun si se elimina, lo menos que pueden hacer las autoridades, antes de suspender ese impuesto, es informar al público mexicano por qué y a cambio de qué se toma esta medida.