En cada una de las contiendas electorales estatales realizadas después del triunfo del PRD en el Distrito Federal se ha puesto en marcha la maquinaria estatal al servicio de los candidatos del PRI: en todos los casos, con recursos legales e ilegales, se ha conseguido el voto de alrededor de 40 por ciento del electorado. Esta es la capacidad de compra, manipulación y convencimiento del partido oficial.

Frente a ello, la oposición ha logrado ganar cuando hay una sola opción viable, ya sea porque no existe presencia del otro partido opositor o bien porque se logró construir una alianza. En los otros casos, aunque la presencia pueda ser muy pequeña, si la oposición lucha dividida se incrementan las posibilidades de que el partido de Estado conserve el gobierno.

El PAN y el PRD, aun con los pequeños partidos que puedan sumar, separados difícilmente lograrán una votación mayor a 40 por ciento, lo que favorecerá al PRI y potenciará sus posibilidades. Si se acepta que el principal enemigo de la democracia en este país es el aparato de poder y su partido, que opera elecciones de Estado en las que se utilizan todos los recursos para evitar el triunfo opositor, se tiene que reconocer que la construcción de una alianza es necesaria para que todas las fuerzas a favor de la democracia puedan iniciar el desmantelamiento del partido de Estado.

Se trataría de una alianza que se propusiera un programa claro, con compromisos explícitos, con el denominador común de que el triunfo electoral permitiría el surgimiento de un gobierno de transición a la democracia, pero ciertamente no sólo a la democracia política, sino también a la económica. Para ello es necesario examinar desde ahora los temas centrales de la agenda económica para encontrar los acuerdos y desacuerdos, así como la manera de procesarlos con el fin de establecer el programa económico del gobierno de transición.

Entre los temas fundamentales están las finanzas públicas, la política laboral, estabilidad económica y política monetaria, crecimiento, empleo y aumento del salario real, movimiento de capitales, tratados comerciales y competitividad; privatizaciones, reforma del sistema financiero y política agraria. En cada uno de estos temas están involucrados diferentes aspectos, sobre los cuales se requiere precisar las líneas de política y las metas comprometidas; es necesario, además, el establecimiento de ciertas definiciones centrales para el diseño de la política económica. Por ejemplo: ¿en el nuevo gobierno se mantendrá el propósito del equilibrio fiscal? ¿La política antiinflacionaria seguirá hasta alcanzar niveles de un dígito? ¿Se aceptará el movimiento de capitales en los términos actuales? ¿Se buscará reabrir el TLC y acelerar el tratado con la Unión Europea, aceptando sus propuestas de desgravación más rápida? ¿El gobierno consultará a la nación asuntos como las privatizaciones eléctrica o petrolera? ¿La banca de desarrollo deberá permanecer en el segundo piso?

Aceptando que el equilibrio fiscal sea una meta firme, es indudable que se requiere urgentemente una reforma tributaria que permita fortalecer los ingresos públicos, al tiempo que se reduzca el peso de los ingresos petroleros. México tiene el nivel más bajo de ingresos tributarios respecto del PIB entre los países miembros de la OCDE. El nuevo gobierno tendrá que reforzar su capacidad recaudatoria y corregir las desigualdades, lo que puede realizarse a partir de la lucha contra la corrupción y empatando los nuevos ingresos con gastos sociales perfectamente definidos. Con mayores ingresos será posible incrementar el gasto público en áreas como la educación media superior y superior, en la lucha contra la pobreza y en el mejoramiento de los servicios públicos --particularmente en salud--, sin que el gobierno presente situaciones deficitarias que pudieran resultar inconvenientes. De esta manera, el gobierno de transición, con la autoridad que le confiere el voto auténtico de los mexicanos que están a favor del cambio democrático, propondría establecer un gravamen mayor para los altos ingresos, al tiempo que se reforzarían los mecanismos de control, acompañados de impuestos al patrimonio inmobiliario; ello permitiría corregir con gasto público no inflacionario los perjuicios provocados por el libre accionar del mercado.

Los cambios que pudieran provocarse con políticas como ésta son trascendentes, en beneficio de la población de menores ingresos, y apuntan a mejorar el funcionamiento del gobierno en un sentido social. Esto sería verdaderamente una propuesta diferente, que se orientaría a establecer un nuevo marco de funcionamiento económico. De los otros temas nos ocuparemos en la próxima entrega.