n Hubo 14 sesiones y más de 200 oradores


En 87, el diálogo CEU-rectoría, un mosaico de recriminaciones

n El Congreso Universitario fue la manzana de la discordia

María Esther Ibarra /II n Tras la tregua de las vacaciones de diciembre, el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y la Comisión de Rectoría iniciaron -6 de enero de 1987- el diálogo público en el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras: Justo Sierra, para las autoridades, Che Guevara, para los estudiantes. Considerado un hecho inédito en la historia reciente de la UNAM, la negociación resultó sin embargo un intercambio de acusaciones y recriminaciones mutuas que entrampó aún más a ambas partes.

Con una gran asistencia -mayoritariamente de estudiantes a favor del CEU-, los debates fueron largos e inicialmente cada una de las partes se aferraba a su posición. El Consejo Estudiantil Universitario mantenía su demanda de derogar los tres reglamentos impugnados (Inscripciones, Pagos y Exámenes) y las autoridades sostenían que la reforma había sido producto de una amplia consulta a la comunidad.

Del 6 al 29 de enero de 1987, hubo catorce sesiones, casi 200 intervenciones y cerca de 50 horas de diálogo sin ningún acuerdo. En el curso de las conversaciones, las dos partes usaron un lenguaje duro. El CEU señaló errores a los miembros de la Comisión de Rectoría y, en más de una ocasión, exhibió a los funcionarios universitarios, arrancando aplausos del numeroso público estudiantil.

Ante sofismas de la rectoría, como ''que los estudiantes estudien y los profesores enseñen'', la respuesta ''que los funcionarios funcionen'', en voz de la joven preparatoriana Andrea González, provocaba que los representantes del rector perdieran la compostura.

Para el diálogo público, cada una de las partes nombró una comisión de diez representantes y, respectivamente, un grupo de asesores. Por los estudiantes estuvieron: Carlos Imaz (Ciencias Políticas), actual líder capitalino del Partido de la Revolución Democrática; Antonio Santos (Filosofía y Letras); Imanol Ordorika y Guadalupe Carrasco La Pita (Ciencias). Esta última es actualmente académica de esta facultad; Luis Alberto Alvarado (ENEP-Acatlán); Oscar Moreno (CCH-Azcapotzalco); Andrea González (Preparatoria 4). Ambos actuales funcionarios del gobierno capitalino; Héctor Miguel Salinas (CCH-Oriente); Leyla Méndez (Preparatoria 5), y Antonio González o Antonio Ríos Romero (CCH Popular 6).

Por las autoridades universitarias: José Narro Robles (secretario general), ahora funcionario del sector salud; Carlos Barros Horcasitas (secretario de la rectoría); Mario Ruiz Massieu (director de Planeación, quien representaba el ala dura de la comisión). A la fecha, permanece en arresto domiciliario en Estados Unidos acusado de diversos delitos presuntamente relacionados con el narcotráfico e involucrado en la controvertida investigación del asesinato de su hermano José Francisco Ruiz Massieu; dos profesores de la Facultad de Derecho considerados representantes de la derecha universitaria: José Dávalos Morales, amigo y hombre de toda la confianza de Carpizo, y Raúl Carrancá y Rivas; Fernando Curiel (coordinador de Difusión Cultural); José Sarukhán Kermez (director del Instituto de Biología), a la postre rector de la UNAM por dos periodos y quien también fracasó en su intento de incrementar las cuotas; Humberto Muñoz (director de Proyectos Académicos), quien funge ahora como coordinador de Humanidades, y Ernesto Velasco (director de la Facultad de Arquitectura).

El primer día de negociaciones, el CEU demandó reiteradamente a las autoridades universitarias la definición de su proyecto de universidad o el que conduciría a la reforma. La rectoría respondió que un proyecto no se podía definir como un todo o algo acabado. Y prácticamente la discusión quedó empantanada.

En el siguiente, se analizó el Reglamento de Inscripciones. El Consejo Estudiantil Universitario lo calificó como el paso inicial para acabar con la universidad de masas, como ''un propósito del gobierno para no seguir financiando la educación superior''. Acusó a la rectoría de responder a los lineamientos del Proides, en el que se recomendaba eliminar el pase automático y reducir la matrícula para hacer más eficaz la educación. Los comisionados del entonces rector Jorge Carpizo rechazaron los argumentos y aseguraron que el reglamento tenía el único objetivo de aceptar a ''los más capacitados y preparados''.

La tercera sesión fue para analizar el Reglamento de Exámenes, pero el CEU tampoco cedió. La reunión subió de tono al intervenir Gastón García Cantú, asesor de la Comisión de Rectoría, quien acusó al Consejo de ''intransigente'' y de actitudes ''coercitivas'' por su amago de huelga. Imaz se ganó el aplauso al refutarle que se sentara a dialogar con ''agitadores y seudoestudiantes'', como los llamó el historiador en un artículo periodístico. ''šDuro contra ese traidor!'', se escuchó en el Che Guevara.

El viernes 9, se cerró la primera ronda del diálogo con el debate sobre el Reglamento General de Pagos, el más espinoso del conflicto y que derivó en polémico tema sobre el financiamiento gubernamental a la educación superior. Aunque con similares argumentos, pero con opuestos caminos de solución, las autoridades universitarias y el CEU coincidieron en que el problema eran los exiguos recursos a la institución. El organismo estudiantil propuso a la rectoría que, junto con la comunidad universitaria, exigiera al gobierno un aumento de 100 por ciento al presupuesto universitario. Los representantes del rector hicieron mutis a la propuesta y pidieron un receso de un día para elaborar una contrapropuesta.

Acorraladas o no, sorpresivamente las autoridades de la UNAM comenzaron a retroceder. El domingo 11 de enero -en un desplegado publicado en La Jornada- ofrecieron al CEU un paquete de diez puntos, donde argumentaron: ''El conflicto que actualmente vivimos... ha llegado a un punto en que es preciso reconstruir los pasos de las partes en pugna. Por todo eso, proponemos un Congreso General Universitario y la derogación de las reformas''. La Comisión de Rectoría pidió que se analizara la propuesta y, de aceptarse, se sometería para su aprobación al Consejo Universitario.

Ese mismo día el CEU rechazó el ofrecimiento, pues se excluía el carácter resolutivo del congreso, y acordó reanudar sus movilizaciones, marchas, mítines y una serie de acciones con otros organismos estudiantiles. El lunes 12, en una concentración en la explanada de rectoría, anunció su decisión de hacer efectiva la huelga el jueves 29 de enero.

El diálogo se reanudó el viernes 16, con una sorpresa para el CEU. Los representantes del rector Carpizo modificaron el sentido del paquete. No hablaban ya de realizar un congreso -''sólo el Consejo Universitario está facultado para tomar decisiones de ese tipo'', dijo Narro- sino de un foro de análisis y discusión en el que participaría toda la comunidad y las decisiones se someterían a consideración del Consejo Universitario.

De ''poca seriedad'' calificó el Consejo Estudiantil Universitario la reunión y en voz de Imanol Ordorika anunció que se retiraba de las negociaciones.

Eran las 12:15 horas. José Narro Robles gritó: ''šQue quede constancia de dónde está la intransigencia y dónde la UNAM!''. Enseguida, el resto de la Comisión de Rectoría lanzó el tradicional goya universitario, aceptando tácitamente el rompimiento de las pláticas.

De este modo, las dos partes encajonaron el conflicto por su desacuerdo sobre cómo discutir la reforma: el CEU pedía que fuera a través de un Congreso Universitario Resolutivo y la rectoría que lo aprobara y sancionara el Consejo Universitario.