BANCO UNION: INFORMACION INDISPENSABLE
La determinación tomada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de no entregar a los auditores del Fobaproa, encabezados por el canadiense Michael MacKey, toda la documentación sobre los fideicomisos de Banco Unión ha levantado una sombra de sospecha sobre la imparcialidad de las autoridades hacendarias, y ha puesto en duda la utilidad de las auditorías realizadas a las operaciones de rescate de las instituciones financieras del país.
En primer lugar, debe señalarse que la procedencia de utilizar el secreto bancario como argumento para ocultar información a la Cámara de Diputados resulta dudosa, máxime cuando entre las irregularidades que se busca investigar figuran las presuntas aportaciones ilícitas realizadas por Banco Unión a las campañas electorales priístas de 1994. El secreto bancario constituye una garantía para los ahorradores e inversionistas, pero no puede entenderse como un instrumento de impunidad ni como una barrera para frenar el esclarecimiento de presuntos actos delictivos realizados al interior de las instituciones financieras.
Además, sorprende la parcialidad con la que la Secretaría de Hacienda invoca el secreto bancario para no revelar la información relativa a los fideicomisos de Banco Unión, pues los auditores designados por la Cámara de Diputados para investigar las operaciones del Fobaproa no tuvieron obstáculos para consultar los documentos relativos a otras instituciones de crédito. Por ello, resulta sospechoso e inquietante que justamente cuando se trata de investigar presuntas operaciones bancarias irregulares, cuyo beneficiario habría sido el partido oficial, se obstaculice de manera sistemática el acceso a la información que habría de esclarecer tal circunstancia.
En ese contexto, las afirmaciones vertidas por funcionarios de Hacienda y por legisladores priístas, en el sentido de que el afán por conocer los informes sobre los fideicomisos del banco que fuera propiedad de Carlos Cabal Peniche tiene "tintes políticos", resultan equívocas, pues -justamente- la falta de acceso a la documentación respectiva es lo que le ha conferido implicaciones políticas a esta polémica.
Finalmente, es claro que si la auditoría ordenada por el Congreso de la Unión, cuyo millonario costo se sufraga con recursos de los contribuyentes, no puede llegar al fondo de su materia de investigación -así se trate de hechos aislados o de montos proporcionalmente reducidos en comparación al total de la cartera del Fobaproa-, ni puede identificar con claridad las características, los responsables y los beneficiarios de las irregularidades y los posibles delitos cometidos, su utilidad y su credibilidad jurídica y moral se encuentran severamente mermadas.
Mientras el Ejecutivo federal no cumpla con la exigencia de la Cámara de Diputados en torno a Banco Unión y en tanto no se esclarezcan y, en su caso, se sancionen en su totalidad los malos manejos y los posibles ilícitos perpetrados en las instituciones financieras rescatadas por el Estado, el agravio inherente a la canalización de vastos recursos fiscales para sostener a unos pocos, cuando millones de mexicanos sobreviven en la miseria y el desamparo, permanecerá vigente, y no podrá establecerse un verdadero estado de derecho y una sólida institucionalidad democrática en México.