El Correo Ilustrado

La Jornada lunes 5 de julio de 1999

Propone que interceda la UNESCO en el conflicto universitario

Señora directora: Ante las circunstancias que vive la UNAM, las preocupantes declaraciones del Poder Ejecutivo federal, la inadmisible opinión del presidente de la Coparmex y las inaceptables condiciones que impone el rector Francisco Barnés de Castro a través de la Comisión de Encuentro al CGH para obtener el diálogo universitario, cabe preguntarse: Ƒcuál es realmente el propósito de las autoridades, resolver el problema o, por el contrario, alentarlo y profundizarlo más?

El rector señaló que estaba preparado para una huelga estudiantil larga, lo que demuestra por qué a 77 días no se ha presentado en ningún momento una propuesta viable y factible para avanzar hacia la solución del conflicto, que él mismo ocasionó al imponer la reforma del Reglamento General de Pagos el 15 de marzo del año en curso, sin tomar en cuenta la opinión de alumnos, maestros investigadores y trabajadores administrativos.

Hoy me permito recordar que los estudiantes deseaban evitar que dicho reglamento fuera aprobado por el Consejo Universitario, consideraban necesario discutirlo; sin embargo, se impuso más por fuerza de la autoridad que por la razón, el convencimiento y la concertación entre universitarios. Por ello hago un nuevo llamado al rector para que sea sensible y haga una propuesta seria y responsable al CGH para que éste a su vez actúe con la misma congruencia.

Manifiesto a la comunidad universitaria, a la nacional e internacional, la necesidad urgente de que intervenga una comisión imparcial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de coadyuvar a la solución del conflicto, al fungir como intermediario, y acordar el encuentro entre el CGH y la rectoría de la UNAM, así como iniciar un proceso de diálogo para la solución del conflicto.

Un Estado que se digne ser civilizado y democrático, nunca utilizará la fuerza y la represión como medio que permita dirimir controversias.

Por el contrario, y para no lamentar sucesos tan indignantes como el genocidio del 2 de octubre de 1968, reiteramos que la única vía para la solución del conflicto universitario es siempre la razón, la inteligencia y un diálogo franco y genuino.

Suscribo lo anterior como mexicano y universitario preocupado por los destinos de nuestra alma mater, pero además por los últimos acontecimientos, como el fallido intento de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, y las condiciones que interponen las autoridades universitarias para arribar al primer encuentro que establezca formato, agenda, mecanismos y tiempos del diálogo.

Carlos Rey Espinosa Salgado, consejero universitario del sector administrativo


Consideran equivocada resolución judicial

Señora directora: El 7 de junio de 1998 asesinaron de cuatro balazos a nuestro familiar Gabriel Pérez Reyes. Ha sido un año muy difícil para nosotros, ya que debimos dar seguimiento a un proceso legal con múltiples errores en la averiguación previa, declaraciones, testigos, audiencias, careos, sentencias y apelaciones, y en el cual finalmente se nos informó: "para nosotros está concluido".

No obstante, queremos decir a los magistrados de la sala penal 16 del Tribunal Superior de Justicia que se equivocaron en su resolución. Este es un resumen de los hechos:

A las 19:30 horas del día mencionado avisaron a Gabriel, quien tenía problemas con su vecino apodado El Oso (procesado), que éste se encontraba en una pozolería -ubicada a unos 350 metros de la casa-, por lo que nuestro familiar lo fue a buscar con la intención de hablar; no fue posible, pues en cuanto entró al local El Oso lo recibió a balazos; como mínimo hizo siete disparos con una pistola automática calibre .45, de los que el occiso recibió cuatro. El atacante salió corriendo, pero una persona lo alcanzó y le dio un balazo por la espalda. En tanto, un amigo de Gabriel que presenció lo sucedido se llevó a éste a un hospital.

Demostrarlo es difícil porque, como siempre ocurre en este tipo de sucesos, entre los presentes nadie vio ni oyó nada; la única persona que se presentó a declarar fue precisamente el amigo de Gabriel. Sin embargo, para los magistrados su declaración no es válida porque se presentó dos días más tarde (después del entierro) y, supuestamente, ese tiempo es suficiente para que hubiera recibido una preparación y aleccionamiento destinados a perjudicar al procesado.

Para la magistrada ponente, Sara Patricia Orea Ochoa, la persona que disparó a El Oso fue Gabriel porque nada le dice que éste no haya disparado antes de recibir los cuatro balazos. Este argumento se contradice con el testimonio del propio procesado, el cual dice: "Salí corriendo (de la pozolería) y me tropiezo al salir, no me caí y sigo corriendo y cuando casi estoy a punto de llegar a la próxima esquina escucho nuevamente balazos, sintiendo que uno de ellos me da en la espalda, y yo sin voltear seguí corriendo llegando a la panadería Iciar, entrando con el panadero pidiéndole auxilio, que por favor cerrara la puerta porque me venían correteando para matarme".

Además, en el expediente hay un documento en el cual El Oso solicita se investigue quién fue la persona que le disparó y da como plazo tres meses. Lo más increíble es que el procesado no acusa a Gabriel de haberle disparado, pero los magistrados sí.

Estamos de acuerdo en que los magistrados de la sala revisora señalen los múltiples errores en la averiguación previa, pero no podemos estar conformes con que digan que nuestro familiar disparó a su atacante y cataloguen este proceso como homicidio en riña en su carácter de provocado con ocho años de prisión, cuando realmente le corresponden 35 años por homicidio calificado.

Podrán afirmar que se actuó conforme a derecho pero, Ƒqué ley señala que cuando haya un herido y no se sepa quién le disparó se le deba echar la culpa al muerto?

Familia Pérez Reyes


Deploran desaparición y exigen se indague y castigue a responsables

Señora directora: El 10 de junio José Hidalgo Pérez, hermano del reconocido luchador social Manuel Hidalgo, fue sacado del local marcado con el número 132-A de la prolongación Insurgentes, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el pretexto de comprarle un vehículo de su propiedad. Esa acción fue realizada en su primer momento por un sujeto desconocido, alto, fornido y vestido con ropa negra. Vecinos y amigos de José localizaron el vehículo en perfectas condiciones, lo cual indica que el móvil no fue su robo o desvalijamiento. El 25 de junio, las autoridades judiciales presentaron a la familia Hidalgo un cráneo y cinco huesos que supuestamente pertenecen a José Hidalgo.

Es por todos conocidos que la familia Hidalgo Pérez mantiene una trayectoria de defensa de los derechos humanos y de la paz en Chiapas, por lo cual ha sido hostigada y ha recibido amenazas en diferentes momentos.

La desaparición de José Hidalgo se produce en un contexto en que la serie de arrestos, incursiones del Ejército en diversas comunidades y el hallazgo de otros cuerpos de indígenas asesinados y torturados muestran el clima de terror y violencia que se vive en Chiapas, auspiciado por el gobernador Albores y la indiferencia de Diódoro Carrasco, secretario de Gobernación. Todo ello nos preocupa e indigna profundamente.

Exigimos a las autoridades competentes que tomen cartas inmediatas en el asunto, se otorguen a la familia Hidalgo las facilidades necesarias para que pueda identificarse plenamente el cadáver y se lleve a cabo la investigación correspondiente que permita encontrar y castigar a los responsables de tan repugnante acto.

Ana María Aragonés, Alberto Betancourt y Margarita González de León, Red Ciudadana de Apoyo a la Causa Zapatista


Invitan a cinturón de paz en instalaciones de la UNAM

Señora directora: Convocamos a la sociedad civil, las organizaciones sociales, los académicos, los estudiantes y los padres de familia a formar un cinturón de paz alrededor de las instalaciones universitarias. La cita es este miércoles 7 de julio a las 5 de la tarde, frente a la torre de rectoría, vestidos de blanco, en rechazo al uso de la fuerza pública como medida para la solución del conflicto universitario.

El proceso de diálogo debe comenzar a la brevedad y los estudiantes han hecho grandes esfuerzos para entablarlo. Las autoridades han obstaculizado en diferentes ocasiones ese proceso de argumentación y discusión de cara al país, y en estos días colocan un ultimátum para la entrega de instalaciones el 7 de julio. Evitemos que la violencia entre a nuestra máxima casa de estudios, para que puedan generarse los consensos y la universidad mañana permanezca abierta para todos.

Consejo Independiente Universitario. Daniel Barrón, Lizette Jacinto, Alejandro Valderrama, Daniel Durini, Sergio Méndez Silva y Marcela Núñez